PNL/000744-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2016, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley PNL/000744.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El 28 de julio de 2006, el Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Con fecha 31 de octubre de 2007 las Cortes Generales aprobaron la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, popularmente es conocida como la Ley de Memoria Histórica.

Según declara el preámbulo de la misma, "El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guio la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente eso voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora".

La Ley 52/2007, "de la Memoria Histórica", vino a complementar un conjunto de normas aprobadas con Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión de Centro Democrático a partir de 1976 que suponían, por una parte, la reprobación del Decreto-Ley de 31 de marzo de 1969 firmado por el general Franco, por el que se declaraba la prescripción de todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939 (es decir, el final de la Guerra Civil), y, por otra, trataban de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Algunas comunidades autónomas ampliaron y mejoraron las disposiciones de dichas iniciativas.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre de memoria histórica hace referencia a aspectos tales como los siguientes:

- Juicios sumarios del franquismo, reconociendo el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal".

- Fosas comunes: El Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista.

- Valle de los Caídos. Se regirá por las normas aplicables a lugares de culto y religiosos. Se dispone su despolitización.

- Brigadistas Internacionales: se les concederá la nacionalidad española sin que tengan que renunciar a la propia.

- Nacionalidad para Hijos y Nietos de exiliados. Centro Documental de la Memoria Histórica. Se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica en la ciudad de Salamanca, en el que se integrará el actual Archivo General de la Guerra Civil.

La mayoría de estas disposiciones del exigen un cumplimiento cuyo control se escapa a las competencias autonómicas.

Sin embargo hay un aspecto en el que además de ser necesarios ajustes normativos para garantizar su aplicación y posibilitar una actuación directa por las Comunidades Autónomas pueden realizarse actuaciones concertadas por el conjunto de administraciones públicas. Se trata de la retirada de símbolos franquistas.

La ley establece que los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" deberán ser retirados de los edificios y espacios públicos. La retirada "no será de aplicación cuando [...] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley".

Pues bien, es de público conocimiento que muchos Ayuntamientos han desoído esta obligación legal y permiten de hecho que sigan en pie estos memoriales de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Así, vemos con indignación que hay calles que siguen dedicadas a militares y políticos de aquella infausta época de nuestra historia; o podemos sonrojarnos viendo monumentos en los que se exalta a los caídos de un solo bando. Para qué seguir.

La Ley de Memoria Histórica fue rechazada por el PP argumentando que no significaba sino reabrir heridas; muy al contrario, de lo que se trata es de cerrarlas. Abrir una fosa es cerrar las heridas de los descendientes de quienes las ocupan; no abrirla significa que las heridas que aún están sin cerrar van a continuar en ese estado. Del mismo modo, encontrar símbolos de la dictadura, menciones a sus dirigentes en la nomenclatura de vías públicas constituye un bofetón a la dignidad de los represaliados y sus deudos, recibir un puñado de sal en esa herida aún abierta. Porque hay que partir del hecho de que esas heridas de la Guerra Civil y de la dictadura ni están cerradas ni se van a cerrar de manera inmediata. Sin embargo, la aplicación integral de esta ley ayudará a acortar los plazos.

El espíritu de concordia que trajo la transición democrática, la unión y el entendimiento de los sucesores de los dos bandos de la Guerra Civil que propició nuestra constitución democrática del 78, fruto del consenso, no pueden ponerse en riesgo por la no aplicación de esta ley, muy en concreto, por la desobediencia de algunos Ayuntamientos a cumplir su obligación de retirada de simbología franquista. Y es en este punto donde la Junta de Castilla y León, en pro de rehabilitar a las víctimas y, en la medida de lo posible, ayudar a cerrar esas heridas de las que venimos hablando, debe exigir a los Ayuntamientos el estricto cumplimiento de la mencionada ley.

En este sentido, las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, dice esta Ley, "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de lo sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Dirigirse al Gobierno de España a fin de que por este se adopten e impulsen las medidas necesarias, para que en un plazo máximo de doce meses se produzca la retirada por parte de las Corporaciones Locales de la Comunidad de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, estableciéndose mecanismos de ejecución subsidiaria por parte de la Administración de las Comunidades Autónomas.

2. Adoptar cuantas medidas sean posibles en el ámbito de sus competencias a fin de impulsar la inmediata eliminación por las Corporaciones Locales de los símbolos franquistas a que se refiere el apartado anterior en la Comunidad, incluyendo la retirada de ayudas de la Comunidad Autónoma a los municipios en los que no se produzca esta eliminación.

3. Crear el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Castilla y León, que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936 o la dictadura. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación.

4. Realizar las pruebas genéticas necesarias que permitan la identificación de los restos óseos de las víctimas. Además se constituirá un banco de ADN con los resultados de estas pruebas.

5. Llevar a cabo las actuaciones necesarias, en colaboración con las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas.

6. Crear becas para los universitarios que realicen investigaciones sobre la Memoria Histórica en Castilla y León.

7. Crear líneas de ayuda, para colaborar con los documentales, publicaciones y obras de teatro, cuyo tema central sea el de la Memoria Histórica en Castilla y León.

8. Elaborar un listado de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, que sirva de homenaje y recuerdo a las mismas.

Valladolid, 19 de febrero de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández