PNL/000519-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000506 a PNL/000542.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de marzo de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Virginia Jiménez Campano, Juan Luis Cepa Álvarez, Juan Carlos Montero Muñoz, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería:

ANTECEDENTES

El 11 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen criterios comunes para la asignación de fondos públicos destinados a las Estrategias de Desarrollo Local en el marco de la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y se regulan criterios de selección de proyectos.

La citada Orden es el resultado de la ausencia total de participación en el proceso de las redes de desarrollo rural, que representan a los 44 grupos de acción local de Castilla y León. Como consecuencia de esta falta de participación y del desconocimiento de las distintas realidades de los territorios rurales, la Orden comete errores muy graves.

Entre los criterios para la asignación inicial de fondos públicos a los distintos territorios, se valora el número de municipios de cada zona, pero no se tiene en cuenta el número de localidades. Tampoco se consideran las características de la población (fundamentalmente los índices de envejecimiento y las tasas de masculinidad) ni la evolución demográfica registrada en los últimos años en los distintos territorios.

Por otra parte, la fórmula elegida de justificación de fondos públicos por fases hace imposible aplicar estrategias de desarrollo local y plantear actuaciones a medio plazo, al limitarse en el tiempo las inversiones a aprobar y justificar. La Orden establece que entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de marzo de 2019 se hará una primera evaluación y se premiará a los grupos que hayan comprometido más dinero y que hayan ejecutado más rápidamente su asignación inicial. De esta forma, se propiciará la aprobación de ayudas sin tener en cuenta si contribuyen en mayor o menor medida a fijar población y sin considerar la tipología de los beneficiarios ni el interés de los proyectos para contribuir a un desarrollo equilibrado del medio rural. Solo importará alcanzar el 80 % de compromisos y que los proyectos sean mayoritariamente productivos.

En cuanto a la valoración de los proyectos a subvencionar, se contemplan criterios comunes, que supondrán un 70 % de la puntuación total a otorgar. Esto anula la autonomía de los grupos de acción local y elimina la validez de las estrategias de desarrollo local elaboradas en los territorios de acuerdo con sus características y necesidades particulares.

Dentro de estos criterios, solo se valora el empleo creado, pero no se tiene en cuenta la relación entre los puestos de trabajo y la inversión necesaria para dichos puestos.

Finalmente, la limitación de ayudas a proyectos no productivos a un 20 % del total de fondos públicos elimina por completo la autonomía de los grupos y contribuye aún más a anular la validez de las estrategias de desarrollo local y de los procesos de participación llevados a cabo en los territorios.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

1.º- Se corrijan los errores de la Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen criterios comunes para la asignación de fondos públicos destinados a las Estrategias de Desarrollo Local en el marco de la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y se regulan criterios de selección de proyectos.

2.º- Se apliquen, a través de la apertura de un proceso de participación real de las tres redes de desarrollo rural de Castilla y León, criterios que contribuyan a mejorar la eficacia de la aplicación de la metodología LEADER y que reconozcan la importancia que tienen las estrategias de desarrollo local participativo".

Valladolid, 15 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Virginia Jiménez Campano,

Juan Luis Cepa Álvarez,

Juan Carlos Montero Muñoz,

María Josefa Díaz-Caneja Fernández y

José Luis Aceves Galindo