PNL/000745-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000745 a PNL/000765.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez y Félix Díez Romero, procuradores pertenecientes al grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Economía y Hacienda

ANTECEDENTES

La Comisión Europea definió en 2011 la Responsabilidad Social Empresarial como "la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad". Se considera que "el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad". En cualquier caso, el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial necesita ser impulsado y apoyado por una legislación pública que prime las buenas prácticas sociales, laborales y medioambientales, que pueden ir en sintonía con el art. 118.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011) o con legislación europea como la Directiva 2014/24/UE sobre inclusión de aspectos sociales, ambientales e innovadores en la contratación pública.

En la actualidad estamos asistiendo a una contratación pública poco eficiente en lo económico, en lo social, en lo medioambiental. Según el Observatorio de la RSE, en el IBEX35, donde están los grupos empresariales que absorben buena parte de la contratación pública, 32 de las 35 sociedades de nuestro principal índice bursátil operan en paraísos fiscales a través de más de 500 sociedades participadas. Empresas que ofrecen mejores precios y consiguen contratos públicos están tributando en paraísos fiscales a través de sociedades interpuestas, vulneran los derechos laborales de las personas trabajadoras, no aplican los mínimos principios de respeto al medioambiente o emplean proveedores que utilizan mano de obra casi esclava en países donde prácticamente no existen los derechos laborales. Esta dinámica de contratación es claramente insostenible, ya que empobrece a las personas trabajadoras y a los entornos donde se implanta. Las plusvalías de estas actividades revierten en paraísos fiscales en muchos casos, por lo que no existe una reversión de los fondos públicos aplicados y se pierde el mecanismo multiplicador del gasto público, haciendo poco eficientes las políticas económicas que promueven la implantación de servicios públicos.

La Administración puede usar su volumen de gasto (entre el 16 % y el 20 % del PIB en la UE) para imponer cláusulas sociales a las empresas contratadas u optar por proveedores que cumplan con ciertos criterios (contratación pública ambiental y socialmente responsable; apoyo a la inclusión social, condiciones laborales). Desde hace casi ya diez años nos encontramos con experiencias en este sentido como la Campaña para las Compras Públicas Sostenibles Procura+, en 13 países de la UE, a la que se sumaban en España ciudades como Barcelona, Badalona o Vigo; también el Sistema Nacional de Salud británico (NHS) o el Gobierno belga. La Red de Ciudades Responsables emprendía un proceso de relación RSC con las partes interesadas, y ése es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña, el Instituto Vasco de la Mujer, la Comunidad Foral de Navarra o la Diputación General de Aragón. Más recientemente, la lista de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que están aplicando ya criterios de responsabilidad social en la compra y contratación públicas no deja de crecer. Y los resultados comienzan a verse: fijación de la población en las zonas rurales, mejora de las condiciones laborales, mayor cualificación de las ofertas de empleo, concienciación del tejido empresarial... Son muchos los Ayuntamientos y varias las Comunidades Autónomas que están aplicando ya criterios de responsabilidad social en la compra y contratación públicas.

Las Contrataciones Públicas Socialmente Responsables (CPSR) fueron definidas en 2011 por la Comisión Europea, como "las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social (incluidas las personas con discapacidad), igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todos, consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético y un cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social de las empresas (RSE), a la vez que se respetan los principios consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y las Directivas de contratación". La Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, señala que "la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación de las pequeñas y rnedianas empresas en la contratación pública y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes". Esta Directiva refuerza la legalidad de las cláusulas sociales. La interpretación de esta Directiva por parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria es también contundente y señala que "Europa ya lo ha expresado claramente. Ahora, es el turno de las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales de aplicar los contenidos de la nueva directiva y hacer de la contratación pública una verdadera herramienta política que desarrolle todo su potencial impacto en los ámbitos social y ambiental".

En este escenario, el Gobierno de Castilla y León debe primar a las empresas que se comporten de forma responsable y penalizar en las contrataciones a empresas que fomenten la precariedad en el empleo.

Se hace necesario un nuevo marco de contratación pública que, respetando los límites legales, ponga cordura en las licitaciones y vele por los intereses de la ciudadanía en el corto y en el largo plazo. Y, necesariamente, ese nuevo marco pasa por introducir la sensibilidad social en la actividad económica de la administración pública. Valorar el respeto medioambiental, el cumplimiento de la normativa laboral internacional dentro y fuera de nuestras fronteras, la responsabilidad en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, la gestión igualitaria en las políticas de contratación y conciliación, o la contratación de colectivos desfavorecidos, redunda en la potenciación de un tejido empresarial más responsable, que genera comportamientos ejemplares, evita prácticas reprobables y ofrece un refuerzo cultural positivo en la ciudadanía y en los emprendedores. En el corto plazo son claros los resultados en integración laboral y en la corrección de distorsiones del mercado de trabajo. En el largo plazo, la mejora de condiciones laborales implica una mayor y más equitativa recaudación impositiva, un menor gasto derivado de los problemas de salud laboral, una mayor competitividad del tejido empresarial y una ciudadanía concienciada y vigilante ante los desequilibrios sociales y la corrupción.

Tenemos la oportunidad de convertir Castilla y León en un modelo de eficiencia y sostenibilidad empresarial, estableciendo una cultura de convivencia y respeto entre personas trabajadoras y empresas. Tenemos, incluso, la posibilidad de actuar como pioneros en la exportación de un modelo ejemplar a otras Comunidades Autónomas y al resto de la Unión Europea. En definitiva, es el momento más indicado para dejar a un lado los modelos de contratación pública que se han mostrado claramente erróneos y empezar a incentivar buenas prácticas empresariales; proteger la sostenibilidad de los servicios públicos; incrementar la calidad de vida de las personas trabajadoras; fomentar la puesta en marcha de pequeñas empresas no basadas en estrategia de precios bajos, sino en calidad, innovación o en mayor servicio al cliente; favorecer una cultura de consumo responsable; potenciar una cultura empresarial de responsabilidad rentable; mejorar las condiciones de PYMEs y autónomos en su acceso a las contrataciones públicas y evitar chantajes económicos y laborales de grandes empresas implantadas en Castilla y León.

Por ello, la Junta de Castilla y León debe impulsar estudios para evaluar la viabilidad de incluir cláusulas de compra y contratación pública y responsable en obras, servicios y suministros desde sus Consejerías.

Esperamos que la Junta se ponga a trabajar de forma firme y decidida en la incorporación de cláusulas de responsabilidad social en la contratación por parte de la Administración Autonómica, para que Castilla y León no sea en esto también una Comunidad Autónoma rezagada.

Por todo ello presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Presentar en esta Cámara, en el plazo de seis meses, estudios, informes técnicos y recopilación de propuestas por parte de la ciudadanía y colectivos sociales, para detectar las vías más eficaces y eficientes en la inclusión de cláusulas de contratación pública responsable, así como para revelar las limitaciones y puntos críticos de dichas vías. Se analizará la aplicación en Castilla y León de la legislación vigente y aplicables a nivel estatal, incluyendo el artículo 118 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Se desarrollarán mesas sectoriales permanentes para favorecer la creación de normativas que promuevan la responsabilidad empresarial en el ámbito laboral, social, medioambiental.

2. Iniciar una dinámica de buenas prácticas en la Administración de Castilla y León para que todas las licitaciones públicas a partir de 2018 y al menos la mitad de las publicadas en 2017 incluyan requisitos o baremaciones en forma de cláusulas de compra y contratación pública responsable, considerando legislación existente como los artículos 60 y 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se tenga en cuenta aspectos como:

a. El respeto a los derechos laborales, la calidad de vida de las personas trabajadoras, la conciliación de la vida familiar y laboral, salarios dignos, fomento de la estabilidad en el empleo y el fomento del trabajo digno directa e indirectamente contratado, así como dentro y fuera del territorio nacional.

b. La ausencia de cualquier tipo de discriminación en el trabajo, la aplicación activa de políticas de equidad de género y la incorporación de personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social. A este respecto se considerarán políticas activas sobre estos colectivos, entre otras, aquellas que cumplen con las normativas de Centros Especiales de Empleo.

c. La ausencia de prácticas de corrupción y financiación ilegal de partidos políticos.

d. La transparencia en la gestión y en el gobierno de la empresa, incluyendo la elaboración de informes de impacto social o los mecanismos de diálogo y rendición de cuentas con sus stakeholders o grupos de interés.

e. La responsabilidad y transparencia en el pago de impuestos dentro y fuera de Castilla y León, así como la ausencia de prácticas de ingeniería fiscal relacionadas con paraísos fiscales.

f. El cumplimiento de la normativa de crédito comercial y el desarrollo de buenas prácticas de pago hacia proveedores autónomos y PYMEs.

g. Fomento del consumo responsable y accesible, y asegurar, en los casos en que corresponda, la prestación de servicios públicos sostenibles y de calidad.

h. Fomento de la calidad, la investigación y la innovación.

i. Fomento de fórmulas participativas en el ámbito económico y de toma de decisiones de la empresa, así como la protección activa al derecho de organización de los trabajadores dentro de las empresas. A este respecto se considerarán fórmulas participativas especialmente las incluidas dentro de la economía social, como las cooperativas y las sociedades laborales.

j. Evaluación, prevención y minimización de la huella medioambiental en todos sus procesos de actividad, incluido el empleo de recursos humanos y materiales de proximidad.

k. Cualquier otro aspecto derivado de los estudios, informes técnicos y consultas recogidos en el apartado 1 de esta proposición no de ley.

3. Transferir, a través de publicaciones y acciones formativas, a los Ayuntamientos de Castilla y León el "saber hacer" referido a la inclusión de cláusulas de compra y contratación responsable en la Administración de Castilla y León durante 2017.

4. Aplicar las determinaciones de la Directiva 2014/24/UE sobre inclusión de aspectos sociales, ambientales e innovadores en la contratación pública, siempre dentro en el marco de sus competencias, es decir, con estricto respeto a la legislación básica definida en la Disposición Final Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".

Valladolid, 25 de mayo de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

Félix Díez Romero

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos