PE/001917-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de febrero de 2016, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001890 a PE/001950.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de febrero de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-EQUO perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde nuestro grupo, trasladamos las reivindicaciones recientes del Movimiento de Viernes Negro de Burgos sobre las "irregularidades" del Laboratorio Agrario Regional de Burgos.

Esta plataforma ha registrado numerosos escritos, siendo el primero remitido el 31 de mayo de 2013 y el último el 29 de enero de 2016, además de que también se han dirigido al Procurador del Común, quien considera que los hechos denunciados son de "especial gravedad" y "convenientemente razonados" por parte de este Movimiento.

Se argumenta que el Laboratorio Agrario Regional, ubicado en Burgos es una instalación infrautilizada, en la que en el año 2009 se invirtieron casi 3 millones de euros, en su reforma y en la creación de un edificio anexo (al cual nunca se le ha dado uso), y en la actualidad su rendimiento potencial es de solo llega al 25 % de su capacidad.

La plantilla, que sigue trabajando en las antiguas instalaciones, cuenta con 11 técnicos, 8 analistas y dos auxiliares, en la que se encuentran vacantes 4 plazas de técnicos, a la vez que se mantienen 2 contrataciones externas desde hace más de siete años.

Se trata de dos empleados de TRAGSA, inicialmente contratados para "asistencia técnica para la ampliación del alcance de la acreditación del Laboratorio" y que desde su contratación han realizado labores propias del personal público del laboratorio, cuando el personal público tiene la cualificación y capacidad necesaria para realizar dicha asistencia técnica para la ampliación de la acreditación.

Además existe un grave conflicto de intereses entre el Laboratorio Agrario Regional y la instalación privada Laboratorio Agroalimental de Castilla y León, ya que en dicho laboratorio privado ha trabajado, y forma parte de la sociedad, una de las trabajadoras contratadas por TRAGSA, el correo eléctrico del Dominio de este laboratorio privado, alagomal@jcyl.es, es el correo corporativo de la Junta de Castilla y León del director del laboratorio público.

Se observa, según los datos, una caída espectacular de los clientes del laboratorio público, pasando de 300 en el periodo entre 1997 a 2005 a tan solo 8 en el periodo 2006 a 2015.

El Procurador del Común le solicitaba a la Junta de Castilla y León que adoptase las medidas pertinentes para garantizar más eficacia en la prestación del servicio, cubriendo los puestos vacantes y optimizando las instalaciones.

Desde Izquierda Unida consideramos que existe un claro conflicto de intereses entre el laboratorio público y el laboratorio privado. El director del laboratorio público, es casualmente el cónyuge de una de las personas contratadas por TRAGSA, que a su vez forma parte de la sociedad del laboratorio privado. Ante los datos objetivos de la reducción de la actividad del laboratorio público, y la tamaña relación filial, permítanme las dudas acerca del interés en que este laboratorio público siga trabajando premeditadamente por debajo de su capacidad real.

Además no encontramos justificado que en la plantilla existan cuatro plazas vacantes, cuando se realizan contrataciones externas al centro.

Y lo más grave, por qué no se revoca la prohibición de no ofertar este magnífico laboratorio a los agricultores, ganaderos e industriales agroalimentarios de Castilla y León y de otras CC. AA. para que puedan analizar sus productos, y así favorecer que este laboratorio público trabaje al 100 % de su capacidad.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué no se convocan las cuatro plazas de técnicos vacantes, y se revocan las de las dos trabajadoras contratadas a través de TRAGSA?

2. ¿Considera la Junta necesarias estas contrataciones externas?

3. ¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Agricultura y Ganadería para cumplir las recomendaciones del Procurador del Común, en cuanto a mejorar la eficiencia del laboratorio?

4. ¿Quién tomó y por qué la decisión de nombrar al actual Director del laboratorio público, cuando era inicialmente una persona sin la titulación adecuada para ocupar ese puesto?

5. ¿Se ha requerido que dé explicaciones, por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, el actual Director del laboratorio público por figurar su correo corporativo de la Junta de C y L en el dominio del laboratorio privado?

6. Ante la cantidad de denuncias efectuadas y motivadas por el Movimiento Viernes Negro de Burgos, ¿cuál ha sido la actuación de la Inspección General de Servicios?

7. ¿La Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado investigaciones o comprobaciones en relación a las denuncias presentadas por el Movimiento Viernes Negro de Burgos?

8. ¿Con qué argumentos técnicos se adoptó la prohibición de ofertar este laboratorio público a los agricultores, ganaderos e industriales agroalimentarios de C y L y de otras CC. AA.?

Valladolid, 4 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,

Fdo.: José Sarrión Andaluz