PNL/000095-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000095, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta a que inste al Gobierno a impulsar la derogación de la modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y a exigir al Gobierno que la imposición de nuevas obligaciones a los entes territoriales estén acompañadas de las correspondientes previsiones presupuestarias.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2015.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara:

ANTECEDENTES

El Partido Popular ha realizado una agresión constante a la autonomía y a los intereses municipales, que encuentra su máxima expresión en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha generado el rechazo mayoritario de los Ayuntamientos y que ha motivado diversos recursos ante el Tribunal Constitucional.

El gobierno del Partido Popular no solo ha sido incapaz de resolver los problemas que afectan a la Administración Local y especialmente el de la financiación sino que ha agravado los mismos mediante la asfixia económica y el desapoderamiento de capacidad de gestión y resolución de problemas como administración de proximidad.

Y la culminación del despropósito ha operado mediante la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público, con entrada en vigor el 11 de julio de 2015, en la que se modifica la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificación que elimina la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería desempeñada por concejales o por su personal propio no funcionario, preceptuando que "Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes".

Una modificación de estas características pone en evidencia el desconocimiento absoluto del gobierno del Partido Popular y lo muy alejados que están de la realidad de nuestros ayuntamientos y especialmente de nuestros pequeños municipios en los que las funciones de tesorería están desempeñadas por concejales tesoreros, sistema que se ha mostrado como eficaz, eficiente y sin coste.

Esta reforma no está justificada desde ninguna perspectiva, ni desde la económica dado va a suponer un grandísimo coste que no se determina quién va a soportar, ni desde la agilidad y simplificación de la administración que se va dotar de máxima complejidad al sistema ni desde el respeto a la autonomía municipal volviendo a injerir de forma gravísima en la misma.

Así mismo, se aprueba esta reforma con efectos inmediatos sin acreditar que las Diputaciones Provinciales tienen capacidad automática para asumir las funciones impuestas por la misma.

Y además se aprueba incorporando la modificación en una ley que nada tiene que ver con el objeto de la reforma. En una ley cuya denominación es la de "Reutilización de la información del sector público", se incorporan disposiciones que afectan al régimen jurídico de determinados trabajadores, a educación, al registro de centros de reproducción asistida, a algunos aspectos del régimen de los saldos bancarios... y además, al régimen de la tesorería de la administración local.

Dicha forma de modificar la normativa es una auténtica chapuza que no hace sino generar confusión e inseguridad jurídica. Y para acabar se declara básica la totalidad de la ley, considerando todo su contenido "bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas".

En resumen, esta reforma crea un problema donde no lo había, crea un gasto donde no lo había, genera complejidad administrativa donde no lo había y vulnera, una vez más, la autonomía municipal.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a impulsar la derogación de la modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificación que elimina la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería desempeñada por concejales.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España que cualquier tipo de modificación normativa en la que se establezcan nuevas obligaciones a los entes territoriales esté acompañada de las previsiones presupuestarias correspondientes destinadas a que dichas obligaciones no supongan una carga sobreañadida para sus haciendas.

Valladolid, 25 de agosto de 2015.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández