PNL/000858-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000855 a PNL/000860.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Los objetivos de déficit de las CC. AA. para 2016 y 2017 se fijaron en el -0,3 % y -0,1 % de su PIB, respectivamente, el 11 de septiembre de 2015 (para las CC.AA. de régimen común) y el 12 de febrero de 2016 (para las CC.AA. de régimen foral), de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, a finales de abril del presente año, el Gobierno aprobó y remitió a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), que incorpora una nueva senda de reducción del déficit público del -3,6, -2,9 y -2,2 para el conjunto de las Administraciones Públicas en el periodo 2016-2018. Un día antes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, que fijaba un nuevo objetivo de déficit para las CC.AA., que sería del -0,7 % del PIB para este año y del -0,5 % para 2017, compatible con los objetivos de reducción del déficit del conjunto de administraciones públicas mencionados anteriormente. Siguiendo instrucciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las CC. AA. han elaborado y presentado Planes Económicos y Financieros que se ajustan, con carácter general, a la senda 2016-2017 propuesta por el Gobierno en la APE, pese a que no son los objetivos que están legalmente vigentes.

Posteriormente, en julio, el Consejo Europeo aprobó la Recomendación de la Comisión Europea que, como parte del proceso sancionador contra España por el incumplimiento del déficit, incorpora una nueva senda trianual de reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas. En concreto, el objetivo de déficit aprobado por el Consejo Europeo es del -4,6 % para este año y -3,1 % para 2017, es decir menos exigente que el incorporado en la APE. Sin embargo, el Gobierno en Funciones no ha dado traslado a nivel nacional de los nuevos objetivos de déficit aprobados por el Consejo Europeo para 2016 y 2017 y su distribución vertical entre administraciones públicas. Esta situación, en la que se dan varios objetivos diferentes de déficit para el conjunto de las administraciones públicas y para las CC. AA. en particular, supone una incertidumbre que dificulta la elaboración de los presupuestos autonómicos.

Al mismo tiempo, el Gobierno en Funciones aún no ha comunicado a las CC. AA de régimen común la cuantía de las transferencias por las entregas a cuenta contempladas en el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) para el año 2017, ni la previsión de la liquidación definitiva de los recursos del año 2015. Tradicionalmente, en julio de cada año, una vez aprobado el Techo de Gasto y los Objetivos de Estabilidad, el gobierno informa a las CC. AA. de régimen común de la cuantía de dichas transferencias para el año siguiente. La falta de esta información, que solo el Gobierno puede estimar con precisión, dificulta la elaboración de los diferentes presupuestos autonómicos, pues las transferencias del Estado procedentes del SFA suponen más del 75 % de los ingresos de las CC. AA.

El Gobierno esgrime que la falta de aprobación del Techo de Gasto y los Objetivos de Estabilidad y del consiguiente anteproyecto de presupuestos le impiden comunicar a las CC. AA. dicha información. El propio Presidente del Gobierno en Funciones, en su discurso en el debate de investidura celebrado el pasado 30 de agosto, señaló que de los Presupuestos Generales del Estado depende la financiación de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común está perfectamente establecida en la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con base en esta Ley, más del 75 por ciento de los recursos del SFA no dependen ni de la aprobación de los PGE, ni del Techo de Gasto. Algunas partidas del SFA, tales como la aportación del Estado al Fondo de Garantía de servicios fundamentales, la cuantía del Fondo de Suficiencia o la liquidación de los Fondos de Convergencia sí que requieren de su correspondiente dotación en los PGE.

Pero las cuantías de estas partidas no son discrecionales, ni están incluidas en el Techo de Gasto, sino que se derivan directamente de las previsiones de ingresos y de otros criterios establecidos en el SFA, cuya estimación es conocida por el Ministerio de Hacienda.

En consecuencia, un mínimo de lealtad institucional del Gobierno en Funciones con el resto de administraciones del Estado, incluidas las CC. AA., exige que el primero comunique en tiempo y forma a las segundas las previsiones de los montos de las transferencias correspondientes a las entregas a cuenta del SFA para 2017, así como la previsión de la liquidación definitiva de los recursos del año 2015. De no hacerlo así, se pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea en el ámbito de ejecución que corresponde a las CC. AA.

Por todo lo anterior, resulta claro que, en la actual situación excepcional, deben adoptarse cuantas medidas sean necesarias para facilitar a las CC. AA. los datos que precisen para la elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017, así como posibilitar, a través del órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera (Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas), que puedan acordarse los criterios y reglas que deberán seguirse para dicha elaboración en particular el objetivo de déficit para las CC. AA. para el año 2017.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar a su vez al Gobierno de España a:

1. Comunicar a la mayor celeridad posible la información que precisen las Comunidades Autónomas para la elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017, en particular la estimación de las cuantías correspondientes por entregas a cuenta según establece la Ley 22/2009, en base a la información actualmente disponible sobre estimaciones de recaudación, revisiones del fondo de suficiencia global, índices de distribución territorial de los impuestos cedidos y las variables poblacionales establecidas para el cálculo de la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y las cuantías correspondientes, y por la liquidación del ejercicio 2015.

2. Que proceda a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas al objeto de acordar los objetivos de estabilidad actualizados para el ejercicio 2017, así como cualesquiera otras reglas, criterios y decisiones necesarias para facilitar la elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017".

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández