PL/000003-6

Enmiendas a la Totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara al Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria.

Enmienda a la Totalidad, con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU).

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 22 de junio de 2012, ha admitido a trámite la Enmienda a la Totalidad con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU) al Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria, PL/000003.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, a instancia de D. José María González Suárez, Procurador de IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria, publicado en el BOCCyL, n.º 58, de 18 de enero de 2012.

Este proyecto de Ley es rechazable por las siguientes razones:

La antidemocrática reforma del artículo 135 de la Constitución española llevada a cabo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero hecha en septiembre de 2011 impuso con su máximo nivel normativo la limitación a las finanzas públicas, cerrando así al Estado su legítima capacidad de impulsar la economía y desarrollar el Estado social. En esa reforma se establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, poniendo a ese pago por encima de la justicia y de la igualdad que defiende el artículo 1.1 de la Constitución Española.

Esta reforma constitucional, llevada a cabo sin consulta popular, constriñe la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de la Comunidad autónoma de Castilla y León, que establece el artículo 156 de la Constitución, al tiempo que impone a las Corporaciones locales un nuevo sistema de financiación todavía más injusto que el que estaba vigente.

El proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria, PL/000003, de 18 de enero de 2012, viene a repetir lo que ya ha establecido la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, duplicidad que carece por completo de razón de ser, es un despropósito legislativo y sólo tiene sentido como gesto político de acatamiento servil, de los gobiernos nacional y autonómico, a las imposiciones de las políticas neoliberales que dominan la Unión Europea, con su marcado sesgo antisocial y antidemocrático.

Limitar el nivel del gasto público al índice de variación del PIB nominal, justo en medio de una depresión económica internacional, cuyas consecuencias se anuncian como de muy larga duración, es contribuir a empobrecer a niveles intolerables a la mayoría de la población de nuestra Comunidad, a desmontar las políticas sociales, a negar los derechos básicos a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación a los castellanos y leoneses en los próximos años.

Se trata de una operación política perfectamente calculada para acabar con el Estado social que distingue a las naciones de la Unión Europea, llevando a las mismas a situaciones propias del siglo XIX.

Con este proyecto de ley se abandona voluntariamente toda política para sostener la demanda agregada, la actividad económica y el empleo. Buscar un severo ajuste presupuestario ha demostrado ya que sólo nos conduce hacia una más profunda recesión. Esta política derivada del Diktat de Berlín está ya siendo contestada en muchos países miembros y en particular por el nuevo gobierno de Francia. “Tranquilizar a los inversores”, esto es, contentar a los especuladores de la deuda pública, sólo conlleva a una más rápida caída en la ruina, como lo demuestra cada día la situación financiera de la mayoría de los países de la UE.

La deuda pública de Castilla y León creció el año pasado, pero representa el 9,4 % del PIB de la Comunidad, por debajo de la media de las CC. AA., y demuestra que el verdadero problema es la deuda privada, aquella creada por particulares y, sobre todo, la banca. Nuestras ratios de endeudamiento nacional y autonómico están muy por debajo del promedio europeo. Además, las ayudas a la banca, como la última realizada a favor de Bankia, colaboran en el aumento de esta deuda pública, así como el apoyo financiero prestado a las empresas.

Mientras que los estímulos fiscales y financieros temporales, junto con la actuación de los estabilizadores automáticos tienen un carácter cíclico y no tienen un impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo al ir corrigiendo su efecto a medida que la economía se recupera, el impacto fiscal que produce el apoyo al sector bancario o la pérdida de ingresos ligada al pinchazo de la burbuja inmobiliaria sí tienen un carácter estructural y duradero.

Desde el año 2008 se ha producido una brutal caída de la recaudación tributaria, de manera que la presión fiscal apenas llega al 30 % del PIB a nivel nacional, lo que tiene consecuencias inmediatas en los ingresos fiscales de Castilla y León, dada la casi absoluta dependencia que tenemos de la Administración Central. Se han dado medidas discrecionales en materia de ingresos, se ha dado un retroceso a la ya de por sí escasa progresividad del sistema tributario, se han dado y se dan deficiencias de gestión y en la lucha contra el fraude, a lo que se une el impacto de la brusca desaparición de bases fiscales ligadas a la burbuja inmobiliaria, y el coste de las sucesivas reformas desfiscalizadoras en los impuestos directos, adoptadas al calor del ciclo económico favorable, que ahora pasan su elevada factura. Se puede calcular a día de hoy que ha habido en España un recorte de la recaudación superior a los 30.000 millones de euros anuales.

El impacto pernicioso de un recorte en servicios sociales es superior al de un aumento de los impuestos directos, porque el gasto público tiene un efecto más directo sobre la demanda agregada, mientras que si la subida impositiva afecta a los contribuyentes de mayor capacidad económica, con una propensión a consumir menor en términos relativos, los efectos negativos sobre la demanda son menores.

En todo caso, tanto la reforma del texto constitucional como su desarrollo a través de este Proyecto de Ley son por entero innecesarios puesto que hay instrumentos legales suficientes para fijar unos límites razonables al déficit y la deuda. Se trata de medidas reiterativas que ponen en evidencia la intencionalidad ideológica que las mueve. Aún más, estos controles del déficit público se encuentran en el Tratado de la Unión Europea, así como en el Tratado de Lisboa, en cuyo artículo 126.2 se impone los límites de un 3 % del PIB de déficit y un 60 % del PIB en deuda pública.

Tampoco aclara este Proyecto qué debemos entender por el principio de estabilidad presupuestaria. ¿Es la situación en la que las Administraciones Públicas no incurren en un déficit estructural? Si es así, el déficit estructural puede entenderse como el saldo presupuestario sin considerar los gastos e ingresos de carácter cíclico, y así puede también entenderse que con esta referencia se preserva en cierta medida la acción de los estabilizadores automáticos. Pero el verdadero problema es que el déficit estructural es una ESTIMACIÓN y tiene distintas metodologías para abordar su cálculo. Tanto la Unión Europea, como el FMI y la OCDE son los principales organismos que estiman este concepto y lo hacen con divergencias considerables entre sí. Por ejemplo, la Comisión Europea calculó para España, en 2010, un déficit estructural del 7 %, mientras que la OCDE presentó un cálculo del 5,2 %. En estas condiciones, ¿quién medirá el “déficit cero estructural? ¿Cuáles son las situaciones excepcionales que permitirán a la Comunidades Autónomas alcanzar el 0,4 % de déficit? ¿Qué sentido tiene la regla de gasto, que limita su crecimiento tomando como referencia la variación del PIB, en época de depresión económica? ¿Qué valor democrático tiene poner la prioridad absoluta de pago de la deuda pública sobre otros derechos constitucionales violados por la misma?

Toda esta larga y repetitiva lista de límites es arbitraria y carece de sentido desde el punto de vista macroeconómico, sobre todo porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo, tal y como ya está demostrado sobradamente en Castilla y León, sólo pueden ser negativos.

La situación creada, antes incluso de que este proyecto de ley entre en vigor, es de un déficit y una deuda disparados, alimentados por los rescates al sector privado (el último, ruinoso para España, el caso de Bankia), la falta de solvencia de la mayoría de Ayuntamientos, hacen que el intento de fijar la prioridad en los ajustes presupuestarios, sin abordar reformas de calado en los ingresos públicos, conduce a los recortes en el gasto social, al deterioro de los servicios públicos y a la amortización del empleo público.

Además de estos catastróficos efectos sobre el nivel de vida de los castellanos y leoneses, este proyecto de ley acata los claros intentos recentralizadores que dominan hoy en la política del gobierno central, con la amenaza de fuertes sanciones económicas para aquellas Administraciones que no cumplan con los objetivos presupuestarios, manejando dos varas de medir diferentes: la más dura contra las CC. AA. y los Ayuntamientos, y otra más laxa para Administración Central. Este es uno de los ataques más directos que se ha cometido contra la autonomía competencial de nuestra Comunidad, y abre el camino para seguir liquidando la descentralización administrativa y volver al Estado central exclusivo.

Aceptar este dictamen, es aceptar la vulneración de competencias propias en materia de autonomía presupuestaria. Es admitir que la Constitución Española puede ser pisoteada en buena parte de sus títulos. Es consentir que nuestro Estatuto de Autonomía se vea degradado a un papel mojado. Es reconocer, por parte de la Junta de Castilla y León que se ha hecho cesión de la soberanía política y del autogobierno en nuestra Comunidad Autónoma.

Este proyecto es seguidista de una doctrina de dogmatismo presupuestario dictada por un gobierno que defiende un Estado centralista en lugar de una España constitucionalmente autonómica. Una ley que impone, no el diálogo político, sino los instrumentos de control y de sanción, despreciando los principios básicos de la democracia. Un proyecto de ley que es un auténtico golpe de Estado contra la autonomía local, que establece a los ayuntamientos como gestores de servicios bajo la tutela estrecha del Estado, sin tener presente el principio de subsidiariedad y la capacidad organizativa y de servicios de los ayuntamientos.

Por último, tanto este proyecto, como su progenitor, la ley orgánica 2/2012, se presentan a toda prisa, aunque no será antes de 2020 cuando se deban cumplir los límites que las mismas fijan sobre el déficit estructural y el volumen de la deuda pública. Ello no obsta para que mientras tanto sus letales efectos sean ya evidentes en Castilla y León.

Como ya ocurrió con el golpe de Estado de la reforma del artículo 135 de la Constitución, en Castilla y León se tramita este proyecto de ley a la sombra de una Ley igual estatal, de manera injustificada.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto solicita la DEVOLUCIÓN del texto del Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 7 de junio de 2012.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José María González Suárez