PNL/000284-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000283 y PNL/000284.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2015.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El 25 de octubre de 2012 se aprobó la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Eficiencia Energética (DEE), que es la principal norma europea para la consecución de los objetivos de reducción del consumo energético asumidos por la UE. Afecta a todos los sectores de actividad económica, incluida la edificación, que está sometida simultáneamente a otra norma, la Directiva de eficiencia energética en edificios.

Dentro del Paquete Energía y Clima 2020, la Unión Europea ha asumido un objetivo de reducción del 20 % del consumo energético para el conjunto de los Estados miembros en dicho año.

Entre otras cuestiones previstas en la Directiva mencionada, se recoge "un mandato" expreso, sobre la necesidad de que las Administraciones Públicas tengan una función ejemplarizante, así como una labor de acompañamiento, promoción e impulsión de la eficiencia energética en su ámbito competencial y territorial.

La eficiencia energética, sin duda, es la mejor medida a tener en cuenta para (i) reducir el consumo energético, (ii) para reducir las emisiones de efecto invernadero, en especial las emisiones de CO2, (iii) para reducir los costes económicos, (iv) para aumentar la competitividad de las empresas, (v) para mejorar el confort de los ciudadanos y en definitiva (vi) para mitigar los efectos del cambio climático.

Durante los últimos años, España ha dado un gran impulso a las políticas de eficiencia energética con el objetivo de eliminar la distancia que históricamente nos ha separado de la intensidad energética media de la Unión Europea.

El esfuerzo conjunto de las Administraciones Públicas y los sectores productivos ha permitido cumplir en 2010 con el objetivo de reducción de consumo de energía marcado por la Directiva de 2006 para 2016. Así mismo, el consumo energético de España, de acuerdo con el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2014-2020 es de 17,6 Mtep inferior a la senda objetivo marcada por la Comisión Europea, lo que representa un 23,1 € de ahorro respecto del consumo previsto en el Paquete Energía y Clima, lo que nos sitúa en una situación favorable para contribuir a alcanzar el objetivo de reducción del 20 % del consumo energético para el conjunto de los Estados miembros en 2020.

Castilla y León, con objeto de contribuir al cumplimiento de dicho objetivo, viene desarrollando diversas medidas en todos los sectores. De este modo, la administración autonómica ha dado ejemplo en la reducción de costes energéticos en sus propias instalaciones mediante las siguientes medidas: la implantación del sistema de adquisición centralizada de los suministros de energía eléctrica y gas natural destinada a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León; el diseño e implementación de la herramienta informática de optimización de la tarifa eléctrica (OPTE); la certificación energética de sus propios edificios; la firma de contratos energéticos que supongan disminución del consumo mediante inversiones en sustitución de equipos térmicos por otros más eficientes, o en iluminación interior; o la realización de acciones de formación a los agentes del sector de la edificación.

Así mismo, ha fomentado la eficiencia energética en diversos sectores, como la edificación o la industria, mediante un ambicioso programa de subvenciones públicas, que se retomará en los próximos meses, tras la aprobación del nuevo Programa Operativo FEDER de Castilla y León.

Sin embargo, lejos de haber finalizado la tarea, ésta debe potenciarse, aunando los esfuerzos tanto con la Administración Local, como con otras entidades, sobre todo el sector industrial.

Así, en la propia Administración Autonómica, se prevén medidas ejemplarizantes, como la creación de una plataforma de indicadores energéticos de los edificios públicos, la extensión a los mismos de la certificación energética, o la sustitución de vehículos por eléctricos o híbridos enchufables.

En las administraciones locales, se actuará, por ejemplo, asesorando a los municipios en la elaboración de sus planes de acción de energía sostenible, colaborando con ellas para la optimización de sus contratos energéticos, o promoviendo la movilidad urbana sostenible.

En tercer lugar, en las industrias de la Comunidad debe incidirse en sectores estratégicos como la automoción y bienes de equipo, la agroalimentación, y el patrimonio natural y cultural, fomentando, por ejemplo, las redes centralizadas de calor/frío, o promoviendo la aplicación de sistemas de gestión energética.

De este modo, es necesaria la elaboración de un documento que parta de la descripción del contexto actual en los distintos sectores de actuación, a saber, sector industrial, sector edificación, sector transportes, sector servicios públicos y sector administración de Castilla y León, sin olvidar la investigación en eficiencia energética, para a continuación establecer objetivos y medidas de actuación concreta en cada uno de ellos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar y aprobar durante el año 2016 una nueva estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020, que permita implantar medidas encaminadas a obtener ahorro energético en la propia Administración Autonómica, en el sector público local de la Comunidad y en las entidades privadas, con especial atención al sector industrial, con el objetivo de colaborar en alcanzar la reducción del 20 % del consumo energético para el conjunto de los estados miembros de la Unión Europea en el año 2020".

Valladolid, 4 de noviembre de 2015.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Javier Amando Fernández Carriedo