PNL/000759-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000745 a PNL/000765.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Sánchez Muñoz, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario PODEMOS CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión de Cultura y Turismo.

ANTECEDENTES

Desde mediados del siglo XX se establece la colaboración necesaria e imprescindible entre el Ministerio de Educación y Ciencia, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos que soliciten la creación de una Biblioteca Pública Municipal. Así, se considera que las Bibliotecas Públicas Provinciales (BPP) fuesen la "cabecera" de las Bibliotecas Públicas Municipales (BPM) y de los servicios bibliotecarios móviles (Bibliobuses). Por tanto, el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas (CPCB) era una sección de la Biblioteca Pública Provincial y de los servicios bibliotecarios de la provincia.

Con las transferencias y la normativa legal, el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León no tiene por qué ser menos eficaz que hasta aquel momento, supone en realidad una mejora siempre que se trabaje en profundidad y que las Administraciones Públicas implicadas cumplan sus compromisos: Administraciones autonómica y local.

La Ley 9/1989, de 30 noviembre, de Bibliotecas de Castilla y León, fija esta estructura:

Consejo de Bibliotecas de CyL, la Biblioteca de CyL y Bibliotecas y Servicios bibliotecarios de cualquier titularidad integrados en el Sistema.

Por el Decreto 37/1991, de 28 febrero, se regula el Consejo de Bibliotecas de Castilla y León.

Por el Decreto 56/1991, de 21 de marzo, se regulan la estructura y funciones de la Biblioteca de Castilla y León.

Por el Decreto 214/1996, de 13 de septiembre, se aprueba el reglamento de los Centros y Servicios bibliotecarios integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.

Y, finalmente, por el Convenio de colaboración 1/9/1997, se establece que la organización de los Servicios Bibliotecarios y la coordinación de funciones se desarrollará a través de una Comisión provincial de bibliotecas integrada por dos representantes de cada Diputación y dos de la Junta de Castilla y León.

Como resultado de la normativa citada anteriormente, y con el objetivo fundamental de acercar libros y documentos hasta el último lugar de nuestra Comunidad, para cubrir un mínimo grado de lectura y combatir las carencias culturales, queda la siguiente estructura:

Organización central: Conserjería de Educación y Cultura, Consejo de Bibliotecas de Castilla y León y Biblioteca de Castilla y León.

Organización periférica: Sistema Bibliotecario de Castilla y León, Sistemas Provinciales de Bibliotecas, así como comarcales y urbanas donde la Junta participe mediante convenio.

El Sistema Bibliotecario de Castilla y León adolece actualmente de unos desequilibrios importantes, sobre todo en el mundo rural. Las competencias y directrices le corresponden a la Junta de Castilla y León, que comparte el desarrollo de los servicios bibliotecarios rurales con las Diputaciones Provinciales, a través de la delegación de funciones y de los Sistemas Provinciales de Bibliotecas.

Está bien estructurado y cuenta con una normativa suficiente para poder desarrollar una correcta política bibliotecaria y de fomento de la lectura, desgraciadamente esta normativa no funciona en todas las provincias por igual, la delegación de funciones en materia de bibliotecas de las Diputaciones Provinciales es muy desigual, lo que repercute en el funcionamiento y resultados de los Sistemas Provinciales: Bibliotecas Públicas Municipales y Bibliobuses.

A las relaciones institucionales entre la Junta y las Diputaciones Provinciales les falta entusiasmo, rigor, cooperación y eficacia. Tampoco con los Ayuntamientos hay una relación cercana, ni siquiera se han firmado los convenios previstos en la legislación.

Como consecuencia, las instalaciones de las Bibliotecas Públicas Municipales tienen, salvo excepciones notables, muchas deficiencias y sus servicios bibliotecarios no alcanzan los niveles que se necesitan para el fomento de la lectura en el mundo rural, cada vez más despoblado.

También la falta de un proyecto político de impulso de estos servicios de lectura afecta a los Bibliobuses. La flota de treinta y un bibliobuses existentes en Castilla y León, está envejecida por falta de inversiones y se requiere una actuación urgente; incrementando las inversiones propias de la Junta previstas en el II Plan de lectura, que son claramente insuficientes, quizás se necesitaría que la Junta promueva patrocinios externos.

Por otra parte, hay dos ejes fundamentales del sistema: la Biblioteca de Castilla y León y las nueve Bibliotecas Públicas Provinciales que no funcionan correctamente porque incumplen los reglamentos y sus funciones, la primera como cabecera del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León y las segundas como cabeceras de los Sistemas Provinciales de Bibliotecas.

Por todo lo expuesto, planteamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1- Que las directrices y competencias de la Junta de Castilla y León, en materia de Bibliotecas, sean claras y ejecutivas con respecto a las instituciones colaboradoras: Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con biblioteca pública municipal.

2- Que exhorten a las Diputaciones Provinciales a ejecutar con diligencia las directrices que le marque la Junta de Castilla y León, con el fin de ir equilibrando las carencias y desequilibrios en los Sistemas Provinciales de Bibliotecas de Castilla y León. En el caso de que alguna Diputación incumpliera tales directrices, deberá renunciar al convenio.

3- Que la Biblioteca de Castilla y León cumpla sus funciones como cabecera del Sistema Bibliotecario de Castilla y León, de acuerdo con las funciones que marca su reglamento.

4- Que las nueve BPP sean realmente las bibliotecas centrales de su provincia y coordinen los servicios bibliotecarios de todas las Bibliotecas Públicas Municipales y Bibliobuses.

5- Que la oficina técnica de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas tenga su sede en las nueve BPP. Para ello es necesario modificar la RPT de estas bibliotecas creando esta oficina técnica con un mínimo de tres personas.

6- Que la gestión de los Bibliobuses de acuerdo con el convenio de la delegación de funciones de 1996, la ejecuten las Diputaciones de acuerdo con las directrices dictadas por la Junta y que el personal de Bibliobuses esté integrado en la plantilla de las Diputaciones.

7- Que, no obstante de la planificación de rutas, servicios y horarios (jornada especial ininterrumpida de mañana y tarde), deberán ser organizados por el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de las nueve BPP, por tratarse de servicios bibliotecarios de su competencia. Eliminar con carácter urgente situaciones discriminatorias de personal como la plantilla de trabajadores de Bibliobuses de Zamora que continúa sin estar adscrita a ninguna de las dos administraciones.

8- Que las nueve Comisiones Provinciales de Bibliotecas, funcionen con regularidad y se planteen como objetivo cumplir las directrices de la Junta y armonizar el funcionamiento de los servicios bibliotecarios de su provincia.

9- Dotar a las bibliotecas con los fondos bibliográficos y documentales según la diversidad social.

10- Señalizar las bibliotecas en Braille y en las lenguas utilizadas por los grupos étnicos de la Comunidad así como con los signos internacionales no verbales".

Valladolid, 6 de junio de 2016.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos