POC/000075-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000046 a POC/000076.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión correspondiente.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Marta Olmedo Palencia y María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por oral ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

A pesar del Decreto Ley 1/2014 para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, que fue convalidado en las Cortes de Castilla y León, puede existir una situación de riesgo para los servicios sociales de proximidad, ya que el 1 de enero de 2016, tal y como establece la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración, tienen que ser asumidos y financiados por las Comunidades Autónomas.

Esta situación se ha puesto de manifiesto en algunos entes locales en los que los servicios de intervención ponen en duda la aplicabilidad de esta norma al considerar que vulnera la normativa básica del Estado.

De esta forma pueden darse situaciones como la que se ha producido en la Diputación Provincial de Zamora, donde por parte de la Intervención se emite informe relativo al acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales y dicha Diputación sobre cofinanciación de los servicios sociales que haya de prestar la misma en los ejercicios 2015 y 2016 en el que se manifiestan diversas discrepancias de conformidad.

Entre estas, por parte del órgano fiscalizador se afirma que la Diputación Provincial, si bien sí tendría competencias en materia de servicios sociales y de promoción y reinserción social durante el año 2015, carecería de estas para 2016. Desde dicho año, las competencias deben ser ejercidas por la Junta de Castilla y León o bien ser delegadas, pero en todo caso correspondería a la misma la financiación del 100 % de los servicios que se presten. Tan solo en el supuesto de que no las ejerza ni delegue deberán seguir prestándose por la Diputación pero en tal caso el 100 % del coste del servicio debe repercutirse a la Administración Autonómica. Por todo ello se objeta la validez del acuerdo de cofinanciación en el que la Junta de Castilla y León no asume sus obligaciones financieras. La misma posición se recoge en los informes elaborados por los servicios correspondientes.

Por todo ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y León respecto de las entidades locales en las que la Intervención está diciendo que la Ley de racionalización es una norma de rango superior y por tanto de aplicación al margen de lo legislado por la Comunidad Autónoma?

¿Está preparado su gobierno para amparar a las entidades locales y a la ciudadanía garantizando la adecuada prestación de estos servicios?

¿Está preparada la Comunidad Autónoma para la asunción de servicios y programas sociales que se vienen gestionando desde las entidades locales a partir del uno de enero de 2016?

¿Ha previsto la Junta de Castilla y León la financiación necesaria para la asunción de estos servicios si los fuera a prestar directamente o para su financiación íntegra si fueran prestados por las entidades locales?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: María Marta Olmedo Palencia y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández