PNL/000868-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000868-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a realizar una auditoría de los bienes patrimoniales para determinar su estado de conservación y la adopción de medidas sobre conservación y restauración por parte de sus propietarios y la realización de campañas de sensibilización ciudadana, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000861 a PNL/000880.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D.ª Isabel Muñoz Sánchez y D.ª M.ª José Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Cultura y Turismo.

ANTECEDENTES

Las Leyes de Patrimonio (Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León) recogen la obligación de conservar nuestro Patrimonio Cultural para transmitirlo a las generaciones futuras.

Los distintos bienes patrimoniales requieren para su pervivencia a través del tiempo de una serie de medidas y métodos que respeten su autenticidad y su significado y no pongan en riesgo sus valores.

La acción preventiva, es decir la que evita o retarda el deterioro de dichos bienes asegurándose de que el contexto de los mismos es el más adecuado para su conservación, es la acción más eficaz y a la larga la menos costosa.

Ahora bien, cuando los bienes patrimoniales precisan una acción directa sobre ellos, bien para detener su deterioro o para evitar su pérdida, en todo momento esta debe de ser realizada por profesionales debidamente autorizados que analicen con rigurosidad los objetos sobre los que se va a intervenir, que conozcan los materiales y técnicas originales utilizadas en la creación de los mismos, así como las incompatibilidades con otros materiales. Solo de esta manera los bienes patrimoniales podrán conservar sus valores.

Desde que se promulgó la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en desarrollo de las competencias legislativas de nuestra Comunidad, se han sucedido las intervenciones inadecuadas en materia de Patrimonio. Intervenciones que han alterado en numerosas ocasiones muy negativamente el valor de muchos bienes, cuando no los han destruido para siempre.

La Asociación de Conservadores y Restauradores de Castilla y León (ACRCYL), así como otras asociaciones de defensa del Patrimonio, han denunciado en numerosas ocasiones la mala praxis en esta materia. Así mismo la falta de responsabilidad por parte de los dueños o depositarios de los bienes, así como la ausencia de vigilancia y seguimiento por parte de las administraciones públicas.

Dicha Asociación alerta también del vacío legal existente en esta materia, pues si bien la Ley articula medidas de protección, no define los profesionales que tienen que intervenir en los procesos de conservación y restauración, ni tampoco la formación y titulación que los mismos han de tener, cuando la propia Junta de Castilla y León creó hace 8 años las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración.

Por todo ello se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Realizar por técnicos y personal de la Junta de Castilla y León una auditoría de los bienes patrimoniales -muebles e inmuebles- para determinar el estado de conservación en el que se encuentran, con el fin de fijar las actuaciones pertinentes.

2.- Recoger en la Ley de Patrimonio la obligación de que las labores de conservación y restauración estén supervisadas y realizadas por profesionales debidamente titulados en estas disciplinas.

3.- Vigilar -y penalizar en su caso- que los dueños o depositarios de nuestro Patrimonio -en especial la Iglesia Católica- cuenten en todo momento con profesionales para acometer cualquier tipo de restauración.

4.- Acometer campañas de sensibilización y concienciación ciudadana en este sentido para evitar que se acometan los atropellos que se están cometiendo con el Patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo en el mundo rural.

Valladolid, 29 de agosto 2016

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/000868-01

CVE="BOCCL-09-011152"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 20494-20495
BOCCL nº 176/9 del 27/9/2016
CVE: BOCCL-09-011152

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000868-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a realizar una auditoría de los bienes patrimoniales para determinar su estado de conservación y la adopción de medidas sobre conservación y restauración por parte de sus propietarios y la realización de campañas de sensibilización ciudadana, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000861 a PNL/000880.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D.ª Isabel Muñoz Sánchez y D.ª M.ª José Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Cultura y Turismo.

ANTECEDENTES

Las Leyes de Patrimonio (Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León) recogen la obligación de conservar nuestro Patrimonio Cultural para transmitirlo a las generaciones futuras.

Los distintos bienes patrimoniales requieren para su pervivencia a través del tiempo de una serie de medidas y métodos que respeten su autenticidad y su significado y no pongan en riesgo sus valores.

La acción preventiva, es decir la que evita o retarda el deterioro de dichos bienes asegurándose de que el contexto de los mismos es el más adecuado para su conservación, es la acción más eficaz y a la larga la menos costosa.

Ahora bien, cuando los bienes patrimoniales precisan una acción directa sobre ellos, bien para detener su deterioro o para evitar su pérdida, en todo momento esta debe de ser realizada por profesionales debidamente autorizados que analicen con rigurosidad los objetos sobre los que se va a intervenir, que conozcan los materiales y técnicas originales utilizadas en la creación de los mismos, así como las incompatibilidades con otros materiales. Solo de esta manera los bienes patrimoniales podrán conservar sus valores.

Desde que se promulgó la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en desarrollo de las competencias legislativas de nuestra Comunidad, se han sucedido las intervenciones inadecuadas en materia de Patrimonio. Intervenciones que han alterado en numerosas ocasiones muy negativamente el valor de muchos bienes, cuando no los han destruido para siempre.

La Asociación de Conservadores y Restauradores de Castilla y León (ACRCYL), así como otras asociaciones de defensa del Patrimonio, han denunciado en numerosas ocasiones la mala praxis en esta materia. Así mismo la falta de responsabilidad por parte de los dueños o depositarios de los bienes, así como la ausencia de vigilancia y seguimiento por parte de las administraciones públicas.

Dicha Asociación alerta también del vacío legal existente en esta materia, pues si bien la Ley articula medidas de protección, no define los profesionales que tienen que intervenir en los procesos de conservación y restauración, ni tampoco la formación y titulación que los mismos han de tener, cuando la propia Junta de Castilla y León creó hace 8 años las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración.

Por todo ello se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Realizar por técnicos y personal de la Junta de Castilla y León una auditoría de los bienes patrimoniales -muebles e inmuebles- para determinar el estado de conservación en el que se encuentran, con el fin de fijar las actuaciones pertinentes.

2.- Recoger en la Ley de Patrimonio la obligación de que las labores de conservación y restauración estén supervisadas y realizadas por profesionales debidamente titulados en estas disciplinas.

3.- Vigilar -y penalizar en su caso- que los dueños o depositarios de nuestro Patrimonio -en especial la Iglesia Católica- cuenten en todo momento con profesionales para acometer cualquier tipo de restauración.

4.- Acometer campañas de sensibilización y concienciación ciudadana en este sentido para evitar que se acometan los atropellos que se están cometiendo con el Patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo en el mundo rural.

Valladolid, 29 de agosto 2016

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/000868-01

CVE="BOCCL-09-011152"



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