4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000411-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de febrero de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000395 a PNL/000428.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículo 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación.
ANTECEDENTES
La reciente publicación por la Junta de Castilla y León, el 29 de diciembre, de la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, continua los mismos derroteros de la política privatizadora, recortadora y de estrangulamiento de la Investigación pública de Castilla y León a pesar de las falsas promesas de la Consejería de Educación hechas el año pasado a la comunidad científica de CyL ante sus protestas por una convocatoria similar. Está claro que la Consejería de Educación sigue empeñada en desmantelar la I+D de Castilla y León que no esté al servicio de la exclusiva utilidad empresarial.
El PP ha tomado la decisión ideológica y política de excluir de facto la investigación en ciencia básica y ciencias jurídicas y sociales, al imponer que solamente tendrán financiación pública aquellos proyectos de investigación en seis ámbitos que ha determinado la Junta de Castilla y León sin consensuar con la comunidad científica de Castilla y León: salud y cambio demográfico, seguridad alimentaria y bioeconomía, energía, transporte, acción por el clima y sociedades seguras.
Tres anomalías fundamentales introduce esta convocatoria que destruyen aún más el sistema de I+D de CyL:
- Sólo se financiará la investigación que se desarrolle en seis ámbitos de investigación hasta el año 2020, excluyendo de facto la financiación de cualquier proyecto de investigación básica o de todas las ciencias jurídicas y sociales.
- Impone la obligatoriedad de tener contrato o convenio con una empresa privada en el momento en el que se realice la solicitud de subvención.
- Expulsa a las y los jóvenes investigadores, al establecer como condición para contratarles que no haya hecho ni su investigación ni haya leído la tesis en la misma universidad en la que vaya a ser contratado, imponiendo una "movilidad exterior" que supondrá una fuga de investigadores que podrían seguir trabajando en Castilla y León y una forma de dificultar la renovación de la I+D.
La comunidad investigadora de Castilla y León comenzó a alzarse contra la política de investigación de la Junta en la anterior convocatoria de ayudas, en la que se quedaron fuera del programa el 80 % de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación. Algo que viene repitiéndose en los últimos cuatro años y que ha supuesto un recorte brutal de los fondos regionales para investigación del 75 %, lo cual ha supuesto la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.
"Desde hace años la Junta solo está apoyando los proyectos de investigación aplicada porque parece que lo que quiere es una especie de universidad al servicio de la empresa", explicaba la catedrática de la UBU, María Luisa Lobato, que forma parte de los tres portavoces de este movimiento crítico que a finales de enero de 2014 iniciaron esta protesta de la comunidad científica de CyL y plantearon estas reivindicaciones al Gobierno regional.
Una batalla a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, que firmaron en la plataforma de Internet Change.org una carta destinada a la Consejería de Educación exigiendo que se cumplieran los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que una función de las Universidades es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y deber del profesorado universitario.
La respuesta de la Consejería de Educación, como denuncia la comunidad científica de Castilla y León, no hace sino acelerar lo que es ya una 'muerte anunciada' de buena parte de la investigación en Castilla y León desde 2008, especialmente en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, así como la investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento pero que no tiene una salida directa al mercado.
Los países que tienen un enfoque de modelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, porque dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Retirar las Bases Reguladoras: Orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre (BOCYL de 29 de diciembre).
2. Diseñar una convocatoria de financiación pública de la investigación acordada con toda la comunidad científica de las Universidades Públicas de Castilla y León.
3. Diseñar una convocatoria negociada que no imponga la exigencia de tener ninguna colaboración empresarial del grupo solicitante como condición previa para obtener financiación pública de la Junta de Castilla y León.
4. Diseñar una convocatoria negociada que no excluya de facto la financiación a la investigación en ciencia básica y ciencias jurídicas y sociales.
En Valladolid, a 4 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PNL/000411-01
CVE="BOCCL-09-005109"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 11178-11180
BOCCL nº 85/9 del 19/2/2016
CVE: BOCCL-09-005109
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000411-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), para instar a la Junta a retirar las Bases Reguladoras: Orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, y diseñar una nueva convocatoria con las especificaciones que se detallan, para su tramitación ante la Comisión de Educación.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de febrero de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000395 a PNL/000428.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículo 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación.
ANTECEDENTES
La reciente publicación por la Junta de Castilla y León, el 29 de diciembre, de la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, continua los mismos derroteros de la política privatizadora, recortadora y de estrangulamiento de la Investigación pública de Castilla y León a pesar de las falsas promesas de la Consejería de Educación hechas el año pasado a la comunidad científica de CyL ante sus protestas por una convocatoria similar. Está claro que la Consejería de Educación sigue empeñada en desmantelar la I+D de Castilla y León que no esté al servicio de la exclusiva utilidad empresarial.
El PP ha tomado la decisión ideológica y política de excluir de facto la investigación en ciencia básica y ciencias jurídicas y sociales, al imponer que solamente tendrán financiación pública aquellos proyectos de investigación en seis ámbitos que ha determinado la Junta de Castilla y León sin consensuar con la comunidad científica de Castilla y León: salud y cambio demográfico, seguridad alimentaria y bioeconomía, energía, transporte, acción por el clima y sociedades seguras.
Tres anomalías fundamentales introduce esta convocatoria que destruyen aún más el sistema de I+D de CyL:
- Sólo se financiará la investigación que se desarrolle en seis ámbitos de investigación hasta el año 2020, excluyendo de facto la financiación de cualquier proyecto de investigación básica o de todas las ciencias jurídicas y sociales.
- Impone la obligatoriedad de tener contrato o convenio con una empresa privada en el momento en el que se realice la solicitud de subvención.
- Expulsa a las y los jóvenes investigadores, al establecer como condición para contratarles que no haya hecho ni su investigación ni haya leído la tesis en la misma universidad en la que vaya a ser contratado, imponiendo una "movilidad exterior" que supondrá una fuga de investigadores que podrían seguir trabajando en Castilla y León y una forma de dificultar la renovación de la I+D.
La comunidad investigadora de Castilla y León comenzó a alzarse contra la política de investigación de la Junta en la anterior convocatoria de ayudas, en la que se quedaron fuera del programa el 80 % de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación. Algo que viene repitiéndose en los últimos cuatro años y que ha supuesto un recorte brutal de los fondos regionales para investigación del 75 %, lo cual ha supuesto la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.
"Desde hace años la Junta solo está apoyando los proyectos de investigación aplicada porque parece que lo que quiere es una especie de universidad al servicio de la empresa", explicaba la catedrática de la UBU, María Luisa Lobato, que forma parte de los tres portavoces de este movimiento crítico que a finales de enero de 2014 iniciaron esta protesta de la comunidad científica de CyL y plantearon estas reivindicaciones al Gobierno regional.
Una batalla a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, que firmaron en la plataforma de Internet Change.org una carta destinada a la Consejería de Educación exigiendo que se cumplieran los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que una función de las Universidades es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y deber del profesorado universitario.
La respuesta de la Consejería de Educación, como denuncia la comunidad científica de Castilla y León, no hace sino acelerar lo que es ya una 'muerte anunciada' de buena parte de la investigación en Castilla y León desde 2008, especialmente en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, así como la investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento pero que no tiene una salida directa al mercado.
Los países que tienen un enfoque de modelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, porque dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Retirar las Bases Reguladoras: Orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre (BOCYL de 29 de diciembre).
2. Diseñar una convocatoria de financiación pública de la investigación acordada con toda la comunidad científica de las Universidades Públicas de Castilla y León.
3. Diseñar una convocatoria negociada que no imponga la exigencia de tener ninguna colaboración empresarial del grupo solicitante como condición previa para obtener financiación pública de la Junta de Castilla y León.
4. Diseñar una convocatoria negociada que no excluya de facto la financiación a la investigación en ciencia básica y ciencias jurídicas y sociales.
En Valladolid, a 4 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PNL/000411-01
CVE="BOCCL-09-005109"
