PNL/001072-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de noviembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001057 a PNL/001082.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de noviembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Ana María Muñoz de la Peña González y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 104.2 de la Constitución Española de 1978, contaba entre sus objetivos más relevantes la redefinición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adecuarlos a los requerimientos propios de un Estado social y democrático de Derecho. Resultaron prioritarios el profundo cambio del modelo de formación de sus integrantes, tanto en la metodología como en los contenidos, y la regulación de sus equivalencias con los distintos niveles del sistema educativo. Un procedimiento semejante se siguió con el modelo correspondiente a las Fuerzas Armadas.

La colaboración de las universidades públicas desde los años ochenta con los Ministerios del Interior y de Defensa dio excelentes resultados. Se llegaron a definir estudios universitarios específicos y especializados para los cuerpos y categorías más altos, vinculados al mando y la dirección. En este sentido, la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior iniciaron una intensa y fructífera colaboración en 1987 en el marco de la Escuela Nacional de Policía, con sede en Ávila. Sobresalen la articulación de los planes de estudios de nivel universitario, que ha culminado con su reciente adaptación a los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior, la impartición de docencia por el profesorado universitario de diversas áreas de conocimiento, la aprobación de ámbitos formativos pioneros en el campo de las Ciencias de la Seguridad (como, por ejemplo, el relativo a los detectives privados), la participación de miembros del Cuerpo Nacional de Policía como docentes y estudiantes, según los niveles y los supuestos, en títulos oficiales y propios, en cursos y programas de distinta índole, el impulso del doctorado y de proyectos de investigación, etc.

La conversión de la Escuela Nacional de Policía en centro adscrito de la Universidad de Salamanca se ha situado entre los objetivos más relevantes para seguir avanzando en la actividad académica conjunta descrita. El Rectorado de esta Universidad pública y los altos cargos del Ministerio del Interior han venido perfilando esta opción institucional, en la línea de lo ya existente con otras universidades públicas para la formación de nivel universitario de la Guardia Civil (Universidad Carlos III de Madrid) o de las Fuerzas Armadas (Universidades de Alcalá, Zaragoza, Politécnica de Cartagena y Vigo).

El retraso del Ministerio del Interior en la aprobación de la creación del centro adscrito a la Universidad de Salamanca para la Policía Nacional, unido a la incomprensible y errónea decisión de convocar a concurso la adjudicación de la docencia en la Escuela Nacional de Policía, obviando la colaboración de casi treinta años con esta Universidad, ha desembocado en una resolución arbitraria y perjudicial para el modelo formativo diseñado durante todos estos años, que es semejante al de los Estados más avanzados en esta materia.

Además, no solo es inaceptable políticamente la decisión de adjudicar la docencia en la Escuela Nacional de Policía a la Universidad Católica de Ávila, una vez fijados los planes de estudios y las programaciones docentes por la Universidad de Salamanca, confiando a esta universidad privada sin los recursos académicos necesarios la formación de los mandos policiales, sino también, como afirman expertos administrativistas, como el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, el catedrático don Ricardo Rivero Ortega (véase La Gaceta de Salamanca del 1 de octubre de 2016), nula de pleno derecho, por contemplarse en los pliegos, entre otros extremos, requisitos en materia de profesorado que únicamente pueden ser cumplidos por una universidad pública y, por ello, nunca por la Universidad Católica de Ávila.

Teniendo en cuenta lo anterior, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno de España su posición inequívocamente favorable a que las tareas formativas en la Escuela Nacional de Policía sean desarrolladas por la Universidad de Salamanca, retomándose de inmediato las conversaciones con la misma de forma que en el plazo más breve posible se establezca un acuerdo estable para que la docencia en la Escuela Nacional de Policía sea impartida por esta Universidad, con la que el Ministerio del Interior colabora al respecto desde 1987, de forma que se proceda a la conversión de la citada Escuela en centro adscrito de la Universidad de Salamanca".

Valladolid, 27 de octubre de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Fernando Pablos Romo,

Ana María Muñoz de la Peña González y

Juan Luis Cepa Álvarez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández