4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000884-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000883 y PNL/000884.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
ANTECEDENTES
Hace años que el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Valladolid investiga la adquisición de terrenos en Portillo para el desarrollo de un Parque Empresarial, en lo que hoy sigue pareciendo un baldío, así como la compra del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda.
Del contenido de las investigaciones hace tiempo que los medios de comunicación vienen haciéndose eco públicamente, revelando el contenido de informes policiales, así como de la Intervención General de la Administración del Estado o de la Agencia Tributaria.
En junio de 2015, un medio titulaba: "Un informe policial detecta un amaño en la compraventa del edificio de la Junta en Arroyo", refiriéndose a la posible información privilegiada con que contaría la única empresa que participó en el contrato de alquiler del Centro de Soluciones Empresariales, pues las fechas de contratación del estudio de arquitectura que diseñó el edificio parecerían indicar que se conocía el objeto del encargo antes de la publicación del concurso público en el BOCyL.
En diciembre de 2015, el mismo medio recogía: "Hacienda asegura al juez que la Junta pagó facturas dobles por la 'Perla Negra'". La información se basaría en un informe de la IGAE y habla de modificados de obras por importe de 8,8 millones y 4,5 millones de imputación de carga financiera. Asimismo señala: "67,5 millones es la cifra final que se paga el 30 de abril de 2009, lo que no coincide con lo escriturado", así como que "52,1 millones es el valor de tasación del inmueble de Arroyo cuando se firmó la compra, el 18 de marzo de 2009".
Ya en mayo de este año, otro medio de comunicación titulaba: "La Junta de Castilla y León pagó 4,4 millones a dedo a la empresa que reformó en negro la sede del PP en Madrid". La noticia informaba sobre la adquisición de mobiliario, sin ningún tipo de contratación, por importe de 4,4 millones de euros a Unifica, la misma empresa implicada en la reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.
Más recientemente, otro medio señalaba que en la compra de los terrenos de Portillo, según la IGAE, ADE habría abonado "33,6 millones a Parque Empresarial Portillo por unas parcelas que compró en 16,8", titulando la noticia como: "Un nuevo informe de Hacienda fija el sobrecoste de Portillo en 16,7 M€". El medio habla de compra ventas previas entre las mismas empresas que están siendo investigadas por la adquisición de estos terrenos y del edificio de Arroyo, operaciones que habrían servido para elevar el precio sucesivamente. Es más, el medio señala que:
"Incremento que se hace patente a la vista de las tablas que se anexan en el documento del Ministerio de Hacienda. En ellas se observan como Urban Proyecta, primero, y Parque Empresarial Portillo, después, -las dos empresas investigadas por los casos de Portillo y del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, que la Junta compra a Urban Proyecta- pagaron poco más de 16,8 millones de euros, entre los años 2005 y 2009.
Una cantidad que se disparó 99,6 % apenas dos años después, cuando entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011 la Junta, a través de la sociedad pública ADE, cierra la compra de todos los terrenos de ese futuro parque empresarial de Portillo por encima de los 33,6 millones de euros, según consta en la documentación aportada por Hacienda consultada por este periódico".
Todo esto nos habla de cantidades que se acercan a los 32 millones de euros que la Junta de Castilla y León tendría que tratar de recuperar por el evidente perjuicio patrimonial que supone.
Por otro lado, el primero de los medios a que hacíamos referencia indicaba el pasado mes de junio que: "En paralelo, el magistrado... ha denegado a la Junta de Castilla y León, en este punto de las diligencias, la apertura de una pieza separada para investigar el contrato a dedo con la sociedad Unifica, que se ocupó de la compartimentación del edificio y la señalética, así como otros trabajos de diseño interior, y que facturó por ello 4,4 millones de euros. Esta empresa figura en los papeles de Bárcenas y amuebló la sede central del PP en Madrid. También a instancias de la Fiscalía, el juez ha requerido a la Junta para que sus servicios jurídicos aclaren si puede haber «conflicto de intereses» en la personación de la Consejería de Economía como parte perjudicada en el procedimiento, a la vez que se ocupa de la defensa de algunos de los investigados, cargos y funcionarios de su departamento".
Parece evidente que la Junta de Castilla y León entiende que sólo hay anomalías en una parte menor de lo que podría ser un saqueo mayor de las arcas pública y que, a su vez, no ha decidido aún deslindar cómo quiere estar personada en la causa, si como víctima o como defensa de algunos de los investigados.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dar respuesta a la mayor brevedad a los requerimientos del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Valladolid, en relación con la adquisición de terrenos en Portillo y del inmueble Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, y personarse como parte perjudicada, para tratar de recuperar los detrimentos patrimoniales que haya podido sufrir el sector público de Castilla y León".
Valladolid, 27 de septiembre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000884-01
CVE="BOCCL-09-011281"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 20705-20707
BOCCL nº 180/9 del 6/10/2016
CVE: BOCCL-09-011281
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000884-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar a la Junta a dar respuesta a la mayor brevedad a los requerimientos del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Valladolid en la causa relativa a la adquisición de terrenos en Portillo y del Inmueble Centro de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda, y a personarse como parte perjudicada, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000883 y PNL/000884.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
ANTECEDENTES
Hace años que el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Valladolid investiga la adquisición de terrenos en Portillo para el desarrollo de un Parque Empresarial, en lo que hoy sigue pareciendo un baldío, así como la compra del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda.
Del contenido de las investigaciones hace tiempo que los medios de comunicación vienen haciéndose eco públicamente, revelando el contenido de informes policiales, así como de la Intervención General de la Administración del Estado o de la Agencia Tributaria.
En junio de 2015, un medio titulaba: "Un informe policial detecta un amaño en la compraventa del edificio de la Junta en Arroyo", refiriéndose a la posible información privilegiada con que contaría la única empresa que participó en el contrato de alquiler del Centro de Soluciones Empresariales, pues las fechas de contratación del estudio de arquitectura que diseñó el edificio parecerían indicar que se conocía el objeto del encargo antes de la publicación del concurso público en el BOCyL.
En diciembre de 2015, el mismo medio recogía: "Hacienda asegura al juez que la Junta pagó facturas dobles por la 'Perla Negra'". La información se basaría en un informe de la IGAE y habla de modificados de obras por importe de 8,8 millones y 4,5 millones de imputación de carga financiera. Asimismo señala: "67,5 millones es la cifra final que se paga el 30 de abril de 2009, lo que no coincide con lo escriturado", así como que "52,1 millones es el valor de tasación del inmueble de Arroyo cuando se firmó la compra, el 18 de marzo de 2009".
Ya en mayo de este año, otro medio de comunicación titulaba: "La Junta de Castilla y León pagó 4,4 millones a dedo a la empresa que reformó en negro la sede del PP en Madrid". La noticia informaba sobre la adquisición de mobiliario, sin ningún tipo de contratación, por importe de 4,4 millones de euros a Unifica, la misma empresa implicada en la reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.
Más recientemente, otro medio señalaba que en la compra de los terrenos de Portillo, según la IGAE, ADE habría abonado "33,6 millones a Parque Empresarial Portillo por unas parcelas que compró en 16,8", titulando la noticia como: "Un nuevo informe de Hacienda fija el sobrecoste de Portillo en 16,7 M€". El medio habla de compra ventas previas entre las mismas empresas que están siendo investigadas por la adquisición de estos terrenos y del edificio de Arroyo, operaciones que habrían servido para elevar el precio sucesivamente. Es más, el medio señala que:
"Incremento que se hace patente a la vista de las tablas que se anexan en el documento del Ministerio de Hacienda. En ellas se observan como Urban Proyecta, primero, y Parque Empresarial Portillo, después, -las dos empresas investigadas por los casos de Portillo y del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, que la Junta compra a Urban Proyecta- pagaron poco más de 16,8 millones de euros, entre los años 2005 y 2009.
Una cantidad que se disparó 99,6 % apenas dos años después, cuando entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011 la Junta, a través de la sociedad pública ADE, cierra la compra de todos los terrenos de ese futuro parque empresarial de Portillo por encima de los 33,6 millones de euros, según consta en la documentación aportada por Hacienda consultada por este periódico".
Todo esto nos habla de cantidades que se acercan a los 32 millones de euros que la Junta de Castilla y León tendría que tratar de recuperar por el evidente perjuicio patrimonial que supone.
Por otro lado, el primero de los medios a que hacíamos referencia indicaba el pasado mes de junio que: "En paralelo, el magistrado... ha denegado a la Junta de Castilla y León, en este punto de las diligencias, la apertura de una pieza separada para investigar el contrato a dedo con la sociedad Unifica, que se ocupó de la compartimentación del edificio y la señalética, así como otros trabajos de diseño interior, y que facturó por ello 4,4 millones de euros. Esta empresa figura en los papeles de Bárcenas y amuebló la sede central del PP en Madrid. También a instancias de la Fiscalía, el juez ha requerido a la Junta para que sus servicios jurídicos aclaren si puede haber «conflicto de intereses» en la personación de la Consejería de Economía como parte perjudicada en el procedimiento, a la vez que se ocupa de la defensa de algunos de los investigados, cargos y funcionarios de su departamento".
Parece evidente que la Junta de Castilla y León entiende que sólo hay anomalías en una parte menor de lo que podría ser un saqueo mayor de las arcas pública y que, a su vez, no ha decidido aún deslindar cómo quiere estar personada en la causa, si como víctima o como defensa de algunos de los investigados.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dar respuesta a la mayor brevedad a los requerimientos del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Valladolid, en relación con la adquisición de terrenos en Portillo y del inmueble Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, y personarse como parte perjudicada, para tratar de recuperar los detrimentos patrimoniales que haya podido sufrir el sector público de Castilla y León".
Valladolid, 27 de septiembre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000884-01
CVE="BOCCL-09-011281"
