PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000031, presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, instando a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de España que adopte las medidas oportunas para dotar una partida presupuestaria para sufragar el canon por préstamo bibliotecario, para colaborar en el pago de los derechos que tienen que llevar a cabo las entidades culturales, educativas y científicas, y para elaborar un plan de apoyo a las bibliotecas de los pequeños municipios en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:
ANTECEDENTES
Los poderes públicos tienen entre sus obligaciones, de acuerdo al artículo 33.1 de la Constitución en relación a la propiedad intelectual, la articulación de sistemas legales que permita a los autores ver debidamente retribuido su trabajo y, al tiempo, garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura.
Según la Trasposición de la Directiva 2006/15/CE, España, como los demás miembros de la Unión Europea, está obligada a implantar un canon que grava los préstamos bibliotecarios, incluyendo las bibliotecas municipales que son las más usadas en nuestro país.
Por ello, corresponde al Gobierno establecer la fórmula más idónea para armonizar el derecho legítimo de los autores con el derecho fundamental a la educación y la cultura.
La publicación en el BOE del pasado 1 de agosto de 2014 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, incluidas las bibliotecas municipales, no parece ser la fórmula que mejor consiga este objetivo, en tanto obliga a estas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público.
Este Real Decreto no tiene en cuenta la situación precaria de las bibliotecas públicas necesitadas de recursos y con graves dificultades hasta para mantener y conservar sus fondos e instalaciones, ni tampoco que las bibliotecas son un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad editora, y es que se ha determinado que el canon sea asumido por las administraciones públicas titulares de las bibliotecas, es decir las entidades locales, en un momento económico y presupuestario de especial dificultad para ellas.
Por ello, el Estado y las Comunidades Autónomas debieran incrementar las partidas específicas para hacer frente al canon por préstamo bibliotecario y alcanzar un compromiso con las entidades gestoras de los derechos de autores con la intención de destinar una parte de esos ingresos a funciones de carácter social (bolsas, asistencia...) y a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos dentro de los límites que se determinen.
Por todo ello se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de España a adoptar, en su caso, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas, las medidas oportunas para que:
1.º) Que el Gobierno dote una partida presupuestaria para sufragar el canon por préstamo bibliotecario y que, en todo caso, cubra la totalidad del canon en los municipios de menos de 50.000 habitantes.
2.º) Que el Gobierno colabore en el pago de derechos que tienen que llevar a cabo los museos, archivos, hemerotecas, fonotecas y filmotecas de titularidad pública, así como por parte de todas aquellas entidades culturales, educativas y científicas que se determinen.
3.º) Que se elabore un plan de apoyo, suficientemente dotado económicamente, a las bibliotecas de los pequeños municipios en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias".
Valladolid, 20 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000031-01
CVE="BOCCL-09-000103"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000031, presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, instando a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de España que adopte las medidas oportunas para dotar una partida presupuestaria para sufragar el canon por préstamo bibliotecario, para colaborar en el pago de los derechos que tienen que llevar a cabo las entidades culturales, educativas y científicas, y para elaborar un plan de apoyo a las bibliotecas de los pequeños municipios en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:
ANTECEDENTES
Los poderes públicos tienen entre sus obligaciones, de acuerdo al artículo 33.1 de la Constitución en relación a la propiedad intelectual, la articulación de sistemas legales que permita a los autores ver debidamente retribuido su trabajo y, al tiempo, garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura.
Según la Trasposición de la Directiva 2006/15/CE, España, como los demás miembros de la Unión Europea, está obligada a implantar un canon que grava los préstamos bibliotecarios, incluyendo las bibliotecas municipales que son las más usadas en nuestro país.
Por ello, corresponde al Gobierno establecer la fórmula más idónea para armonizar el derecho legítimo de los autores con el derecho fundamental a la educación y la cultura.
La publicación en el BOE del pasado 1 de agosto de 2014 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, incluidas las bibliotecas municipales, no parece ser la fórmula que mejor consiga este objetivo, en tanto obliga a estas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público.
Este Real Decreto no tiene en cuenta la situación precaria de las bibliotecas públicas necesitadas de recursos y con graves dificultades hasta para mantener y conservar sus fondos e instalaciones, ni tampoco que las bibliotecas son un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad editora, y es que se ha determinado que el canon sea asumido por las administraciones públicas titulares de las bibliotecas, es decir las entidades locales, en un momento económico y presupuestario de especial dificultad para ellas.
Por ello, el Estado y las Comunidades Autónomas debieran incrementar las partidas específicas para hacer frente al canon por préstamo bibliotecario y alcanzar un compromiso con las entidades gestoras de los derechos de autores con la intención de destinar una parte de esos ingresos a funciones de carácter social (bolsas, asistencia...) y a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos dentro de los límites que se determinen.
Por todo ello se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de España a adoptar, en su caso, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas, las medidas oportunas para que:
1.º) Que el Gobierno dote una partida presupuestaria para sufragar el canon por préstamo bibliotecario y que, en todo caso, cubra la totalidad del canon en los municipios de menos de 50.000 habitantes.
2.º) Que el Gobierno colabore en el pago de derechos que tienen que llevar a cabo los museos, archivos, hemerotecas, fonotecas y filmotecas de titularidad pública, así como por parte de todas aquellas entidades culturales, educativas y científicas que se determinen.
3.º) Que se elabore un plan de apoyo, suficientemente dotado económicamente, a las bibliotecas de los pequeños municipios en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias".
Valladolid, 20 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000031-01
CVE="BOCCL-09-000103"