PNL/000661-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de mayo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000660 a PNL/000663.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de mayo de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Uno de los debates políticos más determinantes de los últimos años ha sido el relativo a la financiación de los servicios públicos. En él inciden diversas cuestiones: el nivel de ingresos que permite el modelo fiscal, el sistema de financiación autonómica... y, en particular, la senda impuesta para alcanzar la estabilidad presupuestaria, es decir, los objetivos de déficit de las Administraciones públicas.

En relación con estos objetivos, ha habido dos cuestiones clave. Una ha sido la velocidad en alcanzar la estabilidad presupuestaria, más austericida como hemos sufrido estos años o, por el contrario, más laxa para no dañar a la economía ni a las personas. La segunda cuestión, ésta sí más dependiente de las decisiones de Estado, es el reparto de los objetivos de déficit entre las distintas Administraciones públicas.

Desde hace varios años, hemos denunciado la injusticia impuesta a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, con una asignación del objetivo de déficit impropia del nivel de gasto público que ejecutan, en beneficio de la Administración General del Estado. Injusticia mayor desde un punto de vista cualitativo, si se tiene en cuenta que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gestionan la práctica totalidad de las políticas del Estado de Bienestar.

Hasta la conformación de los nuevos gobiernos autonómicos después de las últimas elecciones, las Comunidades Autónomas, gobernadas casi en exclusiva por la derecha, asumieron sin rechistar los objetivos de déficit impuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La situación actual, con siete presidentes y dos vicepresidentes autonómicos socialistas, ha propiciado que el Ministerio asuma una relajación del objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas, pasando del 0,3 % al 0,7 % del PIB.

Esta variación, tomando el valor del PIB para 2015 dado a conocer con la contabilidad regional por el INE y la previsión de crecimiento del mismo para 2016 facilitada por la Junta de Castilla y León, puede suponer una capacidad de financiación de otros 222 millones de euros para Castilla y León. Pero conviene que esa nueva capacidad de financiación sea destinada, principalmente, a revertir los recortes en el Estado de Bienestar llevados a cabo estos años, tras el oportuno debate parlamentario que concluya con la modificación de la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016, habiendo consultado previamente a los agentes del Diálogo Social.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a remitir a las mismas un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016, para la generación de créditos con cargo al nuevo objetivo de déficit conferido a las Comunidades Autónomas, elevado del 0,3 % al 0,7 % del PIB.

Las prioridades de esos nuevos créditos se centrarán en la reversión de los recortes efectuados al Estado de Bienestar y a la calidad de los servicios públicos. En particular se destinarán prioritariamente a:

1.º La reducción drástica de las listas de espera quirúrgicas, de atención especializada y de pruebas diagnósticas con los medios propios del SACyL.

2.º La supresión del copago farmacéutico para los pensionistas.

3.º El aumento de la financiación del Acuerdo Marco de Servicios Sociales.

4.º La mejora de las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia, favoreciendo la libertad de opción entre cuidados en el entorno familiar y servicios profesionales.

5.º La mejora de las becas en la educación universitaria y no universitaria.

6.º El incremento del empleo público para recuperar la calidad de los servicios públicos.

Para la elaboración del citado Proyecto de Ley, se tendrá en cuenta a los agentes del Diálogo Social".

Valladolid, 9 de mayo de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández