4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
451. Mociones
M/000155-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite la Moción, M/000155, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general en materia de educación, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de septiembre de 2016.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000155-01 relativa a política general en materia de educación:
ANTECEDENTES
Durante el pleno celebrado los días 6 y 7 de septiembre, cuatro de los cinco grupos representados en la Cámara han mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra nuestro sistema de educación pública tras cuatro años de gobierno y de recortes del Partido Popular.
La promulgación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo dirigidas a reducir la plantilla de profesorado por la vía del incremento de ratios, del aumento del horario de docencia, del aumento de las horas lectivas, de dejar de cubrir sustituciones hasta pasados 10 días de baja, de la bajada de la tasa de reposición, de la reducción de unidades, de la reducción de enseñanzas, del aplazamiento de la implantación de los nuevos ciclos de FP, ha supuesto en nuestra Comunidad la pérdida de alrededor de 2000 docentes, una tasa de interinidad alrededor del 30 %, el cierre de numerosos centros públicos y la agrupación de otros muchos y, por supuesto, un descenso en la calidad educativa que no ha podido ser paliada por los sobreesfuerzos constantes del profesorado.
No menos ha contribuido la implantación total de la LOMCE. Los aspectos que más conflicto han generado son las evaluaciones externas que conlleva, la elección temprana de itinerarios educativos, la creación de ranking académicos y de centro, la pérdida de soberanía de los consejos escolares y de los centros y, por supuesto, su marcada carga ideológica y su carácter segregador.
El 30 de julio, en pleno periodo estival, un gobierno en funciones publica el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Estas eran las últimas evaluaciones que quedaban por regular y, precisamente, las más controvertidas debido a su carácter excluyente a partir del curso 2017-2018. Toda la comunidad educativa está radicalmente en contra de dichas evaluaciones y es muy grave que algunos padres y madres de nuestra Comunidad hayan denunciado amenazas por parte de la administración cuando han intentado negarse a que sus hijos respondan ante esos tribunales.
Los más de 6000 millones de euros a lo largo de la última legislatura también han dejado huella. Castilla y León invierte en educación lo mismo que hace una década. Nuestra Comunidad sigue teniendo las terceras tasas universitarias más caras del Estado y, si bien es cierto que cuenta con un sistema complementario de becas al del MEC, no es menos cierto que la falta de diligencia a la hora de conceder dichas ayudas las hace, cuanto menos, poco eficientes a la hora de garantizar la igualdad de acceso a los estudios superiores.
Las cuantías de las ayudas son insuficientes y llegan tarde, lo cual no permite a muchos estudiantes el acceso al sistema universitario como demuestra que, de las 10 universidades que más alumnado pierden, 7 son universidades públicas y, 3 de esas 7, son universidades públicas de nuestra Comunidad.
También es preocupante la supervivencia de los proyectos y los equipos de investigación de nuestra Comunidad. El hecho de que este año se hayan cofinanciado las ayudas a la investigación con fondos FEADER no ha hecho más que restringir el número de equipos y de proyectos con derecho a solicitar ayudas puesto que, tras el endurecimiento de los requisitos, era además imprescindible contar con un contrato o convenio con la empresa privada en el momento de realizar la solicitud.
Además, la Junta de Castilla y León ha pospuesto nuevamente la convocatoria de ayudas para la contratación predoctoral de personal investigador. La convocatoria, inicialmente anunciada para abril de 2016 y que ya fue atrasada a junio de 2016, queda aplazada hasta el momento a septiembre del presente año. Esto es, 17 meses después de la última convocatoria (BOCYL-D-21042015-9) de unas ayudas concebidas con carácter anual. El nuevo aplazamiento supondrá, en el mejor de los escenarios, que los contratos anunciados para 2016 se hagan efectivos una vez entrado el 2017. Y esto, sumado a la dilación ya experimentada en las convocatorias anteriores, entraña la probable supresión de una anualidad de las ayudas.
En Castilla y León seguimos sin la partida presupuestaria autonómica destinada a complementar la beca Erasmus, lo cual repercute en la formación de nuestros universitarios/as.
La Junta de Castilla y León se ha negado a abrir los comedores escolares cuando un 34,7 % de los niños y las niñas de Castilla y León están en riesgo de pobreza (125.556 niños/as). 12.664 sufren privación material severa.
En Castilla y León, los 29 centros de titularidad de la Administración Autonómica que existen, los mismos desde el año 2001, para dar cobertura a todos los niños y niñas de entre 0 y 3 años de nuestra Comunidad, incomprensiblemente dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por ser entendidos como un servicio meramente asistencial cuyo fin es la conciliación de la vida familiar y laboral y no parte de una etapa educativa con carácter propio compuesta de dos ciclos. Dichos centros cuentan con 2.241 plazas. Este año, se han recibido un total de 3.159 solicitudes de niños y niñas de 0 a 3 años para las 2.267 plazas existentes, lo cual es a todas luces insuficiente.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León formula la siguiente:
MOCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, en el plazo máximo de dos cursos:
1. Reconocer el carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil incluyendo la gestión de los centros infantiles entre las competencias de la Consejería de Educación así como a aumentar la oferta pública de plazas dependientes de la administración autonómica para dicho ciclo.
2. Eliminar el copago en los programas de conciliación familiar: Madrugadores, Tardes en el Cole y Centros Abiertos.
3. Mantener abiertos los comedores escolares durante los periodos no lectivos procurando que sean los que cuentan con cocina in situ quienes se encarguen de elaborar la comida que se distribuya en el resto de comedores.
4. Reducir la tasa de interinidad, al menos, un 15 % a través de ofertas de empleo docente amplias y de calidad.
5. Recuperar, al menos, el nivel de inversión en Educación existente en el año 2011 en Castilla y León.
6. Incrementar los recursos económicos, materiales y personales destinados a la formación permanente del profesorado.
7. Reducir las tasas universitarias un 27 % para equipararlas a la media nacional.
8. Incrementar el presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio destinadas al alumnado que curse estudios superiores en Castilla y León así como aumentar el número de beneficiarios de las mismas flexibilizando los requisitos y disminuir a un plazo máximo de 3 meses el tiempo de resolución de las mismas desde su convocatoria.
9. Habilitar una línea de ayudas a través de los CEAS, para ayudar a las familias que no puedan hacer frente al gasto que supone la compra de los libros de texto y el material escolar.
10. Recuperar la partida presupuestaria autonómica que desapareció en 2012 destinada a complementar el programa Erasmus.
11. Crear un programa autonómico de movilidad académica para profesores y alumnos/as de ciclos formativos de grado medio y de grado superior dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza y Turquía.
12. Recuperar el apoyo económico a las asociaciones y federaciones de madres y padres de alumnos/as.
13. Impulsar la Educación de Personas Adultas de Castilla y León creando las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a todos los objetivos establecidos en la Ley 3/2002, de 9 de abril, de educación de personas adultas de Castilla y León.
14. Incrementar la inversión en I+D+i hasta alcanzar el objetivo del 3 % del PIB en el año 2020.
15. Convocar, en un plazo máximo de 3 meses, una nueva línea complementaria de ayudas económicas a la que puedan acceder todos los proyectos de investigación que se quedan fuera de las líneas marcadas por la estrategia RlS3 de Castilla y León 2014-2020 y, por tanto, de los requisitos establecidos por la orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
16. Convocar, en el plazo máximo de 3 meses, las ayudas para la contratación predoctoral de personal investigador en Castilla y León.
17. Poner en marcha un Plan de Retorno del Talento Profesional y Científico en colaboración con el resto de instituciones, universidades, organismos públicos de investigación y otros centros.
18. Aumentar la financiación a Parques Científicos y Tecnológicos hasta llegar a niveles del año 2011.
19. No ceder y/o facilitar terrenos públicos para la construcción de centros educativos privados o privados-concertados entendiendo como tal también las Universidades Privadas.
20. Tomar las medidas necesarias para eliminar los conciertos educativos en aquellos municipios en los cuales la red pública garantice una oferta de plazas suficiente para acoger al alumnado de la zona así como a no establecer más conciertos educativos con centros privados.
21. No permitir la implantación de titulaciones universitarias que ya se oferten en el sistema público en la oferta de titulaciones de las universidades privadas de nuestra Comunidad.
22. Eliminar la propuesta de borrador para la creación de los departamentos didácticos de religión en los institutos de Educación Secundaria de nuestra Comunidad.
23. Comenzar las obras del 5.º colegio de Arroyo de la Encomienda, del colegio de Valverde (Segovia), de la 2.ª fase del CEIP de Villalobón (Palencia), de un colegio en Aldeatejada (Salamanca) y de la ampliación de los colegios de Villagonzalo Pedernales (Burgos), las cuatro unidades del CEIP Arcipreste de Hita en el municipio de El Espinar (Segovia), Ponferrada XII (León), CEIP "Los Adiles" en Villaobispo (León), Castellanos de Moriscos en Salamanca o el "Miguel Delibes" de Aldeamayor de San Martín en Valladolid, incorporando a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en 2017 planificación plurianual de cada una de estas inversiones.
24. Comenzar inmediatamente la construcción de los institutos de Educación Secundaria previstos en Arroyo de la Encomienda, La Cistérniga, Carbajosa de la Sagrada, Simancas, Villares de la Reina y Villaquilambre incorporando a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en 2017 la planificación plurianual de cada una de estas inversiones.
25. Suprimir los condicionantes que para el sistema educativo público castellano y leonés supone la existencia de una única área de influencia para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos ubicados en un mismo municipio delimitando nuevas áreas de influencia en cada municipio atendiendo a criterios pedagógicos y socioeconómicos implicando a la comunidad educativa en el diseño y elaboración de este nuevo marco organizativo.
26. Cumplir el compromiso que adquirió con la ciudadanía castellano y leonesa de hacerse cargo por completo de los conservatorios de música profesionales de la Comunidad creando partidas presupuestarias destinadas tanto a la construcción de los edificios del conservatorio de música de la provincia de Zamora y el de la provincia de León como otra destinada a que la administración se haga cargo de los gastos corrientes de los conservatorios de nuestra Comunidad.
27. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para derogar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y revierta, hasta volver a niveles anteriores a su aplicación, todas las medidas y situaciones excepcionales que se ampararon en él.
28. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que proponga e impulse la derogación de la LOMCE y la apertura un proceso de negociación, para aprobar una Ley Educativa que dé estabilidad al sistema educativo de nuestro país.
29. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
30. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para restablecer el carácter no evaluable de la asignatura de religión para que, de este modo, las calificaciones obtenidas en dicha materia no computen académicamente.
31. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para la eliminación de la tasa de reposición de trabajadores públicos en el ámbito educativo.
En Valladolid, a 9 de septiembre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
M/000155-01
CVE="BOCCL-09-011040"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 20276-20281
BOCCL nº 173/9 del 20/9/2016
CVE: BOCCL-09-011040
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
451. Mociones
M/000155-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general en materia de educación, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de septiembre de 2016.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite la Moción, M/000155, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general en materia de educación, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de septiembre de 2016.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000155-01 relativa a política general en materia de educación:
ANTECEDENTES
Durante el pleno celebrado los días 6 y 7 de septiembre, cuatro de los cinco grupos representados en la Cámara han mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra nuestro sistema de educación pública tras cuatro años de gobierno y de recortes del Partido Popular.
La promulgación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo dirigidas a reducir la plantilla de profesorado por la vía del incremento de ratios, del aumento del horario de docencia, del aumento de las horas lectivas, de dejar de cubrir sustituciones hasta pasados 10 días de baja, de la bajada de la tasa de reposición, de la reducción de unidades, de la reducción de enseñanzas, del aplazamiento de la implantación de los nuevos ciclos de FP, ha supuesto en nuestra Comunidad la pérdida de alrededor de 2000 docentes, una tasa de interinidad alrededor del 30 %, el cierre de numerosos centros públicos y la agrupación de otros muchos y, por supuesto, un descenso en la calidad educativa que no ha podido ser paliada por los sobreesfuerzos constantes del profesorado.
No menos ha contribuido la implantación total de la LOMCE. Los aspectos que más conflicto han generado son las evaluaciones externas que conlleva, la elección temprana de itinerarios educativos, la creación de ranking académicos y de centro, la pérdida de soberanía de los consejos escolares y de los centros y, por supuesto, su marcada carga ideológica y su carácter segregador.
El 30 de julio, en pleno periodo estival, un gobierno en funciones publica el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Estas eran las últimas evaluaciones que quedaban por regular y, precisamente, las más controvertidas debido a su carácter excluyente a partir del curso 2017-2018. Toda la comunidad educativa está radicalmente en contra de dichas evaluaciones y es muy grave que algunos padres y madres de nuestra Comunidad hayan denunciado amenazas por parte de la administración cuando han intentado negarse a que sus hijos respondan ante esos tribunales.
Los más de 6000 millones de euros a lo largo de la última legislatura también han dejado huella. Castilla y León invierte en educación lo mismo que hace una década. Nuestra Comunidad sigue teniendo las terceras tasas universitarias más caras del Estado y, si bien es cierto que cuenta con un sistema complementario de becas al del MEC, no es menos cierto que la falta de diligencia a la hora de conceder dichas ayudas las hace, cuanto menos, poco eficientes a la hora de garantizar la igualdad de acceso a los estudios superiores.
Las cuantías de las ayudas son insuficientes y llegan tarde, lo cual no permite a muchos estudiantes el acceso al sistema universitario como demuestra que, de las 10 universidades que más alumnado pierden, 7 son universidades públicas y, 3 de esas 7, son universidades públicas de nuestra Comunidad.
También es preocupante la supervivencia de los proyectos y los equipos de investigación de nuestra Comunidad. El hecho de que este año se hayan cofinanciado las ayudas a la investigación con fondos FEADER no ha hecho más que restringir el número de equipos y de proyectos con derecho a solicitar ayudas puesto que, tras el endurecimiento de los requisitos, era además imprescindible contar con un contrato o convenio con la empresa privada en el momento de realizar la solicitud.
Además, la Junta de Castilla y León ha pospuesto nuevamente la convocatoria de ayudas para la contratación predoctoral de personal investigador. La convocatoria, inicialmente anunciada para abril de 2016 y que ya fue atrasada a junio de 2016, queda aplazada hasta el momento a septiembre del presente año. Esto es, 17 meses después de la última convocatoria (BOCYL-D-21042015-9) de unas ayudas concebidas con carácter anual. El nuevo aplazamiento supondrá, en el mejor de los escenarios, que los contratos anunciados para 2016 se hagan efectivos una vez entrado el 2017. Y esto, sumado a la dilación ya experimentada en las convocatorias anteriores, entraña la probable supresión de una anualidad de las ayudas.
En Castilla y León seguimos sin la partida presupuestaria autonómica destinada a complementar la beca Erasmus, lo cual repercute en la formación de nuestros universitarios/as.
La Junta de Castilla y León se ha negado a abrir los comedores escolares cuando un 34,7 % de los niños y las niñas de Castilla y León están en riesgo de pobreza (125.556 niños/as). 12.664 sufren privación material severa.
En Castilla y León, los 29 centros de titularidad de la Administración Autonómica que existen, los mismos desde el año 2001, para dar cobertura a todos los niños y niñas de entre 0 y 3 años de nuestra Comunidad, incomprensiblemente dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por ser entendidos como un servicio meramente asistencial cuyo fin es la conciliación de la vida familiar y laboral y no parte de una etapa educativa con carácter propio compuesta de dos ciclos. Dichos centros cuentan con 2.241 plazas. Este año, se han recibido un total de 3.159 solicitudes de niños y niñas de 0 a 3 años para las 2.267 plazas existentes, lo cual es a todas luces insuficiente.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León formula la siguiente:
MOCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, en el plazo máximo de dos cursos:
1. Reconocer el carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil incluyendo la gestión de los centros infantiles entre las competencias de la Consejería de Educación así como a aumentar la oferta pública de plazas dependientes de la administración autonómica para dicho ciclo.
2. Eliminar el copago en los programas de conciliación familiar: Madrugadores, Tardes en el Cole y Centros Abiertos.
3. Mantener abiertos los comedores escolares durante los periodos no lectivos procurando que sean los que cuentan con cocina in situ quienes se encarguen de elaborar la comida que se distribuya en el resto de comedores.
4. Reducir la tasa de interinidad, al menos, un 15 % a través de ofertas de empleo docente amplias y de calidad.
5. Recuperar, al menos, el nivel de inversión en Educación existente en el año 2011 en Castilla y León.
6. Incrementar los recursos económicos, materiales y personales destinados a la formación permanente del profesorado.
7. Reducir las tasas universitarias un 27 % para equipararlas a la media nacional.
8. Incrementar el presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio destinadas al alumnado que curse estudios superiores en Castilla y León así como aumentar el número de beneficiarios de las mismas flexibilizando los requisitos y disminuir a un plazo máximo de 3 meses el tiempo de resolución de las mismas desde su convocatoria.
9. Habilitar una línea de ayudas a través de los CEAS, para ayudar a las familias que no puedan hacer frente al gasto que supone la compra de los libros de texto y el material escolar.
10. Recuperar la partida presupuestaria autonómica que desapareció en 2012 destinada a complementar el programa Erasmus.
11. Crear un programa autonómico de movilidad académica para profesores y alumnos/as de ciclos formativos de grado medio y de grado superior dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza y Turquía.
12. Recuperar el apoyo económico a las asociaciones y federaciones de madres y padres de alumnos/as.
13. Impulsar la Educación de Personas Adultas de Castilla y León creando las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a todos los objetivos establecidos en la Ley 3/2002, de 9 de abril, de educación de personas adultas de Castilla y León.
14. Incrementar la inversión en I+D+i hasta alcanzar el objetivo del 3 % del PIB en el año 2020.
15. Convocar, en un plazo máximo de 3 meses, una nueva línea complementaria de ayudas económicas a la que puedan acceder todos los proyectos de investigación que se quedan fuera de las líneas marcadas por la estrategia RlS3 de Castilla y León 2014-2020 y, por tanto, de los requisitos establecidos por la orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
16. Convocar, en el plazo máximo de 3 meses, las ayudas para la contratación predoctoral de personal investigador en Castilla y León.
17. Poner en marcha un Plan de Retorno del Talento Profesional y Científico en colaboración con el resto de instituciones, universidades, organismos públicos de investigación y otros centros.
18. Aumentar la financiación a Parques Científicos y Tecnológicos hasta llegar a niveles del año 2011.
19. No ceder y/o facilitar terrenos públicos para la construcción de centros educativos privados o privados-concertados entendiendo como tal también las Universidades Privadas.
20. Tomar las medidas necesarias para eliminar los conciertos educativos en aquellos municipios en los cuales la red pública garantice una oferta de plazas suficiente para acoger al alumnado de la zona así como a no establecer más conciertos educativos con centros privados.
21. No permitir la implantación de titulaciones universitarias que ya se oferten en el sistema público en la oferta de titulaciones de las universidades privadas de nuestra Comunidad.
22. Eliminar la propuesta de borrador para la creación de los departamentos didácticos de religión en los institutos de Educación Secundaria de nuestra Comunidad.
23. Comenzar las obras del 5.º colegio de Arroyo de la Encomienda, del colegio de Valverde (Segovia), de la 2.ª fase del CEIP de Villalobón (Palencia), de un colegio en Aldeatejada (Salamanca) y de la ampliación de los colegios de Villagonzalo Pedernales (Burgos), las cuatro unidades del CEIP Arcipreste de Hita en el municipio de El Espinar (Segovia), Ponferrada XII (León), CEIP "Los Adiles" en Villaobispo (León), Castellanos de Moriscos en Salamanca o el "Miguel Delibes" de Aldeamayor de San Martín en Valladolid, incorporando a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en 2017 planificación plurianual de cada una de estas inversiones.
24. Comenzar inmediatamente la construcción de los institutos de Educación Secundaria previstos en Arroyo de la Encomienda, La Cistérniga, Carbajosa de la Sagrada, Simancas, Villares de la Reina y Villaquilambre incorporando a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en 2017 la planificación plurianual de cada una de estas inversiones.
25. Suprimir los condicionantes que para el sistema educativo público castellano y leonés supone la existencia de una única área de influencia para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos ubicados en un mismo municipio delimitando nuevas áreas de influencia en cada municipio atendiendo a criterios pedagógicos y socioeconómicos implicando a la comunidad educativa en el diseño y elaboración de este nuevo marco organizativo.
26. Cumplir el compromiso que adquirió con la ciudadanía castellano y leonesa de hacerse cargo por completo de los conservatorios de música profesionales de la Comunidad creando partidas presupuestarias destinadas tanto a la construcción de los edificios del conservatorio de música de la provincia de Zamora y el de la provincia de León como otra destinada a que la administración se haga cargo de los gastos corrientes de los conservatorios de nuestra Comunidad.
27. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para derogar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y revierta, hasta volver a niveles anteriores a su aplicación, todas las medidas y situaciones excepcionales que se ampararon en él.
28. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que proponga e impulse la derogación de la LOMCE y la apertura un proceso de negociación, para aprobar una Ley Educativa que dé estabilidad al sistema educativo de nuestro país.
29. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
30. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para restablecer el carácter no evaluable de la asignatura de religión para que, de este modo, las calificaciones obtenidas en dicha materia no computen académicamente.
31. Solicitar inmediatamente al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para la eliminación de la tasa de reposición de trabajadores públicos en el ámbito educativo.
En Valladolid, a 9 de septiembre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
M/000155-01
CVE="BOCCL-09-011040"
