PNL/000541-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000506 a PNL/000542.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de marzo de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para la garantía del Derecho de Asilo en España y la Unión Europea para su debate y votación en la Comisión de Presidencia:

ANTECEDENTES

La tercera semana de abril de 2015 más de 1.000 personas murieron en aguas del Mediterráneo mientras trataban de alcanzar territorio europeo en endebles embarcaciones. En ese momento la opinión pública despertó, alertada por la tragedia, y descubrió un drama que lleva produciéndose durante décadas en las fronteras europeas. Sin embargo, las organizaciones de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional ya habían alertado de que las muertes se sucederían en el Mediterráneo en primavera, con la llegada del buen tiempo, tras la desaparición de la operación italiana de salvamento Mare Nostrum. Esta fue sustituida por la operación Tritón, peor dotada económicamente, con un mandato único de control de fronteras, no de salvamento; y con un perímetro de acción mucho más restringido.

Desde el pasado abril muchas otras personas han muerto tratando de llegar a Europa huyendo de distintas persecuciones y conflictos, convirtiendo al Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. Según la OIM (Organización Mundial para las Migraciones) al menos 3.770 personas habrían perdido la vida en el Mediterráneo en 2015 (únicamente datos oficiales) y 476 en lo que llevamos de 2016. Estas muertes son consecuencia directa de las políticas migratorias puestas en marcha por la Unión Europea y de las vulneraciones en el derecho de asilo de las personas que tratan de buscar refugio en Europa. Mientras no existan vías legales y seguras de acceso a territorio europeo, las personas seguirán muriendo y las mafias que trafican con personas continuarán operando, ofreciendo rutas cada vez más peligrosas a las personas refugiadas y migrantes.

Esta crisis, además, ha impactado especialmente en los niños y las niñas. Según Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas que llegan a Europa es un menor de edad. Actualmente en Europa, uno de cada cuatro solicitantes de asilo es un menor de 18 años (800 al día). Los niños y las niñas son los más vulnerables entre los que intentan acceder a Europa huyendo de la violencia, el conflicto y la persecución. Están en riesgo de sufrir violencia y abusos, de ser separados de sus familiares durante su viaje a través de Europa, y son especialmente vulnerables a padecer enfermedades como la hipotermia y la neumonía, especialmente con las actuales bajas temperaturas y la falta de estructuras adecuadas para hacer frente al invierno. No podemos olvidar que los niños y las niñas tienen derecho a ser protegidos ante todo por el hecho de ser niños y niñas, independientemente de su estatus migratorio o del de sus familias.

Entre 2007 y 2013 la Unión Europea ha gastado 2.000 millones de euros en blindar las fronteras y sólo 700 en políticas de asilo. Sin embargo, menos del 10 % de los refugiados en el mundo llegan a la UE, la mayor parte se quedan en países limítrofes a los países de los que huyen. Como ejemplo, de los 11.695.806 millones de personas desplazadas por el conflicto en Siria, 6.600.000 son desplazados internos dentro de Siria, 4.597.436 refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto y tan sólo 498.370 han cruzado a Europa, según ACNUR. Es hora de que la Unión Europea asuma sus compromisos internacionales y aplique su propia legislación en materia de asilo y adquiera un compromiso serio con los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

La voluntad política de la Unión Europea para abordar esta crisis humanitaria sin precedentes quedó en serio entredicho al tardar varios meses en adoptar un acuerdo sobre el número de personas refugiadas que podía reasentar cada Estado miembro. No fue hasta el pasado septiembre cuando la UE decidió poner en marcha un programa de reasentamiento para 120.000 personas que ya se encontraban en Grecia e Italia. Distintas organizaciones y fuerzas políticas valoraron ese compromiso como claramente insuficiente dado que Europa cuenta con una población de más de 500 millones de personas. A pesar de ello, y poniendo el foco en el caso español, sólo 18 personas han llegado a nuestro país en el marco de dicho acuerdo. Recientemente una delegación de Podemos viajó a Atenas y Lesvos y pudo comprobar por sí misma que los programas de reasentamiento, tal y como están planteados, no están funcionando. Cuando se ofrece información sobre estos programas a las personas refugiadas no se les explica a qué país de la Unión Europea pueden ser llevados y eso puede significar cualquier lugar desde Hungría hasta Portugal. Las profundas diferencias en los sistemas de protección entre los distintos países y estos altos niveles de incertidumbre están provocando que las personas refugiadas prefieran seguir su camino e intentar solicitar asilo en aquellos países donde cuentan con un cierto soporte social y/o familiar.

Por su parte el REGLAMENTO (UE) N.º 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, conocido como Protocolo Dublín II, ha dificultado que exista un verdadero Sistema Común de Asilo ya que las personas deben solicitar asilo en el primer país de la Unión Europea al que accedan. Dado que no existen vías legales y seguras de entrada de acceso a los Estados miembros, esto supone que los países con frontera exterior de la Unión Europea asumen una responsabilidad mucho mayor que el resto. Este es el caso de Grecia. Sólo en julio de 2015 recibió más personas refugiadas y migrantes que en todo el año 2014.

Es fundamental que España asuma, de una vez por todas, un compromiso firme con el derecho de asilo. España sólo recibe alrededor del 1 % de las solicitudes de asilo de la UE. Según Eurostat únicamente 14.780 personas pidieron protección internacional en 2015 en España. En 2014, por su parte, de las 5.947 solicitudes presentadas sólo 4.768 fueron admitidas a trámite (a valoración). Finalmente sólo a 384 personas se les concedió el estatuto de refugiado y a 1.199 la protección subsidiaria. En el 2015 el Gobierno del Partido Popular se comprometió a reasentar sólo 724 personas sirias, más otras 130 personas (pendientes de reasentar del año 2014), en el marco de un conflicto que, como se señalaba más arriba, ha desplazado ya a más de 11 millones.

El compromiso del Gobierno de España con esta crisis y con el derecho de asilo es, como muestran estos datos, inexistente; y puede resumirse en la siguiente frase de Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, "es una crisis de solidaridad, no una crisis de cifras". Actualmente las personas que tratan de solicitar asilo en Ceuta y Melilla siguen teniendo dificultades extremas para acceder a territorio español y se produce una segregación por origen que impide, en la práctica, solicitar asilo a las personas subsaharianas. Asimismo, las condiciones de acogida de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla siguen siendo muy deficitarias, los traslados a la Península sufren retrasos injustificados y las personas que solicitan asilo en las Ciudades Autónomas ven restringida su libertad de movimiento.

Por otra parte, el sistema de examen y admisión a trámite de las solicitudes de asilo en España es deficitario. Es necesario revisar dicho sistema a fin de ampliar el número de concesiones de asilo y protección internacional que otorga España cada año, para terminar así con un racismo institucional manifiesto que ha situado tradicionalmente a España durante muchos años como uno de los países de la UE con menor número de concesiones de asilo. Es fundamental agilizar el procedimiento y la resolución de todas las solicitudes sin incurrir en retrasos injustificados, como ha ocurrido hasta ahora, con el fin de esperar a que la situación en el país de origen evolucione. Por último, son preocupantes los recortes en materia de acogida de personas refugiadas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular que están impidiendo en la práctica cubrir adecuadamente las necesidades de las personas solicitantes de asilo.

Finalmente, es importante reseñar que esta crisis ha de enmarcarse en su propio contexto y que la política exterior española aplicada por el Gobierno no puede meramente traducirse en perpetuos parches ante problemas que se perciben aislados. Es urgente proceder al análisis estratégico de por qué perviven los conflictos internacionales como el sirio, donde múltiples actores están implicados, y ofrecer alternativas que logren constituirse en iniciativas multilaterales que demuestren altura de Estado. Crisis como esta no son sino el fruto de décadas de políticas erradas tanto en Oriente Medio y Próximo como en África, y una política responsable de asilo, migración y refugio debe ir acompañada de profundas y urgentes transformaciones en nuestra política exterior.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, dada la gravedad de la situación, instan a la Junta a que exhorte al Gobierno de la nación a que ponga en marcha de forma urgente las siguientes medidas concretas:

1. Articular vías legales y seguras de entrada en España para favorecer la lucha efectiva contra redes de tráfico de personas y poner fin al drama humano al que estamos asistiendo en nuestras fronteras. En concreto, restablecer la posibilidad de solicitar protección internacional en todas las embajadas y consulados españolas, tal y como recogía la legislación anterior y se mantiene en el artículo 38 de la Ley 12/2009, y habilitar la concesión de visados humanitarios.

2. Para ello, reglamentar de forma urgente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que lo prevé, facilitar las instrucciones necesarias para poder aplicar esta medida con carácter inmediato en tanto se desarrolla el mismo.

3. Eliminar la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto, especialmente Siria.

4. Agilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a la salud. En la misma línea, flexibilizar los criterios para la reunificación familiar y la extensión de asilo.

5. Trabajar en la adopción de una política común de asilo y, mientras se desarrolla esta normativa, presionar a la UE para que derogue inmediatamente el Reglamento (UE) N.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida.

6. Elaborar instrucciones de cara a ampliar la aplicación de las disposiciones discrecionales recogidas en los artículos 16 y 17 del Reglamento de Dublín III, que permite a los Estados asumir la responsabilidad de estudiar cualquier solicitud de protección, al margen de los criterios de reparto establecidos en el artículo 3, en especial por razones vinculadas al principio de unidad familiar y parentesco, o razones humanitarias.

7. Acordar un paquete de medidas en el seno de la Unión Europea para dar respuesta a las necesidades específicas de protección de la infancia migrante y refugiada, con objetivos concretos y medibles, y con los recursos adecuados para tal fin. El interés superior del menor deberá ser la consideración primordial en la toma de todas las decisiones que puedan afectar a la infancia.

8. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas provenientes de otros países en España, y agilizar el proceso de reubicación ya aprobado por la Comisión Europea y con el que nuestro país se ha comprometido.

9. Desplazar personal de los Ministerios competentes (Interior y Empleo y Seguridad Social) con formación específica en asilo y refugio a Grecia e Italia con el fin de explicar detalladamente en los centros de acogida a las personas refugiadas cómo es el proceso de acogida en España y realizar procesos de acompañamiento a aquellas personas que deseen solicitar asilo en nuestro país.

10. Instar a la Unión Europea a modificar los criterios aplicados en la oferta de los programas de reubicación, permitiendo a las personas refugiadas elegir, al menos, el país de la Unión Europea en el que van a ser reubicados, siempre que existan plazas disponibles.

11. Mejorar sustancialmente las condiciones de acogida de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) situados en Ceuta y Melilla y establecer por norma en 15 días el tiempo máximo de estancia en dichos centros, agilizando los traslados a la Península.

12. Trabajar activamente a nivel internacional para que en el Consejo Europeo del próximo 18 de marzo no se ratifique el acuerdo propuesto entre Turquía y la UE por vulnerar el derecho internacional humanitario y violar el principio de no devolución consagrado en la Convención de Ginebra ratificada por el Estado Español.

13. Mejorar sustancialmente el sistema de examen de las solicitudes de asilo estableciendo criterios más flexibles y reduciendo los tiempos de tramitación. En concreto, modificar la actual política de la Oficina de Asilo y Refugio por la que se inadmiten las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de trata derivando sus casos a la aplicación del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que condiciona la protección internacional a la colaboración de la víctima con las autoridades en la desarticulación de la red de trata, lo que supone una clara vulneración de su derecho a la protección internacional y una puesta en peligro de su vida y su integridad física. Asimismo, acabar con paralización del estudio de las solicitudes de determinadas nacionalidades, que, en principio, parecerían estar en necesidad de protección, en ocasiones apoyadas por posiciones y llamamientos del ACNUR. como son los casos de Ucrania, Norte de Mali o Irak.

14. Modificar la Ley de Asilo 12/2009, que recoge diferentes procedimientos y causas de inadmisión/denegación para las solicitudes presentadas en CIE y frontera (art. 21) frente a las de territorio (art. 20) y asegurar que en ningún caso la admisión a trámite se vea condicionada por el lugar en el que se presente la solicitud. Esto actualmente conlleva una considerable y menor admisión a trámite de las solicitudes presentadas en puestos fronterizos y CIE.

15. Promover una política exterior española y de la UE que, en un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de origen o tránsito. Una política exterior que no priorice los intereses geopolíticos, defensivos o económicos (comercio de armas, recursos naturales como el petróleo, el gas, los minerales, la pesca, etc.) sobre otros asuntos, y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible en esos países y la solidaridad entre los pueblos".

En Valladolid, a 22 de marzo de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos