PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de enero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001195 a PNL/001229.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de enero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley para su debate y votación ante la Comisión de Familia.
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León concedió al Ayuntamiento de Medina del Campo dos subvenciones directas, una en 2008 y otra 2010, para la elaboración del proyecto arquitectónico de construcción y para la construcción del centro residencial por importes de 89.923,20 € y 3.350.076,80 €, respectivamente. Esta subvención ha estado vigente hasta el presente año 2016, en el que se han agotado todas las posibilidades de ampliación de plazo posibles, sin que el Ayuntamiento de Medina del Campo haya sido capaz de hacer uso de la subvención concedida para ejecutar las obras de construcción del centro.
Por otro lado, en el año 2010, la Junta de Castilla y León puso en marcha un nuevo modelo de apoyo a la atención residencial a personas mayores prestado a través de las Corporaciones Locales para dotar de plazas residenciales en aquellas zonas de la Comunidad con cobertura baja de plazas.
Este cambio se produjo al detectar que la financiación pública de la construcción terminaba en la inmensa mayoría de los casos en una gestión privada de estos centros. Con lo cual la financiación pública favorecía el negocio privado de un tercero que se encontraba un centro terminado y equipado sin asumir riesgo alguno. Muy pocos han sido los municipios que han mantenido la gestión pública de los centros de mayores financiados con fondos públicos.
Este nuevo modelo se basa en la colaboración público-privada, y garantiza que el dinero de la Administración vaya a los beneficiarios, es decir a las personas mayores, mediante la concertación de plazas y las ayudas económicas por dependencia, sin que ni la Junta ni los Ayuntamientos tengan que desembolsar dinero público para la construcción del centro. Consiste en posibilitar la construcción de residencias mediante la participación del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y un gestor de centros residenciales, a través de un acuerdo para la disposición de terrenos municipales para la ubicación del centro, la concesión administrativa para la construcción y gestión del centro residencial a una entidad privada por un determinado número de años y la concertación de hasta un 40 % de las plazas construidas por parte de la Junta de Castilla y León, para garantizar la viabilidad económica del centro.
Su ventaja es que permite dotar nuevas plazas residenciales sin que las Administraciones Públicas (Ayuntamientos y Comunidad Autónoma) tengan que desembolsar fuertes cantidades de dinero público para su construcción (unos 3 millones de euros), pudiendo centrar su actuación en facilitar a la personas mayores las ayudas necesarias para acceder a esas plazas, garantizando, asimismo, la viabilidad económica de la gestión de estos centros a la entidad concesionaria.
Por último, este modelo puede incluso permitir, una vez finalizado el periodo de concesión, la reversión del centro al Ayuntamiento en el marco del régimen jurídico que se establezca en la concesión administrativa para su construcción y gestión.
Ya son diez los municipios de Castilla y León (gobernados por diferentes opciones políticas) que se han acogido a este nuevo modelo (8 residencias ya están en funcionamiento y 2 en construcción), demostrándose así positivo para todos: personas mayores, administraciones y entidades gestoras.
Por tal motivo, desde 2010, no se ha iniciado la construcción de nuevos centros residenciales de personas mayores por parte de ayuntamientos con financiación pública de la Junta Castilla y León.
En Medina del Campo, y según se desprende de las declaraciones realizadas recientemente por su Alcaldesa, el Ayuntamiento quiere una residencia pública municipal construida con fondos públicos y gestionada por una empresa privada.
Desde el Grupo Popular, no consideramos que tenga justificación, a la vista de las bondades del nuevo modelo de colaboración público-privada para la atención residencial a personas mayores, y del éxito que está teniendo en otros municipios, que sean la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento los que asuman una inversión de más de tres millones de euros para que al día siguiente de finalizar la obra de la residencia se entreguen las llaves a una empresa privada para que desarrolle su actividad sin asumir riesgo o inversión alguna.
En la actual situación económica, entendemos que es más importante destinar los recursos económicos públicos a la atención a las personas que no destinarlos a inversiones en construcción de centros o edificios.
El ayuntamiento medinense podría disponer en un plazo muy breve de una residencia para personas mayores dependientes, en las mismas condiciones que el resto de Ayuntamientos de la Comunidad en los últimos años, con el modelo de colaboración público-privada (concertación de plazas de hasta un 40 % de plazas, disposición de suelo público y construcción y gestión a una entidad o empresa privada).
El proyecto de obra existente es viable en el estado en el que está actualmente, sin necesidad de modificar la ubicación del mismo, sin pérdida de plazas, ni incremento del coste de construcción, ya que para su autorización se aplicarían los requisitos de la normativa anterior a la actualmente vigente dada la fecha en la que se visó el proyecto arquitectónico de construcción.
Por lo tanto, los medinenses pueden tener una residencia para personas mayores en las mismas condiciones que propugna el Ayuntamiento, es decir, de titularidad pública, con gestión privada, pero con la ventaja de no tener que desembolsar aportaciones de dinero público para su construcción, si optan por el modelo propuesto por la Junta.
En el área de Medina del Campo 550 personas mayores dependientes están ya accediendo a una plaza residencial gracias a la financiación de la Junta Castilla y León, personas que cuentan con unos ingresos similares a los del resto de la población mayor de la zona de Medina. Estas ayudas complementan la capacidad económica de estas personas, lo que permite financiar el coste medio de las plazas residenciales para personas mayores dependientes. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudiera pactar el propio Ayuntamiento de Medina con la entidad privada gestora para facilitar el acceso a personas de su municipio a parte de las plazas que se crearan.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que solicite al Ayuntamiento de Medina de Campo que se avenga a firmar un acuerdo de colaboración público-privada para la construcción de una residencia de personas mayores en dicha localidad, en los mismos términos en los que, desde el año 2010, se han formalizado con otros ayuntamientos de la Comunidad, para que, en ejecución del mismo, el ayuntamiento oferte, mediante los procedimientos legalmente establecidos, la disposición de suelo para construcción y gestión de una residencia por parte de una entidad privada y la Junta se comprometa a la concertación del 40 % de sus plazas, una vez concluido".
Valladolid, 2 de diciembre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan José Sanz Vitorio
PNL/001197-01
CVE="BOCCL-09-013616"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de enero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001195 a PNL/001229.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de enero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley para su debate y votación ante la Comisión de Familia.
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León concedió al Ayuntamiento de Medina del Campo dos subvenciones directas, una en 2008 y otra 2010, para la elaboración del proyecto arquitectónico de construcción y para la construcción del centro residencial por importes de 89.923,20 € y 3.350.076,80 €, respectivamente. Esta subvención ha estado vigente hasta el presente año 2016, en el que se han agotado todas las posibilidades de ampliación de plazo posibles, sin que el Ayuntamiento de Medina del Campo haya sido capaz de hacer uso de la subvención concedida para ejecutar las obras de construcción del centro.
Por otro lado, en el año 2010, la Junta de Castilla y León puso en marcha un nuevo modelo de apoyo a la atención residencial a personas mayores prestado a través de las Corporaciones Locales para dotar de plazas residenciales en aquellas zonas de la Comunidad con cobertura baja de plazas.
Este cambio se produjo al detectar que la financiación pública de la construcción terminaba en la inmensa mayoría de los casos en una gestión privada de estos centros. Con lo cual la financiación pública favorecía el negocio privado de un tercero que se encontraba un centro terminado y equipado sin asumir riesgo alguno. Muy pocos han sido los municipios que han mantenido la gestión pública de los centros de mayores financiados con fondos públicos.
Este nuevo modelo se basa en la colaboración público-privada, y garantiza que el dinero de la Administración vaya a los beneficiarios, es decir a las personas mayores, mediante la concertación de plazas y las ayudas económicas por dependencia, sin que ni la Junta ni los Ayuntamientos tengan que desembolsar dinero público para la construcción del centro. Consiste en posibilitar la construcción de residencias mediante la participación del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y un gestor de centros residenciales, a través de un acuerdo para la disposición de terrenos municipales para la ubicación del centro, la concesión administrativa para la construcción y gestión del centro residencial a una entidad privada por un determinado número de años y la concertación de hasta un 40 % de las plazas construidas por parte de la Junta de Castilla y León, para garantizar la viabilidad económica del centro.
Su ventaja es que permite dotar nuevas plazas residenciales sin que las Administraciones Públicas (Ayuntamientos y Comunidad Autónoma) tengan que desembolsar fuertes cantidades de dinero público para su construcción (unos 3 millones de euros), pudiendo centrar su actuación en facilitar a la personas mayores las ayudas necesarias para acceder a esas plazas, garantizando, asimismo, la viabilidad económica de la gestión de estos centros a la entidad concesionaria.
Por último, este modelo puede incluso permitir, una vez finalizado el periodo de concesión, la reversión del centro al Ayuntamiento en el marco del régimen jurídico que se establezca en la concesión administrativa para su construcción y gestión.
Ya son diez los municipios de Castilla y León (gobernados por diferentes opciones políticas) que se han acogido a este nuevo modelo (8 residencias ya están en funcionamiento y 2 en construcción), demostrándose así positivo para todos: personas mayores, administraciones y entidades gestoras.
Por tal motivo, desde 2010, no se ha iniciado la construcción de nuevos centros residenciales de personas mayores por parte de ayuntamientos con financiación pública de la Junta Castilla y León.
En Medina del Campo, y según se desprende de las declaraciones realizadas recientemente por su Alcaldesa, el Ayuntamiento quiere una residencia pública municipal construida con fondos públicos y gestionada por una empresa privada.
Desde el Grupo Popular, no consideramos que tenga justificación, a la vista de las bondades del nuevo modelo de colaboración público-privada para la atención residencial a personas mayores, y del éxito que está teniendo en otros municipios, que sean la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento los que asuman una inversión de más de tres millones de euros para que al día siguiente de finalizar la obra de la residencia se entreguen las llaves a una empresa privada para que desarrolle su actividad sin asumir riesgo o inversión alguna.
En la actual situación económica, entendemos que es más importante destinar los recursos económicos públicos a la atención a las personas que no destinarlos a inversiones en construcción de centros o edificios.
El ayuntamiento medinense podría disponer en un plazo muy breve de una residencia para personas mayores dependientes, en las mismas condiciones que el resto de Ayuntamientos de la Comunidad en los últimos años, con el modelo de colaboración público-privada (concertación de plazas de hasta un 40 % de plazas, disposición de suelo público y construcción y gestión a una entidad o empresa privada).
El proyecto de obra existente es viable en el estado en el que está actualmente, sin necesidad de modificar la ubicación del mismo, sin pérdida de plazas, ni incremento del coste de construcción, ya que para su autorización se aplicarían los requisitos de la normativa anterior a la actualmente vigente dada la fecha en la que se visó el proyecto arquitectónico de construcción.
Por lo tanto, los medinenses pueden tener una residencia para personas mayores en las mismas condiciones que propugna el Ayuntamiento, es decir, de titularidad pública, con gestión privada, pero con la ventaja de no tener que desembolsar aportaciones de dinero público para su construcción, si optan por el modelo propuesto por la Junta.
En el área de Medina del Campo 550 personas mayores dependientes están ya accediendo a una plaza residencial gracias a la financiación de la Junta Castilla y León, personas que cuentan con unos ingresos similares a los del resto de la población mayor de la zona de Medina. Estas ayudas complementan la capacidad económica de estas personas, lo que permite financiar el coste medio de las plazas residenciales para personas mayores dependientes. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudiera pactar el propio Ayuntamiento de Medina con la entidad privada gestora para facilitar el acceso a personas de su municipio a parte de las plazas que se crearan.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que solicite al Ayuntamiento de Medina de Campo que se avenga a firmar un acuerdo de colaboración público-privada para la construcción de una residencia de personas mayores en dicha localidad, en los mismos términos en los que, desde el año 2010, se han formalizado con otros ayuntamientos de la Comunidad, para que, en ejecución del mismo, el ayuntamiento oferte, mediante los procedimientos legalmente establecidos, la disposición de suelo para construcción y gestión de una residencia por parte de una entidad privada y la Junta se comprometa a la concertación del 40 % de sus plazas, una vez concluido".
Valladolid, 2 de diciembre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan José Sanz Vitorio
PNL/001197-01
CVE="BOCCL-09-013616"