4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000265-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000265, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a modificar la normativa de necrófagas y a fijar las indemnizaciones a ganaderos por los ataques de buitres.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Fernando Pablos Romo y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES
En España habitan el 95 % de la población europea de aves carroñeras, como el buitre leonado, buitre negro, alimoche y quebrantahuesos.
La ampliación de zonas protegidas permitió nuevos y seguros anidamientos, las medidas de protección de las especies aumentaron su población, además la cantidad generada de animales muertos procedentes de las explotaciones ganaderas excedía con mucho sus necesidades alimenticias.
En el año 2001 el brote de encefalopatía espongiforme bovina rompió la histórica alianza entre granaderos y especies necrófagas. Especies que tenían, y tienen, un papel fundamental en la eliminación rápida de los cadáveres de animales de granja y silvestres, reduciendo de esta manera el riesgo de transmisión de enfermedades a las especies ganaderas, a la fauna silvestre y al hombre, preservando de esta manera la sanidad animal y la salud pública.
La normativa europea, Reglamento (CE) 1774/2002, derogado por el Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre, reguló la prohibición de dejar cadáveres en el campo, salvo ciertas excepciones, deben ser recogidos, trasportados y transformados o eliminados, según proceda, en instalaciones autorizadas.
Los ganaderos se vieron obligados a retirar del campo los cadáveres de sus animales, implantándose diversos sistemas de recogida de cadáveres u otros subproductos, principalmente especies como ovino, caprino y vacuno que pudieran contener Materiales Especificados de Riesgo (MER), para su análisis y eliminación controlada, y en menor medida, porcino, conejos y aves.
Estas medidas afectaron de manera drástica a las especies necrófagas, que pasaron en apenas dos años de disponer de alimento constante a prácticamente nada. No tienen suficiente alimento con la fauna salvaje disponible, ciervo, corzo y jabalí, causando un déficit alimenticio con consecuencias demográficas, llegando incluso al abandono de su hábitat natural para poder comer y modificando su comportamiento, siendo frecuentes los ataques al ganado vivo.
Entendiendo que la Junta de Castilla y León debería asumir los daños que sufren los ganaderos por los ataques de buitres, al igual que asume los ataques del lobo, pues ambas son especies protegidas y que, por lo tanto, la Junta de Castilla y León tiene el deber de conservar las poblaciones de carroñeros, tal y como se establece en la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de aves silvestres, en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
La Junta de Castilla y León, en ejercicio de sus competencias como responsable del cuidado de la fauna salvaje y de desarrollo normativo y ejecución de la normativa estatal que la Comunidad Autónoma tiene en materia de protección del medio ambiente y sanidad animal, aprobó el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, regulando la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados al consumo humano y más tarde el Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, con objeto de regular las autorizaciones de lugares acondicionados expresamente para la alimentación de especies necrófagas.
Los muladares autorizados en Castilla y León, es evidente que no son capaces de suplir el déficit alimenticio de los buitres y restablecer el equilibrio para la alimentación de estas aves.
La ineficacia de las medidas adoptadas se evidencia por los continuos ataques de los buitres a la cabaña ganadera en la comunidad.
Los ataques de buitres al ganado vivo son cada vez más frecuentes, causando cuantiosas y serias pérdidas al sector ganadero.
Sector ganadero que ya está muy afectado por la caída de los precios, la bajada de la producción, el incremento constante de los costes de explotación, los recortes de las ayudas públicas al sector dentro del Plan de Desarrollo Rural, asociado a la nueva Política Agraria Común.
La Junta de Castilla y León debe velar por los intereses del sector, adoptando medidas para reforzar, paliar, rentabilizar y dar seguridad y estabilidad al sector ganadero en la comunidad.
Es necesario modificar de manera consensuada con el sector la normativa de necrófagas, es necesario poner en marcha un plan de indemnizaciones por vía patrimonial, con un buen sistema de indemnizaciones, burocráticamente ágil y simple, con plazos cortos para su abono, que palien las pérdidas económicas que los ataques de buitres están ocasionando a los ganaderos.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar, de manera consensuada con el sector, la normativa de necrófagas y poner en marcha un Plan de Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, que fije indemnizaciones directas a los ganaderos por los daños producidos por el ataque de buitres al ganado vivo, que pueda paliar las pérdidas económicas que los ataques de buitres están ocasionando a los ganaderos".
Valladolid, 13 de octubre de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,
Fernando Pablos Romo y
Juan Luis Cepa Álvarez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000265-01
CVE="BOCCL-09-001783"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 4985-4987
BOCCL nº 41/9 del 23/10/2015
CVE: BOCCL-09-001783
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000265-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a modificar la normativa de necrófagas y a fijar las indemnizaciones a ganaderos por los ataques de buitres, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000265, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a modificar la normativa de necrófagas y a fijar las indemnizaciones a ganaderos por los ataques de buitres.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Fernando Pablos Romo y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES
En España habitan el 95 % de la población europea de aves carroñeras, como el buitre leonado, buitre negro, alimoche y quebrantahuesos.
La ampliación de zonas protegidas permitió nuevos y seguros anidamientos, las medidas de protección de las especies aumentaron su población, además la cantidad generada de animales muertos procedentes de las explotaciones ganaderas excedía con mucho sus necesidades alimenticias.
En el año 2001 el brote de encefalopatía espongiforme bovina rompió la histórica alianza entre granaderos y especies necrófagas. Especies que tenían, y tienen, un papel fundamental en la eliminación rápida de los cadáveres de animales de granja y silvestres, reduciendo de esta manera el riesgo de transmisión de enfermedades a las especies ganaderas, a la fauna silvestre y al hombre, preservando de esta manera la sanidad animal y la salud pública.
La normativa europea, Reglamento (CE) 1774/2002, derogado por el Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre, reguló la prohibición de dejar cadáveres en el campo, salvo ciertas excepciones, deben ser recogidos, trasportados y transformados o eliminados, según proceda, en instalaciones autorizadas.
Los ganaderos se vieron obligados a retirar del campo los cadáveres de sus animales, implantándose diversos sistemas de recogida de cadáveres u otros subproductos, principalmente especies como ovino, caprino y vacuno que pudieran contener Materiales Especificados de Riesgo (MER), para su análisis y eliminación controlada, y en menor medida, porcino, conejos y aves.
Estas medidas afectaron de manera drástica a las especies necrófagas, que pasaron en apenas dos años de disponer de alimento constante a prácticamente nada. No tienen suficiente alimento con la fauna salvaje disponible, ciervo, corzo y jabalí, causando un déficit alimenticio con consecuencias demográficas, llegando incluso al abandono de su hábitat natural para poder comer y modificando su comportamiento, siendo frecuentes los ataques al ganado vivo.
Entendiendo que la Junta de Castilla y León debería asumir los daños que sufren los ganaderos por los ataques de buitres, al igual que asume los ataques del lobo, pues ambas son especies protegidas y que, por lo tanto, la Junta de Castilla y León tiene el deber de conservar las poblaciones de carroñeros, tal y como se establece en la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de aves silvestres, en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
La Junta de Castilla y León, en ejercicio de sus competencias como responsable del cuidado de la fauna salvaje y de desarrollo normativo y ejecución de la normativa estatal que la Comunidad Autónoma tiene en materia de protección del medio ambiente y sanidad animal, aprobó el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, regulando la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados al consumo humano y más tarde el Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, con objeto de regular las autorizaciones de lugares acondicionados expresamente para la alimentación de especies necrófagas.
Los muladares autorizados en Castilla y León, es evidente que no son capaces de suplir el déficit alimenticio de los buitres y restablecer el equilibrio para la alimentación de estas aves.
La ineficacia de las medidas adoptadas se evidencia por los continuos ataques de los buitres a la cabaña ganadera en la comunidad.
Los ataques de buitres al ganado vivo son cada vez más frecuentes, causando cuantiosas y serias pérdidas al sector ganadero.
Sector ganadero que ya está muy afectado por la caída de los precios, la bajada de la producción, el incremento constante de los costes de explotación, los recortes de las ayudas públicas al sector dentro del Plan de Desarrollo Rural, asociado a la nueva Política Agraria Común.
La Junta de Castilla y León debe velar por los intereses del sector, adoptando medidas para reforzar, paliar, rentabilizar y dar seguridad y estabilidad al sector ganadero en la comunidad.
Es necesario modificar de manera consensuada con el sector la normativa de necrófagas, es necesario poner en marcha un plan de indemnizaciones por vía patrimonial, con un buen sistema de indemnizaciones, burocráticamente ágil y simple, con plazos cortos para su abono, que palien las pérdidas económicas que los ataques de buitres están ocasionando a los ganaderos.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar, de manera consensuada con el sector, la normativa de necrófagas y poner en marcha un Plan de Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, que fije indemnizaciones directas a los ganaderos por los daños producidos por el ataque de buitres al ganado vivo, que pueda paliar las pérdidas económicas que los ataques de buitres están ocasionando a los ganaderos".
Valladolid, 13 de octubre de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,
Fernando Pablos Romo y
Juan Luis Cepa Álvarez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000265-01
CVE="BOCCL-09-001783"
