PNL/001334-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001334-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España para que inste a su vez a la Comisión Europea a continuar mejorando la capacidad institucional y técnica, con el fin de aumentar la transparencia y esclarecimiento del destino de los ingresos procedentes de las subastas y sanciones del Régimen de Comercio y los Derechos de Emisión, para su tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001329 a PNL/001360.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

Tras el Protocolo de Kioto, la Unión Europea adoptó una serie de compromisos, entre ellos un marco regulatorio, el denominado Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), iniciado en el año 2005 a través de la Directiva 2003/87/CE.

El RCDE UE es actualmente el mayor y mejor sistema conocido de limitación y comercio de la emisión de gases de efecto invernadero, fija el precio del carbono y otorga un valor financiero a cada tonelada de dióxido de carbono equivalente ahorrada.

Dicho mercado ha ido madurando lentamente, no sin problemas de regulación y/o seguridad jurídica.

En concreto, el informe especial "Integridad y aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE" elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2015, en el que se reconoce y define el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea como un pilar esencial y emblemático para la lucha contra el cambio climático, se concluye que la gestión del RCDE UE por la Comisión y los Estados miembros no ha sido adecuada en todos los aspectos.

En dicho informe se ponen de manifiesto las deficiencias relativas a la regulación y supervisión del mercado de emisiones. Destaca que la definición legal de los derechos de emisión no es suficientemente clara, como tampoco la creación y protección de las garantías reales sobre los derechos de emisión.

Es destacable que durante los años 2008 y 2011 se cometió un fraude de dimensiones millonarias sobre el impuesto de valor añadido conocido como "Carrusel" en la compraventa de derechos de emisión de carbono, robos de derechos de emisión y amenazas cibernéticas como la suplantación de identidad. Fraudes que llevaron a la Comisión a reconocer que era necesario reformar la regulación y supervisión del mercado y mejorar la seguridad del Registro, en la que se destacan medidas como la posibilidad de que los Estados miembros apliquen un mecanismo de inversión del sujeto pasivo, de esta manera la obligación tributaria recae sobre la persona a la cual se trasfieren los derechos de emisión.

La Comisión Europea estima que el valor representado por los derechos de emisión y otras unidades de cumplimiento consignados en el Registro de la Unión Europea supera los 10.000 millones de euros, valor determinado por el precio de mercado.

El funcionamiento del RCDE UE ha ido evolucionando, aprendiendo de los errores y en la actualidad se encuentra en la tercera fase (2013-2020) en el que se cambia el sistema del Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para pasar a ser establecidas en el ámbito de la UE y en el que el método de la subasta constituye el modo de asignación más trasparente y permite llevar a la práctica el principio fundamental de quien contamina paga.

Si bien es cierto que se están haciendo esfuerzos para evitar el fraude fiscal, aumentar la trasparencia y regular de una forma óptima el mercado, al Grupo Parlamentario Ciudadanos le preocupa que estos esfuerzos de la Comisión no se centren también en reflejar el destino de la recaudación de los fondos originados por el mercado, el destino tanto de los fondos como el de las sanciones.

Tampoco se está desarrollando una correcta contabilidad ambiental que calcule los sumideros de CO2 o masas forestales que absorben la contaminación, su cuantía, la forma en que lo hacen y cómo se puede compensar a los agentes descontaminantes, como por ejemplo el sector forestal por las labores, trabajos, gastos e inversión para su conservación y mantenimiento.

En opinión de este Grupo Parlamentario, Castilla y León tiene pleno derecho de conocer exactamente lo que le corresponde económicamente según su capacidad de descontaminación.

Según el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en la Unión Europea, al menos la mitad de los ingresos procedentes de las subastas y el total de los correspondientes al sector de la aviación se deben dedicar a la lucha contra el cambio climático en Europa o en otros países.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de la Nación para que inste a la Comisión Europea a continuar progresando en mejorar la capacidad institucional y técnica, con el fin de aumentar la trasparencia y esclarecimiento del destino de los ingresos procedentes de las subastas y sanciones del Régimen de Comercio de los Derechos de Emisión.

En Valladolid, a 16 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,

Fdo.: David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/001334-01

CVE="BOCCL-09-015185"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 27408-27410
BOCCL nº 243/9 del 14/3/2017
CVE: BOCCL-09-015185

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001334-01
Proposición No de Ley presentada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España para que inste a su vez a la Comisión Europea a continuar mejorando la capacidad institucional y técnica, con el fin de aumentar la transparencia y esclarecimiento del destino de los ingresos procedentes de las subastas y sanciones del Régimen de Comercio y los Derechos de Emisión, para su tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001329 a PNL/001360.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

Tras el Protocolo de Kioto, la Unión Europea adoptó una serie de compromisos, entre ellos un marco regulatorio, el denominado Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), iniciado en el año 2005 a través de la Directiva 2003/87/CE.

El RCDE UE es actualmente el mayor y mejor sistema conocido de limitación y comercio de la emisión de gases de efecto invernadero, fija el precio del carbono y otorga un valor financiero a cada tonelada de dióxido de carbono equivalente ahorrada.

Dicho mercado ha ido madurando lentamente, no sin problemas de regulación y/o seguridad jurídica.

En concreto, el informe especial "Integridad y aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE" elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2015, en el que se reconoce y define el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea como un pilar esencial y emblemático para la lucha contra el cambio climático, se concluye que la gestión del RCDE UE por la Comisión y los Estados miembros no ha sido adecuada en todos los aspectos.

En dicho informe se ponen de manifiesto las deficiencias relativas a la regulación y supervisión del mercado de emisiones. Destaca que la definición legal de los derechos de emisión no es suficientemente clara, como tampoco la creación y protección de las garantías reales sobre los derechos de emisión.

Es destacable que durante los años 2008 y 2011 se cometió un fraude de dimensiones millonarias sobre el impuesto de valor añadido conocido como "Carrusel" en la compraventa de derechos de emisión de carbono, robos de derechos de emisión y amenazas cibernéticas como la suplantación de identidad. Fraudes que llevaron a la Comisión a reconocer que era necesario reformar la regulación y supervisión del mercado y mejorar la seguridad del Registro, en la que se destacan medidas como la posibilidad de que los Estados miembros apliquen un mecanismo de inversión del sujeto pasivo, de esta manera la obligación tributaria recae sobre la persona a la cual se trasfieren los derechos de emisión.

La Comisión Europea estima que el valor representado por los derechos de emisión y otras unidades de cumplimiento consignados en el Registro de la Unión Europea supera los 10.000 millones de euros, valor determinado por el precio de mercado.

El funcionamiento del RCDE UE ha ido evolucionando, aprendiendo de los errores y en la actualidad se encuentra en la tercera fase (2013-2020) en el que se cambia el sistema del Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para pasar a ser establecidas en el ámbito de la UE y en el que el método de la subasta constituye el modo de asignación más trasparente y permite llevar a la práctica el principio fundamental de quien contamina paga.

Si bien es cierto que se están haciendo esfuerzos para evitar el fraude fiscal, aumentar la trasparencia y regular de una forma óptima el mercado, al Grupo Parlamentario Ciudadanos le preocupa que estos esfuerzos de la Comisión no se centren también en reflejar el destino de la recaudación de los fondos originados por el mercado, el destino tanto de los fondos como el de las sanciones.

Tampoco se está desarrollando una correcta contabilidad ambiental que calcule los sumideros de CO2 o masas forestales que absorben la contaminación, su cuantía, la forma en que lo hacen y cómo se puede compensar a los agentes descontaminantes, como por ejemplo el sector forestal por las labores, trabajos, gastos e inversión para su conservación y mantenimiento.

En opinión de este Grupo Parlamentario, Castilla y León tiene pleno derecho de conocer exactamente lo que le corresponde económicamente según su capacidad de descontaminación.

Según el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en la Unión Europea, al menos la mitad de los ingresos procedentes de las subastas y el total de los correspondientes al sector de la aviación se deben dedicar a la lucha contra el cambio climático en Europa o en otros países.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de la Nación para que inste a la Comisión Europea a continuar progresando en mejorar la capacidad institucional y técnica, con el fin de aumentar la trasparencia y esclarecimiento del destino de los ingresos procedentes de las subastas y sanciones del Régimen de Comercio de los Derechos de Emisión.

En Valladolid, a 16 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,

Fdo.: David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/001334-01

CVE="BOCCL-09-015185"



Sede de las Cortes de Castilla y León