PE/004944-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El 5 de diciembre de 2014 fue registrada una denuncia ante la Inspección General de Servicios por las posibles irregularidades que un funcionario de la Delegación Territorial de Burgos estaban cometiendo, en la que se argumentaba que un funcionario del Servicio Territorial de Hacienda, dedicado a la tramitación de la liquidación de impuestos, "captaba" clientes como abogado particular en la oficina pública, por lo que, en muchos casos, se convertía en apoderado, representante y funcionario tramitador en muchos de los expedientes, o citando al Procurador del Común: "un funcionario público que realiza liquidaciones del Impuesto de Sociedades y solicita documentos de prevaloraciones, simultáneamente está actuando como gestor particular autorizado por los herederos en expedientes de sucesiones, los cuales puede posteriormente liquidar dentro de su perfil".

Tras esta denuncia realizada a la Inspección, la misma solicitó pruebas documentales a los funcionarios denunciantes, que fueron aportadas el 6 de marzo de 2015. Dado que una de las principales pruebas era el testimonio de varias funcionarias que habían visto como un ciudadano exigía un factura al funcionario denunciado, en las dependencias públicas, por su gestión en la liquidación de su impuesto de sucesiones, que la Inspección nunca llamó a estas personas para declarar, y que nunca existió ningún tipo de contestación por parte de la Inspección, los denunciantes asumieron que la Inspección no había hecho su trabajo, más si cabe cuando la conducta irregular se seguía produciendo.

Un año después, el 4 de diciembre de 2015, denunciaron al Presidente de la Junta lo que consideraban una inhibición irregular de la propia Inspección General de Servicios. Al seguir sin obtener contestación, los funcionarios acudieron al Procurador del Común, tres meses después, para plantearle la denuncia y buscar amparo.

El Procurador abrió el expediente 20160475 y volvió a solicitar pruebas documentales sobre los hechos denunciados, las cuales fueron aportadas en un número aún mayor que las aportadas a la Inspección. Tras más de 7 meses de investigación, resuelve en fecha 22 de diciembre del pasado año afirmando que "ante la ausencia de remisión por la Consejería de Presidencia del informe de conclusiones, no podemos concluir si la Inspección General de Servicios ha realizado o no fas actuaciones de supervisión objeto de la queja".

Asimismo expresa que "también hemos dirigido una solicitud de información a la Consejería de Economía y Hacienda, la cual (...) nos ha indicado que el funcionario tiene autorizada la concesión de un incremento de productividad vinculado al plan de lucha contra el fraude 2014 a propuesta del director General de Tributos, sin realizar manifestaciones acerca de la compatibilidad que el funcionario tiene reconocida en la actualidad, ni de la apertura de actuaciones disciplinarias contra el funcionario por presunta vulneración de la normativa de compatibilidades".

Continua diciendo que "la tramitación de la queja planteada pone de manifiesto que el objeto de la misma no radica, a pesar de lo que pudiera plantearse en un principio, en la actividad genérica de la Inspección General de Servicios, sino en la ausencia de actuaciones de la citada Inspección a la vista de la denuncia presentada contra un funcionario concreto del Servicio Territorial de Hacienda en Burgos, el cual podría estar vulnerando la normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas e incumpliendo su jornada laboral".

Por último, el Procurador del común en su resolución afirma que la Inspección no le ha remitido el informe de conclusiones del Inspector General de Servicios de fecha 18 de mayo de 2015, por lo que no se puede determinar si la Inspección ha realizado alguna investigación, y concluye que "en el caso de que no se hayan llevado a cabo actuaciones por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimiento de la normativa de incompatibilidades por parte del funcionario mencionado en el escrito de queja, iniciar las actuaciones supervisoras oportunas...".

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones para que la Consejería de Economía y Hacienda no haya informado sobre la supuesta existencia del expediente de compatibilidad de dicho funcionario? ¿Cuáles son las razones de no haber dado traslado del mismo a los funcionarios denunciantes?

En León, a 24 de enero de 2017.

EL PROCURADOR,

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez