4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000473-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de marzo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000472 a PNL/000502.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de marzo de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA
Los procuradores doña Natalia del Barrio Jiménez y don Pablo Fernández Santos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Presidencia.
JUSTIFICACIÓN
El 6 de noviembre se cumplieron cuarenta años de la "Marcha verde", que puso fin a la presencia española en el territorio del Sáhara Occidental sin que pudiese concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones Unidas y que provocó que miles de saharauis se vieran obligados al destierro en los campamentos de refugiados del desierto argelino.
Cuarenta años después las perspectivas de cambio para esta población y, de forma más general, de desbloqueo del conflicto son, lamentablemente, mínimas. La falta de atención internacional que recibe contribuye día a día a legitimar el statu quo y por ende a minar las esperanzas de autodeterminación del pueblo saharaui.
La Resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 29 de abril de 1991, por la que se creaba la Misión de las Naciones Unidades para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y en la cual Marruecos y el Frente Polisario acordaban un periodo de transición para la realización de un referéndum en el que el pueblo saharaui elegiría entre la independencia o su integración en Marruecos, sigue sin cumplirse casi 25 años después.
Las Naciones Unidas (NN. UU.) extendieron nuevamente el mandato de la MINURSO por un año más, aunque sin ninguna referencia expresa a la protección de los derechos humanos del pueblo saharaui, cuyos miembros siguen sufriendo de manera continua violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, mientras espera que se cumplan esas obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional.
Estas violaciones de derechos humanos no son puntuales. Así se ha pronunciado el Secretario General de las Naciones Unidas, que en su informe sobre el Sáhara Occidental de 2015 indica que las oficinas del Consejo Nacional de Derechos Humanos recibieron 415 quejas de presuntas violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. También organizaciones internacionales de reconocida independencia como Amnistía internacional han constatado, entre 2010 y 2014, al menos 173 casos de torturas, tanto en el territorio marroquí como en el territorio ocupado saharaui. Los métodos de tortura y otros malos tratos que ha documentado AI abarcan desde palizas técnicas de asfixia y ahogamiento, así como violencia psicológica y sexual, incluidas amenazas de violación y, en contadas ocasiones, violaciones. Si bien el gobierno de Marruecos prohibió la tortura en su reciente modificación del Código Penal de 2006 y de la Constitución en 2011, las prácticas no han cesado.
La libertad de expresión del pueblo saharaui y sus reivindicaciones de autodeterminación también son constantemente reprimidas. Activistas políticos, manifestantes, defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación se enfrentan a restricciones que afectan a sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y frecuentemente son detenidos y perseguidos. Las autoridades marroquíes no permiten las protestas y reuniones, que son dispersadas por la fuerza según reportan muchas organizaciones.
Además, en los campamentos de Tinduf en la región de Mhiriz de Argelia, que en su día acogieron a los saharauis que huyeron de Sáhara Occidental en el momento de su anexión por Marruecos, sigue sin existir una vigilancia independiente y regular que garantice la protección de los derechos humanos de los y las saharauis que allí residen. Las NN. UU., en su informe del Secretario General de 2015, ha puesto de manifiesto que los y las saharauis soportan unas severas condiciones de vida como resultado de la reducción de la ayuda humanitaria internacional, en cuyos campamentos persiste una situación de desempleo crónico y escasas oportunidades de generar ingresos.
El ya mencionado informe constata que existe un alto nivel de descontento entre la población saharaui. El pueblo saharaui se ha manifestado en muchas ocasiones durante este 2015 reclamando la atención de la comunidad internacional respecto de sus problemas socioeconómicos, de protección de derechos y demandas políticas, incluido el derecho a la autodeterminación, haciendo hincapié en la falta de oportunidades de empleo para la juventud.
El gobierno de Marruecos incumple sus obligaciones reconocidas en el Derecho Internacional y no favorece una consecución de una salida pacífica y justa a la situación, que ya dura 40 años. Según un informe filtrado del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO), el gobierno de Marruecos habría intentado convencer a las NN. UU. para que miraran para otro lado, haciendo donaciones importantes a la oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) con la intención expresa de influir las decisiones de este organismo, presionando para cancelar misiones de investigación en el área por altos funcionarios y tratando de detener un mandato de la ONU dirigido a vigilar los abusos de derechos humanos.
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León es consciente de la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental y de la sensibilidad de esta cuestión para la opinión pública española que, más allá de toda tendencia ideológica, es sensible a esta causa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León:
1. Instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la nación a que asuma un papel más activo en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (del que España es miembro no permanente para el bienio 2015-2016), impulsando la toma de decisiones y la aprobación de resoluciones dirigidas a encontrar una solución política, pacífica, duradera e inmediata, bajo la premisa de la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de los principios y disposiciones de la Carta de Naciones Unidas.
2. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que realice los esfuerzos necesarios para que se reanuden cuanto antes las negociaciones entre las partes, suspendidas en 2012.
3. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación que vele por el respeto integral de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental, emplazando a que se dote a la MINURSO de un mandato para la supervisión de los derechos humanos que en la actualidad no tiene.
4. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que promueva un seguimiento activo de la legalidad de las prácticas de explotación de los recursos naturales en el territorio saharaui.
5. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que aumente las partidas de ayuda humanitaria con los campamentos en Tinduf, dada la precariedad de la que sufren actualmente que se ha visto además potenciada por las recientes inundaciones que han destrozado entre 7.000 y 11.500 hogares; y apoye programas de formación y movilidad de la población saharaui.
6. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que favorezca el acceso a la nacionalidad española por parte de la población saharaui que así lo desee.
En Valladolid, a 24 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/000473-01
CVE="BOCCL-09-005551"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 12048-12050
BOCCL nº 101/9 del 17/3/2016
CVE: BOCCL-09-005551
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000473-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la Nación a adoptar determinadas actuaciones en relación con el problema del pueblo saharaui, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de marzo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000472 a PNL/000502.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de marzo de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA
Los procuradores doña Natalia del Barrio Jiménez y don Pablo Fernández Santos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Presidencia.
JUSTIFICACIÓN
El 6 de noviembre se cumplieron cuarenta años de la "Marcha verde", que puso fin a la presencia española en el territorio del Sáhara Occidental sin que pudiese concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones Unidas y que provocó que miles de saharauis se vieran obligados al destierro en los campamentos de refugiados del desierto argelino.
Cuarenta años después las perspectivas de cambio para esta población y, de forma más general, de desbloqueo del conflicto son, lamentablemente, mínimas. La falta de atención internacional que recibe contribuye día a día a legitimar el statu quo y por ende a minar las esperanzas de autodeterminación del pueblo saharaui.
La Resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 29 de abril de 1991, por la que se creaba la Misión de las Naciones Unidades para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y en la cual Marruecos y el Frente Polisario acordaban un periodo de transición para la realización de un referéndum en el que el pueblo saharaui elegiría entre la independencia o su integración en Marruecos, sigue sin cumplirse casi 25 años después.
Las Naciones Unidas (NN. UU.) extendieron nuevamente el mandato de la MINURSO por un año más, aunque sin ninguna referencia expresa a la protección de los derechos humanos del pueblo saharaui, cuyos miembros siguen sufriendo de manera continua violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, mientras espera que se cumplan esas obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional.
Estas violaciones de derechos humanos no son puntuales. Así se ha pronunciado el Secretario General de las Naciones Unidas, que en su informe sobre el Sáhara Occidental de 2015 indica que las oficinas del Consejo Nacional de Derechos Humanos recibieron 415 quejas de presuntas violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. También organizaciones internacionales de reconocida independencia como Amnistía internacional han constatado, entre 2010 y 2014, al menos 173 casos de torturas, tanto en el territorio marroquí como en el territorio ocupado saharaui. Los métodos de tortura y otros malos tratos que ha documentado AI abarcan desde palizas técnicas de asfixia y ahogamiento, así como violencia psicológica y sexual, incluidas amenazas de violación y, en contadas ocasiones, violaciones. Si bien el gobierno de Marruecos prohibió la tortura en su reciente modificación del Código Penal de 2006 y de la Constitución en 2011, las prácticas no han cesado.
La libertad de expresión del pueblo saharaui y sus reivindicaciones de autodeterminación también son constantemente reprimidas. Activistas políticos, manifestantes, defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación se enfrentan a restricciones que afectan a sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y frecuentemente son detenidos y perseguidos. Las autoridades marroquíes no permiten las protestas y reuniones, que son dispersadas por la fuerza según reportan muchas organizaciones.
Además, en los campamentos de Tinduf en la región de Mhiriz de Argelia, que en su día acogieron a los saharauis que huyeron de Sáhara Occidental en el momento de su anexión por Marruecos, sigue sin existir una vigilancia independiente y regular que garantice la protección de los derechos humanos de los y las saharauis que allí residen. Las NN. UU., en su informe del Secretario General de 2015, ha puesto de manifiesto que los y las saharauis soportan unas severas condiciones de vida como resultado de la reducción de la ayuda humanitaria internacional, en cuyos campamentos persiste una situación de desempleo crónico y escasas oportunidades de generar ingresos.
El ya mencionado informe constata que existe un alto nivel de descontento entre la población saharaui. El pueblo saharaui se ha manifestado en muchas ocasiones durante este 2015 reclamando la atención de la comunidad internacional respecto de sus problemas socioeconómicos, de protección de derechos y demandas políticas, incluido el derecho a la autodeterminación, haciendo hincapié en la falta de oportunidades de empleo para la juventud.
El gobierno de Marruecos incumple sus obligaciones reconocidas en el Derecho Internacional y no favorece una consecución de una salida pacífica y justa a la situación, que ya dura 40 años. Según un informe filtrado del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO), el gobierno de Marruecos habría intentado convencer a las NN. UU. para que miraran para otro lado, haciendo donaciones importantes a la oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) con la intención expresa de influir las decisiones de este organismo, presionando para cancelar misiones de investigación en el área por altos funcionarios y tratando de detener un mandato de la ONU dirigido a vigilar los abusos de derechos humanos.
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León es consciente de la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental y de la sensibilidad de esta cuestión para la opinión pública española que, más allá de toda tendencia ideológica, es sensible a esta causa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León:
1. Instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la nación a que asuma un papel más activo en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (del que España es miembro no permanente para el bienio 2015-2016), impulsando la toma de decisiones y la aprobación de resoluciones dirigidas a encontrar una solución política, pacífica, duradera e inmediata, bajo la premisa de la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de los principios y disposiciones de la Carta de Naciones Unidas.
2. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que realice los esfuerzos necesarios para que se reanuden cuanto antes las negociaciones entre las partes, suspendidas en 2012.
3. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación que vele por el respeto integral de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental, emplazando a que se dote a la MINURSO de un mandato para la supervisión de los derechos humanos que en la actualidad no tiene.
4. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que promueva un seguimiento activo de la legalidad de las prácticas de explotación de los recursos naturales en el territorio saharaui.
5. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que aumente las partidas de ayuda humanitaria con los campamentos en Tinduf, dada la precariedad de la que sufren actualmente que se ha visto además potenciada por las recientes inundaciones que han destrozado entre 7.000 y 11.500 hogares; y apoye programas de formación y movilidad de la población saharaui.
6. Instan a la Junta de Castilla a que exhorte al Gobierno de la nación a que favorezca el acceso a la nacionalidad española por parte de la población saharaui que así lo desee.
En Valladolid, a 24 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/000473-01
CVE="BOCCL-09-005551"
