PNL/000769-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de junio de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000766 a PNL/000769.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de junio de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, de acuerdo con los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno:

ANTECEDENTES

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo que los alrededor de 850.000 españoles jóvenes entre 16 y 29 años que no estén cursando estudios, formación ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir una oferta de empleo o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

Financiada, en parte, por fondos de la UE, su dotación presupuestaria se acordó en 2014 en el marco de unas ásperas negociaciones para fijar el presupuesto septenal de la Unión. Los 1.800 millones de euros que finalmente correspondían al plan en España, han sido financiados con 943 millones provenientes de las arcas de Bruselas. Este montante fue reclamado con urgencia y apremio por el Gobierno de España, quien lejos de explicar que los jóvenes españoles no podían esperar más tiempo careciendo de oportunidades de empleo y de formación de calidad, aseguró querer cobrarlos para reducir la cifra del déficit público de aquel año, confirmando su total insensibilidad hacia el dramático problema de la desocupación de los jóvenes.

El Plan Nacional de Garantía Juvenil es el mecanismo que debería de haber servido para implementar en España los objetivos de la Garantía Juvenil desde 2013. Su ámbito demográfico ha sido extendido a los mayores de 25 años y menores de 30 en 2015, alcanzando así 1.000.000 de personas como población objetivo. Todas las comunidades autónomas cumplen con los requisitos de elegibilidad para participar en la puesta en práctica de la Garantía Juvenil.

Tal como insistió la Comisión Europea en la presentación de esta iniciativa comunitaria, el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema de Garantía Juvenil exige una estrecha cooperación entre todas las principales partes interesadas: administraciones públicas, servicios de empleo, centros de orientación profesional, centros de educación y formación, servicios de apoyo a la juventud, empresas, empleadores, sindicatos, etc. Es más, la Comisión Europea ha ayudado a todos los países de la UE a elaborar su propio Plan Nacional de Aplicación de la Garantía Juvenil y a empezar a aplicarlo.

En su proceso de evaluación continua del plan, la Comisión Europea ya recomendó a España en 2015 "adoptar medidas para incrementar la calidad y la eficacia de la asistencia y consejo en la búsqueda de empleo como vía para reducir el desempleo juvenil". Para colmo, en su informe de 2016, el Ejecutivo de la UE remacha que "la tasa de paro juvenil sigue siendo alta y el sistema nacional de Garantía Juvenil no está produciendo los resultados esperados, manteniéndose bajas las cifras de inscritos al Plan".

Según las cifras disponibles, la aplicación del plan en España está resultando decepcionante. El número de inscritos en el mismo es muy bajo, ya que sólo un 17 % de la población diana lo ha hecho. Si el programa prevé la participación de un millón de personas, hasta finales de 2015 sólo se habían inscrito 211.290, y sólo 59.281 han encontrado a través del plan una ocupación o formación profesional. Es más, a finales de 2015, sólo había en curso 8.000 operaciones de empleo juvenil en el marco de la Garantía Juvenil en España.

A todo esto, hay que añadir que la población activa juvenil en el conjunto de España ha declinado un 0,7 % entre el último trimestre de 2014 y el último trimestre de 2015, y el conjunto de la población activa un 0,5 %, lo que significa que la reducción de la tasa de paro juvenil viene inflada por una reducción de la población juvenil en busca de empleo.

A estos datos se añaden fallos en la implementación que generan una descoordinacián entre administraciones. Uno de los más claros es la falta de un organismo visible que coordine los procesos de implementación autonómicos a nivel estatal, pues entre las comunidades autónomas hay grandes diferencias.

También se percibe una estrategia excesivamente orientada a la reducción de cuotas de la Seguridad Social facilitando la contratación a través de empresas. Las oficinas de empleo públicas sólo mediaron el 1,7 % de los empleos conseguidos por asalariados en el año 2015. Hay una tensión entre la mejora a través de innovación en políticas activas de empleo frente a la reducción de costes laborales. Al final se gasta más dinero en conseguir reducir costes laborales que faciliten la contratación que en mejorar un modelo de formación e inserción en el mercado laboral para que sea más intensivo y eficaz. El objetivo debería ser aumentar la empleabilidad y los recursos disponibles para los jóvenes a la hora de buscar trabajo.

Otro serio problema que hemos detectado es que no hay una apuesta clara por la calidad del trabajo ofertado, en contraste con la propia recomendación europea. En el plan de garantía juvenil se obvia completamente esa parte de la recomendación (apartado 5 de la recomendación 2013/C 120/01) y se formula el objetivo del programa (artículo 90) como sigue:

"a) Qué todos los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d), no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas, a través de la implantación de un Sistema de Garantía Juvenil (...)."

Por otro lado, creemos que se hace un excesivo hincapié en el emprendimiento empresarial. Esta estrategia no es negativa por sí misma, pero puede llevar a una atomización del problema de los jóvenes desempleados. En diciembre de 2015, se registraron 88.000 nuevas afiliaciones como autónomos a la Seguridad Social; es visible una tendencia al alza en esa cifra. Sin embargo, no disponemos de un plan de seguimiento del resultado de todos estos nuevos emprendimientos, por lo que resultaría osado afirmar que sea la iniciativa es exitosa. Antes bien, cabe afirmar que los costes individuales del fracaso de un emprendimiento juvenil son grandes en una sociedad como la española, en la que se rara vez se provee de segundas oportunidades. En contraposición a este monocultivo del emprendimiento individual, merece la pena valorar y apostar en favor de la Economía Social y Solidaria, una alternativa económica que sitúa el bienestar social como principal objetivo.

Por último, y en paralelo, es necesario mejorar la interlocución entre instituciones, jóvenes desempleados y entidades/asociaciones juveniles para el diseño, implementación y evaluación del programa. Una de las principales razones para esta descoordinación y falta de comunicación es la inexistencia de un organismo responsable para esta cuestión que articule redes fuertes entre actores implicados. Dada la urgencia de la situación y la diversidad de situaciones que encontramos en todo el territorio, proponemos la creación de una federación de agencias públicas de empleo dentro del SEPE, la cual serviría para coordinar, monitorear y evaluar las acciones llevadas a cabo dentro del plan GJ. Esta idea se inspira en el modelo seguido en Bélgica, la federación de agencias de empleo público "Synerjob". Esta organización tiene como principal finalidad coordinar de la acción de las cuatro agencias públicas de empleo que existen en el país y nace en 2007 buscando una cooperación entre agencias para afrontar el problema del desempleo juvenil y la inactividad con una perspectiva más proactiva.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:

1. A incluir criterios de calidad para los empleos ofertados en el plan de Garantía Juvenil de Castilla y León, así como a formalizar la intención de ofrecer puestos de calidad incluyéndola en las normas vigentes relacionadas con la Garantía Juvenil. Dichos criterios de calidad tendrán que ser consensuados con los actores implicados en el programa.

2. A exigir del Gobierno de España la creación de una oficina nacional que coordine a los actores implicados en la implementación del plan y lleve a cabo la monitorización y evaluación de la Garantía Juvenil España. Esta oficina se inspiraría en la federación de agencias públicas de empleo belga, "Synerjob".

Además, esta federación debería servir para compartir las experiencias de las agencias autonómicas para retroalimentarse positivamente y añadir los aspectos positivos que cada modelo autonómico tiene en relación al plan.

3. A realizar un estudio de la población diana del programa, haciendo especial hincapié en aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, para así poder dirigirse a ellos con campañas más efectivas y poder hacer un trabajo más adaptado a sus necesidades y perfiles. Es decir, incorporar al enfoque actual muy centrado en la oferta (empresas) la demanda (desempleado joven).

4. A establecer mesas de coordinación y evaluación de la Garantía Juvenil con los principales actores implicados y representantes de la juventud, tales como el Consejo de Juventud de Castilla y León o asociaciones juveniles, para realizar un correcto seguimiento del plan e incluir posibles mejoras.

5. A fijar unos objetivos cuantitativos en las acciones formativas, educativas y de empleo a realizar por el programa una vez se obtenga un estudio más pormenorizado de la población diana a la que se dirige el programa y a la que se refiere el punto 3 de la presente proposición.

6. A establecer un cronograma en que se detalle cuándo se van a realizar las acciones descritas anteriormente y comprometerse a cumplirlo.

7. A realizar un plan de difusión y comunicación del programa, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

8. A mejorar la inscripción, para facilitar el acceso a todos los jóvenes beneficiarios en las mismas condiciones, pudiendo utilizar otros medios que no sean únicamente los telemáticos.

9. A ofrecer a los inscritos recursos como prácticas en empresas, formaciones u ofertas de empleo en el portal web de Garantía Juvenil para que ponga en contacto a la juventud con el mercado laboral y no sirva únicamente para realizar la inscripción.

10. A que se facilite al Consejo de la Juventud de Castilla y León los datos de los jóvenes que hayan recibido cualquiera de las acciones antes los cuatro meses desde su inscripción para una mejor evaluación de la estrategia del Plan de Garantía Juvenil.

11. A que los cuatro meses que marca la estrategia de Garantía Juvenil para que un joven esté activo desde que se inscribe sean de obligado cumplimiento y no una mera recomendación.

12. A facilitar el acceso igualitario a todos los jóvenes a las medidas procedentes de Garantía Juvenil, becando el transporte, en aquellos casos en los que fuese necesario.

13. A fortalecer la capacitación técnica a través de la mejora de los conocimientos de profesionales en los objetivos y la implementación real de la Garantía Juvenil.

Valladolid, 23 de junio de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos