4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004527-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004494 a PE/004567.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El 30-12-1997 se publica en el BOE de un concurso para la adquisición de terrenos con una superficie mínima de 35 ha para la ubicación de un CTR.
Marzo de 1998. En base a los informes presentados por la empresa el consorcio de residuos de León (GERSUL) rechaza seis de las diez ofertas, entre las rechazadas figura la de San Román de la Vega.
En el año 2001, como la decisión de la ubicación en San Román está tomada y ante la falta de permisos a nivel local y la oposición de municipios y vecinos del entorno, la Junta de Castilla y León decide declarar el Proyecto de Interés Regional.
Con la declaración de Proyecto de Interés Regional recurrida ante los tribunales y sin licencia medioambiental ni otros permisos que a cualquier proyecto de este tipo se le exigirían pero con el beneplácito de la Junta de Castilla y León comienzan las obras de construcción del CTR.
Distintas sentencias de los tribunales van dando la razón a los recursos planteados contra dicha construcción, pero estas a su vez son recurridas por GERSUL y la JCYL, con lo que las sentencias quedan en suspenso y de esta forma el tiempo continúa pasando.
En el año 2011 el recurso interpuesto llega al Tribunal Supremo que falla en contra de la declaración de Interés regional y por tanto contra la legalidad de la ubicación del CTR.
La ejecución de esta sentencia, que no admite recurso, supondría el cierre de las instalaciones. Dicha sentencia no se ejecuta y el CTR sigue funcionando a pesar de su ilegal construcción y de su nefasta gestión.
Por otro lado el Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo plantea y gana un contencioso que da como resultado la prohibición del proyecto de enterrar las más de 400.000 t de residuos almacenados en balas de en la finca El Busto de Santa María del Páramo. En esta ocasión sí se acata la sentencia de los tribunales, y la alternativa que se decide es el traslado de dicha basura al CTR de San Román. El uno de septiembre de 2014 se comienza el traslado de las balas a San Román a un ritmo de 1.000 t diarias vertidas directamente al vaso de rechazos.
Este traslado y vertido directo al vaso del CTR es denunciado ante los tribunales por varios municipios del Órbigo que les dan la razón y consiguen que este se paralice, pero un recurso por parte de GERSUL consigue la suspensión cautelar de esta sentencia.
Se reanuda el traslado de la basura al ahora ya "vertedero", pero a un ritmo que pasa de 1.000 a 6.000 t diarias, para que cuando los tribunales puedan volver a paralizar el traslado este haya finalizado.
Una vez terminado el traslado de las balas de basura de Santa María a San Román, se plantea el problema de las zahorras contaminadas que sirvieron como base a las balas en la finca El Busto.
La decisión tomada fue el traslado a la finca "Los Chavetinas" en La Bañeza, que es un vertedero para residuos inertes, asentado en un valle con corrientes subterráneas de agua muy cercano al pueblo de Santa Elena de Jamuz, que no cuenta con licencia ni preparación para admitir este tipo de residuos.
El lunes 11 de abril de 2016 se notifica en el BOCYL la apertura de INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental y al Estudio de Impacto Ambiental: Ampliación del vertedero de San Román de la Vega, en el término municipal de San Justo de la Vega (León). Expte.: AA-LE-001/16.
El 29 de julio de 2016 se firma el convenio que implica a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León (GERSUL) y a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y tiene por objeto la construcción y gestión durante quince años de un nuevo vaso de rechazos en el Centro de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos de San Román de la Vega y su sellado final una vez colmatado.
GERSUL aprobó en pleno la firma de dicho convenio el 7 de julio de 2016. Los miembros del Pleno votaron sin haber podido ver el convenio que se aprobaba hasta justo antes de iniciarse el pleno, lo que se les impidió su análisis.
Dicho convenio, además, se firma sin tener resuelto el trámite de información pública ni de audiencias que deberá incorporar modificaciones según lo alegado.
El 11 de agosto de 2016 aparecen en distintos medios informaciones relativas al vertido ilegal de residuos hospitalarios en el CTR de San Román de la Vega, que dio lugar a la interposición de una denuncia ante el SEPRONA.
PREGUNTAS
1. Una vez conocida la génesis e historia de esta instalación, omitiendo muchos de los conflictos que se han producido a lo largo de su corto periodo de vida, ¿considera el Consejero que las formas que han regido la gestión de esta instalación, en lo que concierne a la Junta de Castilla y León, se puede considerar transparente y ajustada a la legalidad?
2. ¿Se va a proceder a realizar una auditoría ambiental y contable a todas las empresas y entidades relacionadas con esta instalación, en aras de la transparencia en una instalación tan sensible y con implicaciones tan importantes hacia los habitantes de su entorno?
Valladolid, 23 de noviembre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PE/004527-01
CVE="BOCCL-09-012962"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 23687-23689
BOCCL nº 213/9 del 19/12/2016
CVE: BOCCL-09-012962
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004527-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a transparencia y legalidad de la gestión del centro de tratamiento de residuos de San Román de la Vega.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004494 a PE/004567.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El 30-12-1997 se publica en el BOE de un concurso para la adquisición de terrenos con una superficie mínima de 35 ha para la ubicación de un CTR.
Marzo de 1998. En base a los informes presentados por la empresa el consorcio de residuos de León (GERSUL) rechaza seis de las diez ofertas, entre las rechazadas figura la de San Román de la Vega.
En el año 2001, como la decisión de la ubicación en San Román está tomada y ante la falta de permisos a nivel local y la oposición de municipios y vecinos del entorno, la Junta de Castilla y León decide declarar el Proyecto de Interés Regional.
Con la declaración de Proyecto de Interés Regional recurrida ante los tribunales y sin licencia medioambiental ni otros permisos que a cualquier proyecto de este tipo se le exigirían pero con el beneplácito de la Junta de Castilla y León comienzan las obras de construcción del CTR.
Distintas sentencias de los tribunales van dando la razón a los recursos planteados contra dicha construcción, pero estas a su vez son recurridas por GERSUL y la JCYL, con lo que las sentencias quedan en suspenso y de esta forma el tiempo continúa pasando.
En el año 2011 el recurso interpuesto llega al Tribunal Supremo que falla en contra de la declaración de Interés regional y por tanto contra la legalidad de la ubicación del CTR.
La ejecución de esta sentencia, que no admite recurso, supondría el cierre de las instalaciones. Dicha sentencia no se ejecuta y el CTR sigue funcionando a pesar de su ilegal construcción y de su nefasta gestión.
Por otro lado el Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo plantea y gana un contencioso que da como resultado la prohibición del proyecto de enterrar las más de 400.000 t de residuos almacenados en balas de en la finca El Busto de Santa María del Páramo. En esta ocasión sí se acata la sentencia de los tribunales, y la alternativa que se decide es el traslado de dicha basura al CTR de San Román. El uno de septiembre de 2014 se comienza el traslado de las balas a San Román a un ritmo de 1.000 t diarias vertidas directamente al vaso de rechazos.
Este traslado y vertido directo al vaso del CTR es denunciado ante los tribunales por varios municipios del Órbigo que les dan la razón y consiguen que este se paralice, pero un recurso por parte de GERSUL consigue la suspensión cautelar de esta sentencia.
Se reanuda el traslado de la basura al ahora ya "vertedero", pero a un ritmo que pasa de 1.000 a 6.000 t diarias, para que cuando los tribunales puedan volver a paralizar el traslado este haya finalizado.
Una vez terminado el traslado de las balas de basura de Santa María a San Román, se plantea el problema de las zahorras contaminadas que sirvieron como base a las balas en la finca El Busto.
La decisión tomada fue el traslado a la finca "Los Chavetinas" en La Bañeza, que es un vertedero para residuos inertes, asentado en un valle con corrientes subterráneas de agua muy cercano al pueblo de Santa Elena de Jamuz, que no cuenta con licencia ni preparación para admitir este tipo de residuos.
El lunes 11 de abril de 2016 se notifica en el BOCYL la apertura de INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental y al Estudio de Impacto Ambiental: Ampliación del vertedero de San Román de la Vega, en el término municipal de San Justo de la Vega (León). Expte.: AA-LE-001/16.
El 29 de julio de 2016 se firma el convenio que implica a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León (GERSUL) y a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y tiene por objeto la construcción y gestión durante quince años de un nuevo vaso de rechazos en el Centro de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos de San Román de la Vega y su sellado final una vez colmatado.
GERSUL aprobó en pleno la firma de dicho convenio el 7 de julio de 2016. Los miembros del Pleno votaron sin haber podido ver el convenio que se aprobaba hasta justo antes de iniciarse el pleno, lo que se les impidió su análisis.
Dicho convenio, además, se firma sin tener resuelto el trámite de información pública ni de audiencias que deberá incorporar modificaciones según lo alegado.
El 11 de agosto de 2016 aparecen en distintos medios informaciones relativas al vertido ilegal de residuos hospitalarios en el CTR de San Román de la Vega, que dio lugar a la interposición de una denuncia ante el SEPRONA.
PREGUNTAS
1. Una vez conocida la génesis e historia de esta instalación, omitiendo muchos de los conflictos que se han producido a lo largo de su corto periodo de vida, ¿considera el Consejero que las formas que han regido la gestión de esta instalación, en lo que concierne a la Junta de Castilla y León, se puede considerar transparente y ajustada a la legalidad?
2. ¿Se va a proceder a realizar una auditoría ambiental y contable a todas las empresas y entidades relacionadas con esta instalación, en aras de la transparencia en una instalación tan sensible y con implicaciones tan importantes hacia los habitantes de su entorno?
Valladolid, 23 de noviembre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PE/004527-01
CVE="BOCCL-09-012962"
