PNL/001023-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001023 y PNL/001024.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de octubre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno:

ANTECEDENTES

La profunda y dilatada crisis económica iniciada en el año 2007 está suponiendo un incremento significativo del porcentaje de castellanos y leoneses que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Mientras el número de personas sin empleo se triplicó entre los años 2007 y 2013 las prestaciones por desempleo han disminuido de forma alarmante, sobre todo a partir del año 2012, provocando una importante pérdida de cobertura social.

Según el último informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en nuestra Comunidad, el número de beneficiarios de algún tipo de ayuda así como la tasa de cobertura por desempleo han descendido de forma clara y mantenida a lo largo de estos últimos años. En 2015 la tasa de cobertura por desempleo era del 50,6 %. En los últimos datos de paro registrado en septiembre la cobertura por desempleo era tan sólo del 45 %. Desde 2010 se han perdido 21,6 puntos en cobertura por desempleo en Castilla y León.

La inactividad laboral y la falta de prestaciones o subsidios por desempleo están provocando que las personas o familias castellanas y leonesas no superen un determinado nivel de ingresos llevándoles a una situación de sobreendeudamiento y de pobreza sobrevenida por su incapacidad de hacer frente a los gastos básicos relacionados con su vivienda habitual. Aunque habitualmente se relaciona la pobreza con la privación de medios materiales, no hay que olvidar que contiene otros aspectos vinculados con las capacidades y oportunidades de vivir una vida digna. En 2015, en Castilla y León, había un 18,3 % de la población en situación o riesgo de pobreza.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) utiliza una serie de variables que permiten establecer la conocida como tasa AROPE, acrónimo en inglés de "At Risk Of Poverty or Social Exclusion". Esta tasa forma parte de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea y sirve, entre otras finalidades, para llevar a cabo el seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. En la ECV de 2015, el indicador agregado AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social situó al 23,3 % de la población residente en Castilla y León.

Uno de los indicadores agregados que utiliza la tasa AROPE es la intensidad de trabajo en el hogar. Resulta de observar si en los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia de los ingresos. En Castilla y León el 16,5 % de las familias presentaban en 2015 una intensidad de actividad laboral baja. De los indicadores utilizados por la tasa AROPE éste es el que muestra un peor comportamiento en nuestra región. En los últimos cinco años se ha duplicado el número de familias que padecen una baja intensidad en el trabajo superando en los dos últimos años (2014-2015) la media nacional.

Por último, otro indicador utilizado por la tasa AROPE es la "Carencia Material Severa", definida como la carencia de, al menos, cuatro conceptos de una lista de nueve entre los que se incluyen el retraso en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal (la hipoteca, el alquiler, los recibos de gas, electricidad, comunidad, etc.) o la imposibilidad de mantener la vivienda habitual a una temperatura adecuada. En Castilla y León el 2,35 % de la población se encuentra en esta circunstancia, muestran carencias en cuatro o más de los nueve indicadores utilizados.

Los resultados para Castilla y León en el indicador que utiliza la tasa AROPE para determinar la capacidad de acceder a determinadas condiciones de bienestar en el hogar fija en el 6 % el número de familias que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Este dato es el doble que en 2011.

Todos estos datos reflejan que a medida que ha crecido el desempleo ha ido en aumento la pobreza y la exclusión social. Pero también que hay un porcentaje creciente de hogares que presentan una actividad laboral baja y por lo tanto insuficiente para garantizar el acceso a unas condiciones básicas de bienestar en el hogar.

Junto a los terribles datos de la emergencia habitacional que sufre nuestra Comunidad la pobreza energética es otro de los problemas más graves que tienen las y los castellanos y leoneses. Pobreza energética entendida como la dificultad de hacer frente a las facturas de los suministros de luz y gas. Cerca de 100.000 hogares en Castilla y León no puedan asumir los gastos de electricidad o calefacción de su vivienda habitual porque se ven obligados a destinar a estos fines una parte excesiva de sus escasos ingresos.

La pobreza energética lleva a que una persona o una familia sea incapaz de mantener su hogar en unas condiciones adecuadas para la salud, lo que provoca una situación de riesgo de exclusión residencial y obliga a la Administración pública a tomar medidas de emergencia social mientras dure esta situación de exclusión social.

Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

"Establecer el acceso a una serie de prestaciones económicas, compatibles con otras básicas, en forma de ayuda en el pago de la factura de los suministros de electricidad y gas, que garantice los suministros energéticos y paliar la pobreza energética, para lograr una protección efectiva de aquellos "Hogares Vulnerables".

Se considerará "Hogar Vulnerable" aquel que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Hogar cuyos miembros sean perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de la Renta Mínima de Inserción o de pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social o que tengan a todos los miembros del hogar en situación de desempleo o que dispongan de una renta familiar inferior al IPREM.

b) Familias no contempladas en los supuestos anteriores, cuyas facturas de consumo energético superen el 10 % de su renta y cuenten con un informe de los Servicios Sociales que acredite la necesidad.

c) Hogares que se encuentren en el intervalo de renta entre el IPREM y la pobreza relativa según los estándares establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y cuyas facturas de consumo energético superen el 10 % de su renta.

La declaración de "Hogar Vulnerable" se podrá obtener mediante las siguientes vías diferentes y/o complementarias:

a) Mediante solicitud de al menos uno de los miembros de dicho hogar mayores de edad ante los Servicios Sociales. Una vez comprobado por estos la documentación requerida (composición del hogar, comprobante de renta de todas las personas que figuran en el certificado de convivencia, facturas de consumo energético de los últimos 6 meses en aquellos supuestos en los que es necesario demostrar el porcentaje del coste del consumo energético con respecto a los ingresos del hogar), comprobando que los solicitantes se encuentren en las situaciones descritas en el apartado anterior, se emitirá la declaración que lo acredite como "Hogar Vulnerable".

Aquellas personas que no pudiendo documentar la situación deseen acceder al reconocimiento como "Hogar Vulnerable" deberán solicitar un informe de los Servicios Sociales que certifiquen que se encuentran en la horquilla de renta definida como tal.

b) En el caso de hogares que perciban una Renta Garantizada de Ciudadanía o Renta Mínima de Inserción, bastará que alguno de los miembros del hogar solicite la declaración para que, sin necesidad de un examen de documentación adicional, sean inmediatamente considerados como "Hogar Vulnerable".

Una vez entregada la documentación, los Servicios Sociales tendrán un plazo de 60 días hábiles para examinar si concurren los requisitos para ser declarado como "Hogar Vulnerable", y en caso afirmativo, emitir tal declaración. Si transcurrido dicho plazo la Administración no se hubiera pronunciado, se entenderá que esa unidad familiar se encuentra en la citada situación de vulnerabilidad y se emitirá un certificado de silencio administrativo positivo".

Valladolid, 18 de octubre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos