PNL/001123-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001121 a PNL/001130.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El pasado mes de septiembre se cumplieron veinte años del acuerdo de creación de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), que, desde su puesta en marcha a finales de 1997, ha gestionado los procedimientos para la solución autónoma de conflictos laborales colectivos, reduciendo la conflictividad judicial y mejorando, y haciendo más fluidas, las relaciones entre trabajadores y empresarios.

El SERLA es una institución de naturaleza pública cuyo presupuesto se aprueba por las Cortes de Castilla y León, y de cuyo Patronato forma parte, junto con las entidades sindicales y empresariales más representativas, la Junta de Castilla y León. Es una institución, además, que forma parte de esa cultura del consenso, el diálogo y la concertación tan arraigada en Castilla y León.

Su creación surgió del compromiso de CECALE, UGT y CC. OO., recogido en el I Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (I ASACL), en septiembre de 1996.

Su efectiva constitución se produjo el 22 de diciembre de 1997, cuando la Junta de Castilla y León se unió a ese acuerdo previo, aportando su apoyo y colaboración. Desde entonces, el Gobierno de la Comunidad viene efectuando la correspondiente aportación económica anual, adecuada y suficiente para el funcionamiento de este servicio.

Los datos demuestran que aquella decisión de la Junta, la de sumarse al Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales, fue un rotundo acierto. En estos años, el SERLA ha demostrado ser un instrumento altamente eficaz para evitar procesos judiciales, y además con un alto grado de satisfacción de las partes en conflicto.

En concreto, desde su puesta en funcionamiento el SERLA ha tramitado más de 4.000 expedientes, que han afectado a 1,8 millones de trabajadores y casi 124.000 empresas, con un porcentaje de acuerdo del 43 %: unos resultados que cabe calificar de excelentes.

Especialmente significativos han sido los acuerdos logrados en circunstancias extremas, cuando ante una convocatoria de huelga se ha conseguido sentar a ambas partes y llegar a un acuerdo. Esto ha ocurrido en el 41,5 % de los procedimientos de este carácter que el SERLA ha tramitado.

Estos magníficos resultados invitaban a dar un paso más. Por eso, hace un año (el 29 de septiembre de 2015), CECALE, UGT y CC. OO. suscribieron el III ASACL, en el que, por primera vez, se contemplaba la posibilidad de que el SERLA conociera también de conflictos laborales individuales.

Unas pocas semanas más tarde -el 27 de enero de este año- se suscribían entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad 5 importantes acuerdos en materia económica y social, uno de los cuales se refería al SERLA. En virtud de ese acuerdo, las partes firmantes se comprometían a impulsar y adoptar las medidas necesarias para la efectiva asunción por el SERLA de los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje en conflictos individuales laborales; y establecíamos al efecto un calendario de actuaciones.

En desarrollo de dicho acuerdo, el pasado 30 de septiembre, y también en el contexto del Diálogo Social, se firmó el Acuerdo Tripartito entre la Administración Autonómica y los principales agentes sociales y económicos de la Comunidad, en donde se establecen las condiciones de cumplimiento y de financiación para que el SERLA asuma efectivamente sus nuevas funciones.

En virtud de estos acuerdos, desde el pasado día 3 de noviembre de 2016, el SERLA ha comenzado a intervenir en conflictos individuales sin reclamación de cantidad, en la provincia de Valladolid, como territorio "lanzadera" del nuevo sistema.

En dicha provincia, esta nueva vía convivirá, hasta el 31 de diciembre de este año, con la posibilidad de tramitar los procedimientos, como hasta ahora, ante la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

Tras su puesta en funcionamiento en la provincia de Valladolid, el nuevo sistema se extenderá paulatinamente al resto de la Comunidad, de modo que a fecha 31 de diciembre de 2017 se encontrará implantado en toda la Comunidad.

Entendemos que este nuevo modelo, ya implantado y con gran tradición en los conflictos laborales colectivos, va a aportar valor añadido, también, a los conflictos individuales, al ir más allá de la mera conciliación (que la Ley marca como preceptiva, con carácter previo a la vía judicial), y poner especial énfasis en las funciones de mediación.

Se ha de tener en cuenta que esta ampliación de funciones del SERLA va a suponer un mayor desembolso para la Junta de Castilla y León; costes de asistencia técnica, gastos de contratación y de formación de los medios personales, gastos materiales y compensaciones a los mediadores. La previsión presupuestaria supone pasar de los, en torno a, 600.000 € de coste en el presente ejercicio 2016, al entorno del millón y medio de euros para 2017.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, aunque sea un sistema más costoso para la Junta de Castilla y León, va a generar grandes ahorros para la sociedad en su conjunto. Si las partes evitan acudir a los Tribunales gracias a este sistema, se ahorran honorarios profesionales de abogados y procuradores; se ahorra tiempo y plazos en procedimientos a veces traumáticos; y, por supuesto, la Administración de Justicia se ahorra costes asociados a la tramitación de procesos judiciales, permitiéndole también ser más ágil en el resto de casos sometidos a su jurisdicción.

Según cálculos efectuados por los propios agentes económicos y sociales, el ahorro en el ámbito de la Administración de Justicia podría alcanzar los 70 M€ anuales.

Por esta razón, teniendo en cuenta que Castilla y León no tiene asumidas las competencias en materia de Administración de Justicia, se hace necesario que el Gobierno Central reconozca los ahorros que el nuevo sistema de resolución de conflictos individuales va a generar en sus arcas, y, en consecuencia, se corresponsabilice y contribuya, en la medida de lo posible, a su financiación.

En las Comunidades que tienen transferida las competencias en materia de Justicia no es necesario negociar estas compensaciones, pues la propia Comunidad se beneficia de los ahorros. Castilla y León es la primera Comunidad que apuesta por este sistema sin tener transferidas las competencias en materia de Justicia.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que se dirija al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Justicia, a fin de que, teniendo en cuenta que el nuevo sistema de resolución de conflictos laborales individuales puesto en marcha en el seno del SERLA va a tener un coste anual para la Junta de Castilla y León de 1,5 millones, y va a generar un ahorro estimado en el ámbito de la Administración de Justicia de casi 70 millones de euros anuales, se corresponsabilice con su puesta en marcha y contribuya, al menos en parte, a su financiación".

Valladolid, 29 de noviembre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan José Sanz Vitorio