PNL/000545-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de abril de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000544 a PNL/000546.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante EL PLENO DE LAS CORTES.

ANTECEDENTES

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue aprobada con alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo.

Esta Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal y con garantía pública, lo que supuso un importante avance hacia la consolidación del estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.

Para dar contenido a este derecho se establecía la cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual.

El Sistema se fue implantando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido Popular, en noviembre de 2011. En aquel momento, un 80,7 % de personas beneficiarias encuestadas consideraban positiva o muy positiva la atención que recibían.

En la pasada legislatura, en diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del Gobierno de Mariano Rajoy, éste decidió paralizar el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.

Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró ese Gobierno, correspondientes al año 2012, eliminó la partida correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros.

Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en los Presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causó enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia. Entre ellas destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13 % de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; la reducción en un 15 % de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser exclusivamente a su cargo; la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de dependientes moderados; se introdujo un régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobó criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones que suponían un importante incremento del copago. Además, se permitió a las Comunidades Autónomas establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas, algo que hicieron muchas de ellas.

En definitiva, en la pasada legislatura se redujo el contenido prestacional del derecho y se realizaron importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes; al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia.

Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. Mientras ha caído la aportación de la Administración General del Estado, se ha incrementado sustancialmente la de las Comunidades Autónomas y el copago de los usuarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para:

1. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

2. Modificar la Ley para eliminar las medidas incorporadas en la pasada legislatura, suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal y con equidad.

3. Eliminar el incremento del copago introducido en la pasada legislatura.

4. Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección.

5. Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos de la Ley que lo requieran, como el caso del asistente personal.

6. Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado y la creación de empleo de calidad.

7. Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y potenciar la red de centros y servicios, que generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad.

8. Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar las carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se requieran a partir de las conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación.

9. Incorporar, con carácter inmediato, al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.

10. Promover un Pacto con la Junta de Castilla y León para garantizar la financiación y el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia".

Valladolid, 29 de marzo de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández