PNL/001112-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de noviembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001088 a PNL/001116.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de noviembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Las procuradoras Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

La prestación del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León sufre importantes problemas de gestión, a causa tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico.

Desde el Gobierno de España los recortes acumulados en servicios de dependencia desde 2012, así como la pérdida de horas, los copagos y otras medidas, han hecho que la Ley de Autonomía Personal se convierta en papel mojado.

Desde el Gobierno autonómico la incapacidad para mantener los servicios ante el abandono del Gobierno de España de sus competencias ha hecho que los servicios funcionen con una calidad y eficiencia por debajo de lo que sería aceptable. El problema se acentúa con la ayuda a domicilio dado que es uno de los servicios que le resulta más costoso mantener al ejecutivo regional.

Las deficiencias son múltiples: resolución tardía de expedientes en una prestación que a menudo se necesita con premura; multiplicidad de gestión en tanto que son las entidades locales y las diputaciones las que contratan el servicio, lo que conlleva a desigualdades territoriales entre provincias y mundo rural y mundo urbano; copagos de hasta un 80 % para los hogares, lo cual se hace inasumible para muchas familias solicitantes lo cual les lleva a recurrir al empleo sumergido, más barato pero de menor calidad y no especializado en la mayoría de casos, etc.

Desde el Grupo Parlamentario Podemos defendemos la gestión pública de este servicio, garantía de calidad, igualdad y universalidad para los usuarios y usuarias y de generación de empleo de calidad para las profesionales que se dedican a ello. No obstante, el camino para devolver a lo público esta prestación debe hacerse paulatinamente y desde el Gobierno autonómico no hay voluntad de tal cambio.

Es por ello que al menos debe garantizarse en la gestión actual un mínimo de control de las entidades, eficiencia y calidad en el servicio y derechos laborales para las trabajadoras.

Por todo lo expuesto presentarnos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla a mejorar el servicio de ayuda a domicilio con las siguientes medidas:

1) Aumentar el número de profesionales y de recursos materiales tanto en los CEAS como en la Gerencia de Servicios Sociales para agilizar los procesos de resolución de los expedientes de ayuda a domicilio.

2) Unificar los criterios de contratación de las entidades que prestan los servicios de ayuda a domicilio desde la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de no incurrir en desigualdades territoriales.

3) Garantizar un coste único en todo el territorio de Castilla y León previsto en los pliegos de contratación.

4) Establecer como obligatorio para los pliegos de contratación la eliminación del arrastre de horas para las trabajadoras de ayuda a domicilio.

5) Fomentar que las entidades sin ánimo de lucro sean las prestadoras del servicio frente a las empresas privadas blindando su financiación y sus recursos materiales y humanos.

6) Eliminar paulatinamente los copagos para que al final de la presente legislatura sean de un 50-50 %.

7) Establecer mecanismos para el control de las entidades que prestan estos servicios desde las entidades locales y diputaciones a través de la Gerencia de Servicios Sociales.

En Valladolid, a 11 de noviembre de 2016.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos