M/000178-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de noviembre de 2016, ha admitido a trámite la Moción, M/000178, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general de la Junta a la vista de la evolución económica de Castilla y León en el último ciclo económico, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 8 de noviembre de 2016.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de noviembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000178 relativa a "Política general de la Junta a la vista de la evolución económica de Castilla y León en el último ciclo económico":

ANTECEDENTES

Esta moción deriva de una interpelación en la que pretendíamos saber si la Junta de Castilla y León analiza convenientemente la evolución de nuestra economía, especialmente en el último ciclo económico, para conocer cuáles son nuestros problemas estructurales y nuestras fortalezas para, así, orientar las políticas económicas, laborales y sociales de Castilla y León.

Consideramos que el último ciclo económico se extiende desde el año 2000 hasta la actualidad, un período de tiempo que incluye la recuperación de la crisis de mediados de la década de los 90 del siglo pasado, la fase expansiva de comienzos del actual, la gravísima crisis de los últimos años y la incipiente recuperación que parece producirse en la actualidad. Un período coincidente con los años de mandato del Presidente Herrera.

¿Y cuál es la principal radiografía de esas políticas? Sin duda, la pérdida de población galopante que, como el propio Presidente de la Junta de Castilla y León señala habitualmente, sólo se mitigó numéricamente en los años de bonanza pero con el mismo problema estructural: despoblación y envejecimiento.

En los años del Presidente Herrera, pese a ese repunte de los años de bonanza, la población ha descendido casi en un 1 %, unos 25.000 habitantes menos, en tanto que en España crecía cerca de un 13 %, ganando más de 5,3 millones de habitantes.

El drama es mayor cuando observamos que, desde 2008, cerca de 75.000 menores de 35 han dejado Castilla y León rumbo al extranjero o hacia otras Comunidades Autónomas, sin duda por falta de oportunidades y de un empleo estable que les permita desarrollar su vida en Castilla y León.

Perdemos jóvenes bien formados, jóvenes que nuestro mercado laboral es incapaz de absorber, jóvenes que tendrán a sus hijos en otros territorios, poniendo en riesgo el relevo generacional en Castilla y León, como vaticina el INE. Su previsión arroja, para el 2031, una pérdida de población para España de más de 550.000 habitantes, casi un 1,2 % menos; de ellos, más de 260.000 serán de Castilla y León, comunidad que perderá un 10,68 % de su población si el rumbo de las políticas económicas no cambia para ser capaz de generar más oportunidades y empleo de calidad. Y lo decimos con datos.

Nuestra economía manifiesta que, cuando hay crecimiento en España, éste es menor en Castilla y León y que, cuando hay recesión, ésta es más profunda en nuestra tierra. Esto hace que el PIB nacional haya crecido un 59 % en España desde que gobierna el Sr. Herrera, en tanto que el de Castilla y León sólo haya crecido un 45 % y que, como consecuencia, el peso de nuestra economía en el total nacional haya pasado de un 5,5 % a un 5 %.

Esto tiene su reflejo en nuestro mercado laboral, un mercado laboral que refleja cómo la crisis arrasó con casi la totalidad de empleos creados desde que Herrera es Presidente, período en el que Castilla y León cuenta con unos 50.000 parados más que al inicio. Y otro tanto podría afirmarse con la evolución de las afiliaciones a la seguridad social y de cualquier otro indicador que, en resumen, permite concluir que la evolución del empleo tiene un comportamiento peor que la media nacional, aunque maquillado por nuestra menor tasa de actividad.

La crisis ha destruido empleo que aún no se ha recuperado y el que se crea es de una ínfima calidad. Recientemente conocíamos un informe de la AEAT que señalaba cómo en Castilla y León hay 31.000 trabajadores más que al inicio de la crisis con salarios inferiores a los 300 € al mes, en torno al 20 % de nuestros asalariados son trabajadores pobres, 5,5 puntos por encima de las cifras que se daban al comienzo de la crisis, lo que se agrava por la importante caída del número de asalariados, en torno a 150.000.

En valores absolutos, hay menos asalariados y más asalariados pobres.

¿Y a qué se debe este tipo de empleo? En primer lugar, a una desastrosa reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy y, en segundo lugar, a los ínfimos resultados de las políticas activas de empleo que gestiona la Junta de Castilla y León, más o menos, desde que el Sr. Herrera es Presidente. Resultado: precariedad, la mitad de los contratos temporales dura menos de una semana, y pobreza laboral.

La radiografía es mucho más preocupante en nuestro campo. Tanto que desde que gobierna Herrera, el VAB del sector primario se ha desplomado un 26 %, con una pérdida de empleo que ha caído desde los 108.500 ocupados en 2001, según la contabilidad regional, a los 75.400 que refleja la EPA del tercer trimestre de 2016.

Estos son algunos datos que a los socialistas nos hacen pensar que es conveniente que Consejo Económico y Social elabore un informe, de características y contenido similares a los que formula anualmente, pero que analice el conjunto del ciclo económico y, así, poder contar una herramienta que analice nuestros problemas estructurales y nuestras fortalezas para orientar las políticas económicas, laborales y sociales de Castilla y León.

Si a los datos añadimos un somero análisis político de las políticas económicas de los gobiernos Herrera, podemos ver algunas de las cosas que pueden corregirse:

1.º En 1998 estas Cortes aprobaron la Ley de Ordenación del Territorio y, desde entonces, la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de planificar las inversiones en el territorio ni coordinarlas con otros agentes, como SEPES o las Diputaciones provinciales. Esto ha llevado a una política de suelo empresarial errática, especulativa como si la Junta fuera un mero operador inmobiliario, generando suelo caro para los inversores y propiciando una deuda que hoy pesa como una losa en ADE.

2.º En esa ausencia de planificación abunda la Junta de Castilla y León cuando propone el Plan Director de Promoción Industrial, puesto que no reconoce la existencia de desequilibrios territoriales y la necesidad de apostar de manera decidida por determinados lugares del territorio que puedan actuar como motor de sus comarcas, ya sea por la necesidad de reindustrialización como de fomento de nueva industrialización.

3.º Por el contrario, la Junta de Castilla y León ha elaborado numerosas agendas, estrategias... vacías de contenido o que después incumple manifiestamente. Sirva como ejemplo la RIS3, estrategia relativa a l+D+i, en la misma Junta ha dejado de presupuestar, en tres años, la friolera de 437 millones de euros de los que dijo que presupuestaría cuando la aprobó en 2014.

4.º Otra de ellas es la Agenda Digital que la Junta dice impulsar, pero que tiene grandes partes de nuestro territorio sin cobertura de más de 30 Mbps y en el que prácticamente sólo tienen acceso a más de 100 Mbps los municipios de más de 20.000 habitantes, dificultando enormemente las posibilidades de desarrollo de economía inteligente o asociada a las TIC's en nuestro vasto territorio rural.

5.º Los incentivos financieros de la Junta de Castilla y León pueden mejorarse para evitar el encarecimiento de la financiación a los nuevos proyectos empresariales y reducir la burocracia. Asimismo, creemos que el papel de SODICAL puede reforzarse como herramienta tendente a configurar un Instituto Financiero de Castilla y León. Se trata de suplir paulatinamente el papel que hacían las Cajas de Ahorro como entidades que financiaban proyectos de inversión local.

Propusimos y se aprobó, por unanimidad, una Proposición No de Ley en la Comisión de Economía y Hacienda para que se solicite financiación al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para incrementar la capacidad de los fondos ADE CAPITAL SODICAL SCR y ADE FINANCIACIÓN CAPITAL SEMILLA FCR, para mejorar impulsar la creación de nuevos proyectos empresariales y el desarrollo de proyectos l+D+i.

Creemos que ese papel puede reforzarse captando recursos del ahorro que se produce en nuestra Comunidad. Según los datos, el apalancamiento de nuestra economía se ha reducido en más 9.000 millones de euros desde 2013, en tanto que el patrimonio invertido en Fondos de Inversión se ha incrementado en más de 4.760 millones hasta alcanzar casi los 15.800 millones, ahorro que, en buena medida se invertirá fuera de Castilla y León.

Por eso y vista la capacidad de ahorro de empresas y familias de Castilla y León, creemos que SODICAL puede crear un Fondo de Inversión, para a captar ahorro y destinarlo a financiar proyectos empresariales radicados en nuestra comunidad.

Estas cuestiones centran las propuestas de esta Moción, pero, asimismo, consideramos que es preciso revisar algunos de los comportamientos que, desde la acción de gobierno, pueden lastrar el desarrollo económico de Castilla y León.

El primero de ellos tiene que ver con la actuación de la Junta de Castilla y León cuando se quieran atraer inversiones e impulsar determinados sectores económicos anclándolos al territorio. Probablemente una visión de capitalismo de amiguetes o, dicho más finamente, pensar más en los intereses de algunos que en el interés general de Castilla y León sirva para explicar el fiasco de El Árbol o Nodalia, las políticas de subvenciones fracasadas o la forma que tiene la Junta de Castilla y León de adjudicar las obras, sin criterios objetivos que garanticen la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades entre las empresas.

Y el segundo tiene que ver con cómo se deteriora la imagen de comunidad para recibir inversiones cuando la Justicia investiga casos de posible extorsión a empresas, especialmente en el negocio de las energías renovables o de connivencia con empresas para saquear las arcas públicas en la adquisición de inmuebles. La corrupción también es un elemento a desterrar por cuanto, además de inmoral, retrae la llegada de nuevas inversiones e implica la pérdida de oportunidades.

Para resolver estas cuestiones las medidas han de tener un calado muy superior, implicando transparencia, priorizar el interés general y condenar y desterrar las prácticas que puedan propiciar corrupción.

En base a lo expuesto y a las propuestas trasladadas a la Junta de Castilla y León, se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º Instar al Consejo Económico y Social de Castilla y León a elaborar un informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en el último ciclo económico (desde el año 2000), con características y contenidos similares a los informes anuales.

2.º Planificar territorialmente la implantación de actividades económicas, empresariales y logísticas mediante la redacción y aprobación de un Plan Regional de ámbito sectorial, de los previstos en el artículo 20.1.a) de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. El Plan establecerá determinaciones para las áreas funcionales estratégicas, establecidas en el artículo 9 de la Ley núm. 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, encaminadas al impulso de programas de desarrollo.

3.º Identificar los lugares en que elaborar Programas Territoriales de Fomento, de los previstos en el artículo 28.4 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, en aquellas zonas en las que concurran necesidades especiales de reindustrialización, se trate de zonas en declive o en las que proceda fomentar la implantación industrial, con la participación de las administraciones locales de la Comunidad, con el objetivo de resolver los desequilibrios territoriales y recualificar áreas industriales con problemas.

4.º Incrementar la inversión en l+D+i hasta alcanzar el objetivo del 3 % del PIB en el año 2020. El objetivo es que el 40 % de esa inversión sea pública y, de ella, la mitad proceda de la administración autonómica. Eso significaría incrementar la inversión de la Junta de Castilla y León en l+D+i hasta los 350 millones de euros anuales, triplicado la inversión actual.

5.º Poner en marcha de un Plan de Retorno del Talento Profesional y Científico en colaboración con el resto de instituciones, universidades, organismos públicos de investigación y otros centros, para incorporar con criterios de excelencia a, al menos, 1.000 investigadores y profesionales de alta cualificación en 4 años. Dicho Plan contará con una financiación de 5 millones de euros cada año.

6.º Contribuir a reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad, con el objetivo de conseguir que antes de 2020 todos los hogares y empresas de Castilla y León puedan disponer de conectividad con banda ancha de, al menos, 30 Mbps y que, al menos, los municipios de más de 2.000 habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps, así como garantizar la calidad de las conexiones móviles y el acceso a estos servicios a las personas más desfavorecidas.

7.º Que, a través de la presencia de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León en la sociedad ADE GESTIÓN SODICAL SGECR, se promueva por ésta la creación de un Fondo de Inversión, para captar ahorro generado en nuestra comunidad y destinarlo a financiar proyectos empresariales radicados o pretendan implantarse en Castilla y León".

Valladolid, 11 de noviembre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández