4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000762-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000745 a PNL/000765.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo, Fernando Pablos Romo, Ana M.ª Agudíez Calvo, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:
ANTECEDENTES
El 30 de abril de 2014 los Rectores de las Universidades españolas, en representación de la Comunidad Educativa, reclamaron el fin de las medidas excepcionales que todavía afectan en estos momentos a la Universidad. El origen del problema radica en el RDL 14/2012, de 20 de abril, de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo". En esta norma se modificó el párrafo primero del apartado b) del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A raíz de este cambio legislativo, se estableció que los precios públicos por servicios académicos debían cubrir una serie de porcentaje de los costes de la prestación del servicio.
Así, en las enseñanzas de Grado, los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. En las enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los porcentajes que cubren los costes de la prestación del servicio son idénticos. En cambio, en las enseñanzas de Máster que no habilitan para el ejercicio de actividades profesionales, estos porcentajes son mucho más elevados, debiendo cubrir entre 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula.
Cuando se formuló el RDL 14/2012 se apeló al carácter excepcional de la situación económica por la que pasaba el país. Pero en estos momentos, la coyuntura económica ha cambiado y ya no están justificadas algunas de las medidas que se adoptaron en este RDL.
Junto a ello, también hay que destacar las negativas consecuencias que ha tenido un aumento muy sustancial de las tasas universitarias. La más relevante ha sido una disminución de la igualdad de oportunidades. Los alumnos con menos recursos económicos han visto mermadas sus posibilidades de acceder a la Universidad. Sólo una ambiciosa política de becas podría haber revertido esta funesta consecuencia. Pero el mismo RDL 14/2012 agravó este problema, dificultando mucho más el acceso a las becas a aquellos estudiantes con menos recursos. El artículo 7 del RDL 14/2012, de 20 de abril, de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", estableció que los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que corresponda al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza, dejando a las Comunidades Autónomas la diferencia entre el precio público y lo que cubría la ayuda de los Presupuestos Generales del Estado. Las cifras muestran que tras la aprobación del RDL 14/2012, el número de becas y el importe destinado a éstas disminuyó en nuestro país. Así, en el curso universitario 2011-2012, en España había 1.044.914 becas financiadas por el Ministerio y todas ellas sumaban la cantidad de 1.094.869.700 euros. Las últimas estadísticas disponibles por parte del Ministerio de Educación son del curso 2013-2014. En ellas se observa 135.234 becas y 209.537.000 euros menos respecto a antes de la aprobación del RDL 14/2012. El esfuerzo presupuestario realizado por las Comunidades Autónomas no ha sido capaz de cubrir estos recortes.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para:
1. Suprimir todas las medidas excepcionales establecidas mediante el RDL 14/2012 que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera.
2. Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades.
3. Establecer el carácter de las becas como derecho subjetivo de todas las personas con necesidad de ayuda para igualar oportunidades. Promover programas de becas de excelencia y de becas-salario, para las familias con más necesidades.
4. Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos del anterior gobierno o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis. Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de máster en universidades públicas".
Valladolid, 8 de junio de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,
Fernando Pablos Romo,
Ana María Agudíez Calvo,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
José Ignacio Martín Benito
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000762-01
CVE="BOCCL-09-009079"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 17929-17931
BOCCL nº 148/9 del 22/6/2016
CVE: BOCCL-09-009079
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000762-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para un nuevo marco estatal de precios públicos para las matrículas de las universidades, para su tramitación ante la Comisión de Educación.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000745 a PNL/000765.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo, Fernando Pablos Romo, Ana M.ª Agudíez Calvo, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:
ANTECEDENTES
El 30 de abril de 2014 los Rectores de las Universidades españolas, en representación de la Comunidad Educativa, reclamaron el fin de las medidas excepcionales que todavía afectan en estos momentos a la Universidad. El origen del problema radica en el RDL 14/2012, de 20 de abril, de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo". En esta norma se modificó el párrafo primero del apartado b) del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A raíz de este cambio legislativo, se estableció que los precios públicos por servicios académicos debían cubrir una serie de porcentaje de los costes de la prestación del servicio.
Así, en las enseñanzas de Grado, los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. En las enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los porcentajes que cubren los costes de la prestación del servicio son idénticos. En cambio, en las enseñanzas de Máster que no habilitan para el ejercicio de actividades profesionales, estos porcentajes son mucho más elevados, debiendo cubrir entre 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula.
Cuando se formuló el RDL 14/2012 se apeló al carácter excepcional de la situación económica por la que pasaba el país. Pero en estos momentos, la coyuntura económica ha cambiado y ya no están justificadas algunas de las medidas que se adoptaron en este RDL.
Junto a ello, también hay que destacar las negativas consecuencias que ha tenido un aumento muy sustancial de las tasas universitarias. La más relevante ha sido una disminución de la igualdad de oportunidades. Los alumnos con menos recursos económicos han visto mermadas sus posibilidades de acceder a la Universidad. Sólo una ambiciosa política de becas podría haber revertido esta funesta consecuencia. Pero el mismo RDL 14/2012 agravó este problema, dificultando mucho más el acceso a las becas a aquellos estudiantes con menos recursos. El artículo 7 del RDL 14/2012, de 20 de abril, de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", estableció que los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que corresponda al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza, dejando a las Comunidades Autónomas la diferencia entre el precio público y lo que cubría la ayuda de los Presupuestos Generales del Estado. Las cifras muestran que tras la aprobación del RDL 14/2012, el número de becas y el importe destinado a éstas disminuyó en nuestro país. Así, en el curso universitario 2011-2012, en España había 1.044.914 becas financiadas por el Ministerio y todas ellas sumaban la cantidad de 1.094.869.700 euros. Las últimas estadísticas disponibles por parte del Ministerio de Educación son del curso 2013-2014. En ellas se observa 135.234 becas y 209.537.000 euros menos respecto a antes de la aprobación del RDL 14/2012. El esfuerzo presupuestario realizado por las Comunidades Autónomas no ha sido capaz de cubrir estos recortes.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para:
1. Suprimir todas las medidas excepcionales establecidas mediante el RDL 14/2012 que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera.
2. Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades.
3. Establecer el carácter de las becas como derecho subjetivo de todas las personas con necesidad de ayuda para igualar oportunidades. Promover programas de becas de excelencia y de becas-salario, para las familias con más necesidades.
4. Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos del anterior gobierno o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis. Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de máster en universidades públicas".
Valladolid, 8 de junio de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,
Fernando Pablos Romo,
Ana María Agudíez Calvo,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
José Ignacio Martín Benito
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000762-01
CVE="BOCCL-09-009079"
