PNL/000464-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de marzo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000464 a PNL/000466.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de marzo de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY POR UN PACTO POR LA l+D EN CASTILLA Y LEÓN para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La publicación por la Junta de Castilla y León, en el BOCyL del 29 de diciembre de 2015, de las bases reguladoras de la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre) y la convocatoria establecida en el EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero de 2016 publicada en el BOCyL el 3 de marzo de 2016, no ha tenido en consideración las reclamaciones, que realiza desde hace casi año y medio, buena parte de la comunidad investigadora de Castilla y León, que pide cuatro cuestiones esenciales en l+D en CyL:

PRIMERA: no excluir de facto la investigación en ciencia básica, así como en artes, humanidades, ciencias jurídicas, económicas y sociales, al establecer en dicha convocatoria que solamente tendrán financiación pública aquellos proyectos de investigación en seis ámbitos que determinó la Junta de Castilla y León en su momento: salud y cambio demográfico, seguridad alimentaria y bioeconomía, energía, transporte, acción por el clima y sociedades seguras.

El Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente en diciembre de 2013 las nuevas normas y la legislación que rige la ronda de inversión de la UE para el período 2014-2020. Las estrategias de investigación nacionales y regionales para la especialización inteligente (estrategias RIS3) se centran en el apoyo de las prioridades, retos y necesidades clave establecidos por el país o región. Por eso RIS3 requirió a los Estados miembros y las regiones de la UE que identificaran las especializaciones de conocimientos que mejor se ajustaran a su potencial. "En lugar de tratarse de una estrategia impuesta desde arriba, la especialización inteligente implica que las autoridades nacionales o regionales deben elaborar a continuación un documento que plasme la estrategia propuesta para ese país o región" (Comisión Europea. Estrategias Nacionales y Regionales para la Especialización Inteligente RIS3).

La muestra más palmaria de que los apartados más controvertidos de las bases para financiar proyectos de investigación regulados mediante la Orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, no son una obligación de la cofinanciación con el programa europeo FEDER es que otras comunidades autónomas financian grupos de investigación con ese mismo programa vinculado al correspondiente RIS3 sin imponer las restricciones establecidas en Castilla y León. Este hecho puede comprobarse en el DECRETO 279/2014, de 30 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los Grupos de Investigación de Extremadura y se realiza la primera convocatoria de ayudas; o la Orden 6/2015, de septiembre, de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunidad Valenciana.

En los últimos cuatro años se han quedado fuera del programa de concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación el 80 % de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, la economía, el patrimonio o la comunicación. Esto ha supuesto la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.

El Presupuesto de Castilla y León para el año 2016 en la partida destinada a financiar proyectos de investigación (07.04.467B04.74011) tiene una cuantía de 1.133.274 €, de los que están comprometidos del año 2014 un total de 600.000 €. Teniendo en cuenta que la orden de 25 de febrero de 2016 establece un importe máximo de 204.000 € para el año 2016, quedan disponibles al menos 329.274 € para una nueva convocatoria complementaria de proyectos de investigación.

SEGUNDA: no imponer la obligatoriedad de tener contrato o convenio con una empresa privada en el momento en el que se realice la solicitud de subvención. Esta exigencia de tener colaboración empresarial del grupo solicitante, como condición previa para obtener financiación pública, puede llegar a pervertir el sentido y la finalidad de la investigación en CyL, requisito que no tiene la mayoría del resto de Comunidades Autónomas.

En primer lugar, porque buena parte de la investigación, especialmente la que no tiene inmediato rendimiento mercantil traducido en patentes o resultados comercializables, no parece susceptible de suscitar interés para el modelo empresarial predominante en nuestra Comunidad Autónoma, que presume de buscar el beneficio rápido e inmediato de los accionistas y no una visión a largo plazo sobre el futuro de un modelo industrial de alto valor añadido.

Además, y mucho más importante, porque esta condición implica estrangular la financiación y suprimir de facto investigaciones fundamentales para CyL relacionadas con cuestiones regionales y locales de interés para la gente empobrecida, las minorías y las mujeres de clase trabajadora de las zonas rurales, por ejemplo. No parece que las empresas de la región estén muy interesadas y dispuestas a aportar fondos privados para esas temáticas; de este modo no obtendrán financiación pública aquellos proyectos de investigación que buscan analizar y solucionar problemas relevantes para los sectores de nuestra Comunidad que más necesitados están.

Con este enfoque de la convocatoria, parece que el valor mercantil de las investigaciones prevalece sobre su contenido de verdad. La 'disciplina por el dinero' que se impone, al poner al mercado al frente de cómo repartir los recursos y la financiación de la l+D en CyL, introduce muy serias amenazas en la vida intelectual y el pensamiento.

TERCERA: facilitar el acceso de grupos de jóvenes investigadores y grupos emergentes a las ayudas para proyectos de la Junta de Castilla y León, disminuyendo la primacía que se da a las Unidades de Investigación Consolidadas (UIC). Estas UIC por su trayectoria y logros anteriores están capacitadas para conseguir proyectos del Ministerio y también europeos, mientras que equipos más jóvenes no tendrán esa posibilidad fuera de la Junta de Castilla y León.

Para lograr todo ello, es necesario la CUARTA demanda, un incremento de la inversión en l+D en CyL. Castilla y León tiene una financiación de la investigación, tanto pública como privada, muy por debajo de la media europea y nacional. Finlandia, Suecia y Dinamarca invierten en l+D+i un 3,55 %, 3,41 % y 2,99 % de su PIB respectivamente. Así según los últimos datos de la Encuesta sobre Actividades en l+D del INE correspondientes al año 2014, Castilla y León destinó ese año el 0,98 % del PIB a investigación, mientras la media en España fue del 1,23 %. Durante la última legislatura esta inversión en l+D en la Comunidad Autónoma incluso se ha reducido ya que era del 1 % del PIB en 2011.

Los países que tienen un enfoque de modelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, porque dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento, pero que no tiene una salida directa al mercado, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos.

Por eso, a propuesta de los portavoces de los investigadores e investigadoras que iniciaron esta protesta de la comunidad científica de Castilla y León a finales de enero de 2014 y plantearon estas reivindicaciones al Gobierno regional, y a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, en la plataforma de Internet Change.org, http://chn.ge/1yJG8zl, exigiendo que se cumplan los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que una función de las Universidades es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y deber del profesorado universitario, siendo estos planteamientos compartidos por los Grupos Parlamentarios Mixto, Ciudadanos, Podemos Castilla y León y Socialista, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Realizar en el año 2016 una nueva convocatoria complementaria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación. El presupuesto total de esta convocatoria debe ser al menos de 4 millones de euros para tres años.

2. Realizar las modificaciones en la normativa en vigor necesarias para que a partir del año 2017, sin renunciar a financiar la l+D de Castilla y León mediante fondos FEDER, se realice una única convocatoria de ayudas a proyectos de investigación, acordada con la comunidad científica de las Universidades Públicas de Castilla y León, que abarque al conjunto de las áreas de conocimiento y que recojan los siguientes principios:

a) No imponer condiciones previas en relación con el sector empresarial: debe eliminarse la exigencia de tener colaboración empresarial de los grupos solicitantes como condición previa para obtener financiación pública de la Junta de Castilla y León.

b) Permitir proyectos de todas las áreas de investigación: no excluir de facto la financiación a la investigación en ciencia básica y ciencias jurídicas y sociales, al imponer que solamente tengan financiación aquellos proyectos de investigación en determinados ámbitos establecidos por el gobierno regional.

c) Apoyo a los investigadores noveles y grupos emergentes: las bases tienen que permitir que también los grupos más jóvenes, que no tendrían acceso a ayudas más importantes, tengan cabida en las de la Junta de Castilla y León.

3. Aumentar el porcentaje de inversión en l+D en Castilla y León, respecto al PIB, pasando del 0,98 % de 2014 al 3 % en el año 2020.

Valladolid, 8 de marzo de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández