PNL/000358-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000358 a PNL/000362.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La empresa de Transformación Agraria, S. A. (Tragsa), se fundó en 1977, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Esta es la empresa matriz del Grupo Tragsa que posteriormente creó en 1989 su primera filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A. (Tragsatec), para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería. Asimismo en noviembre de 1978 se creó la empresa Colonización y Transformación Agraria, S. A. (CYTASA) en Paraguay. Recientemente, en el año 2013 se creó Tragsa Brasil Desarrollo de Proyectos Agrarios, LTDA., lo que constituye la última de las empresas del Grupo Tragsa.

Sus 37 años de experiencia trabajando para las Administraciones Públicas ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado servicios en sectores agrícolas, forestales, ganaderos y desarrollo rural, hasta la conservación y protección medioambiental.

Realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las Administraciones públicas relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático ofreciendo una respuesta inmediata.

La gran distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 Comunidades Autónomas españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local.

En la Comunidad de Castilla y León la empresa Tragsa ha ejecutado proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales, forestales, etc., hasta que en los últimos años el descenso de encargos ha sido muy acusado.

El Grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Resultando que son de capital público en exclusivo.

El Régimen Jurídico de Tragsa y Tragsatec está regulado por la Disposición Adicional 25.ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE de 16 de noviembre de 2011), que entró en vigor el 16 de diciembre de 2011, así como por el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE de 8 de septiembre de 2010).

Los problemas en esta empresa llegaron en los años duros de la crisis económica, con la poca obra pública que se puso en marcha y por lo tanto las tensiones en la cuenta de resultados llegaron de una forma importante.

Por ello en septiembre de 2013 la dirección de Tragsa y Tragsatec comenzaron a negociar un despido colectivo. Para llevarlo adelante adujeron causas económicas, por una caída significativa de ingresos desde 2009. Por lo que, según la reforma laboral de febrero de 2012, justificaría un despido colectivo, puesto que se encadenaban más de tres trimestres consecutivos con caída interanual de ingresos. El proceso acabó sin pacto el 29 de noviembre y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1336 empleados con una indemnización de 20 días por año.

La Audiencia Nacional en abril de 2014 anuló el ERE por tres causas, entre ellas la falta de criterio en la selección de los 726 afectados por el expediente de la empresa pública. El tribunal concluye por unanimidad que si para lograr un puesto de trabajo en la Administración hay que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo mismo debe garantizarse a la hora de despedir y la empresa pública Tragsa no lo habría hecho. También condenaba "solidariamente" a la filial Tragsatec que realizó un despido colectivo que afecta a 601 trabajadores al mismo tiempo que la matriz.

El pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo publicó la sentencia sobre el procedimiento de despido colectivo iniciado por las empresas TRAGSA y TRAGSATEC, ambas dependientes de SEPI, que podría permitir al grupo Tragsa despedir a 1.336 personas en el conjunto del Estado de las que, aproximadamente 181 serían en Castilla y León (149 en Tragsa y 32 en Tragsatec) rondando el 20 % de la plantilla.

En la actual situación de empleo en nuestro país y en Castilla y León, esta decisión sería absolutamente inaceptable por el profundo impacto que tendría sobre la economía del país y de nuestra Comunidad Autónoma. Además, los datos económicos y productivos del grupo, pasados dos años del inicio del procedimiento, demuestran que la situación ha cambiado en positivo sobre las estimaciones de pérdidas y de producción que había hecho la empresa en el inicio del expediente. De hecho los datos indican que la empresa ha contratado después a personal eventual por el aumento de la carga de trabajo.

Hablamos de un grupo de empresas públicas fundamentales para el desarrollo de sectores básicos de la economía castellano y leonesa, que pretende tomar una decisión basada en una previsión de pérdidas, para el periodo 2014-2019, de 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado, aunque esta cifra varía de un mes a otro por el incremento de la cifra de negocio que está teniendo el grupo. Sin embargo, y al mismo tiempo, el grupo prevé hacer unas reservas voluntarias de más de 261 millones de euros, por lo que apenas utilizando un 28 % de éstas, podría cubrir las previsiones de pérdidas.

Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario parece ser que se siguieron abonando primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos directivos e intermedios durante estos supuestos años de dificultades económicas para el grupo.

No debemos olvidar que el grupo TRAGSA es 100 % público, trabaja en exclusiva para la administración y que la Junta de Castilla y León ocupa posición interesante en su cifra conjunta de negocio, razones por las que la Administración autonómica no puede ser ajena a decisiones injustificadas en los términos de reducción de empleo que se están planteando, sobre todo después de escuchar en los últimos meses por parte del Gobierno central el inicio de la recuperación económica. Conviene asimismo apuntar el impacto negativo que sobre los trabajos encomendados por la Junta de Castilla y León al grupo tendría esta decisión de despido colectivo, por lo que un buen elemento de reafirmación sería impedir los despidos de este grupo y en el conjunto de la SEPI.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Manifestar que la ejecución del ERE en el grupo TRAGSA es profundamente perjudicial para los intereses del país y de la Comunidad Autónoma en términos de empleo y para la realización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la Administración.

2. Dirigirse al Gobierno central y los ministerios afectados con todos los cauces y actuaciones necesarias posibles al fin de impedir la ejecución del mencionado ERE en el Grupo Tragsa.

3. Dirigirse al Gobierno de España instándole para que la dirección del grupo de empresas públicas Tragsa abra una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permitan plantear un nuevo plan empresarial para el mismo e incrementar su capacidad de producción y empleo.

Valladolid, 4 de enero de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández