4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000546-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de abril de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000544 a PNL/000546.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante EL PLENO DE LAS CORTES.
ANTECEDENTES
El Plan Concertado es el instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.
Su objetivo es mantener y desarrollar la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades. Para ello, el Estado cofinancia proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; prevención e inserción social.
El Plan Concertado se inició en el año 1988 y tuvo un fuerte impulso en sus primeros años. En el primer quinquenio de 1990, el crédito del Plan Concertado experimentó unos incrementos anuales relevantes, por encima del IPC, que permitió consolidar en todo el territorio la Red Básica, así como ampliar los equipamientos complementarios.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se repartieron 86.633.150 euros entre las Comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
La llegada al Gobierno del Partido Popular supuso un enorme retroceso en las políticas sociales, cuya consecuencia fue el deterioro de los servicios públicos, entre ellos, los servicios sociales. En 2012, la dotación del Plan Concertado bajó hasta los 47 millones de euros. En los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 volvió a disminuir situándose por debajo de los 28 millones de euros. Se trata de un recorte de más del 66 % que, precisamente, el Gobierno del PP llevó a cabo en un momento en el que se estima que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social se incrementaba un 200 %.
A ello hay que añadir que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha reformado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y de un modelo que ha favorecido la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas de empleo, etc.
Ello supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.
La reforma provocará un deterioro en la prestación de los servicios sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista, que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.
En el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un gran aumento de la demanda, un incremento de la pobreza y se han disparado problemas sociales como los desahucios, es necesario reactivar y reforzar el Plan Concertado y devolver, con carácter urgente, a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social (sin perjuicio de la necesaria derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).
Según la última memoria publicada (periodo 2012-2013), dentro del ámbito geográfico del Plan Concertado, casi un 99 % de la población recibe cobertura por parte de los Centros de Servicios Sociales, suponiendo éstos, a su vez, un 99 % del total de los equipamientos. Las personas trabajadoras que pertenecían a estos centros superaron las 50.000, que atendieron a más de 8 millones de usuarios. Todo ello está en peligro si no se rectifican las medidas que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a:
1. Adoptar las medidas necesarias para recuperar y reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.
2. Impulsar una modificación legislativa que devuelva a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad".
Valladolid, 29 de marzo de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000546-01
CVE="BOCCL-09-006081"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 13562-13564
BOCCL nº 111/9 del 7/4/2016
CVE: BOCCL-09-006081
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000546-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para recuperar y reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y a impulsar una modificación legislativa que devuelva a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de abril de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000544 a PNL/000546.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante EL PLENO DE LAS CORTES.
ANTECEDENTES
El Plan Concertado es el instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.
Su objetivo es mantener y desarrollar la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades. Para ello, el Estado cofinancia proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; prevención e inserción social.
El Plan Concertado se inició en el año 1988 y tuvo un fuerte impulso en sus primeros años. En el primer quinquenio de 1990, el crédito del Plan Concertado experimentó unos incrementos anuales relevantes, por encima del IPC, que permitió consolidar en todo el territorio la Red Básica, así como ampliar los equipamientos complementarios.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se repartieron 86.633.150 euros entre las Comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
La llegada al Gobierno del Partido Popular supuso un enorme retroceso en las políticas sociales, cuya consecuencia fue el deterioro de los servicios públicos, entre ellos, los servicios sociales. En 2012, la dotación del Plan Concertado bajó hasta los 47 millones de euros. En los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 volvió a disminuir situándose por debajo de los 28 millones de euros. Se trata de un recorte de más del 66 % que, precisamente, el Gobierno del PP llevó a cabo en un momento en el que se estima que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social se incrementaba un 200 %.
A ello hay que añadir que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha reformado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y de un modelo que ha favorecido la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas de empleo, etc.
Ello supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.
La reforma provocará un deterioro en la prestación de los servicios sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista, que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.
En el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un gran aumento de la demanda, un incremento de la pobreza y se han disparado problemas sociales como los desahucios, es necesario reactivar y reforzar el Plan Concertado y devolver, con carácter urgente, a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social (sin perjuicio de la necesaria derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).
Según la última memoria publicada (periodo 2012-2013), dentro del ámbito geográfico del Plan Concertado, casi un 99 % de la población recibe cobertura por parte de los Centros de Servicios Sociales, suponiendo éstos, a su vez, un 99 % del total de los equipamientos. Las personas trabajadoras que pertenecían a estos centros superaron las 50.000, que atendieron a más de 8 millones de usuarios. Todo ello está en peligro si no se rectifican las medidas que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a:
1. Adoptar las medidas necesarias para recuperar y reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.
2. Impulsar una modificación legislativa que devuelva a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad".
Valladolid, 29 de marzo de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000546-01
CVE="BOCCL-09-006081"
