PNL/001419-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001419-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a evaluar anualmente las políticas de igualdad y contra la violencia de género con profesionales en materia de igualdad e intervención en violencia de género contando con la colaboración de la sociedad civil, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de abril de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001416 a PNL/001449.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de abril de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

Tras el avance legislativo sin precedentes que supuso la aprobación de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en España, cuando se cumplen diez años de su aprobación, comprobamos como debido a los recortes y la falta de voluntad política dicha ley se ha quedado en papel mojado. Lo mismo cabe decir de la legislación y los planes contra la violencia de género: la insuficiencia de recursos y la deficiente gestión de políticas integrales para luchar contra la violencia dan como resultado que todos los años sigan asesinando decenas de mujeres.

Los recortes llevados a cabo fundamentalmente desde 2010 hasta el día de hoy, sin que en ningún caso se haya regresado a los niveles de 2007, han tenido repercusiones negativas en la aplicación de leyes y planes relacionados con las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Sin embargo, es difícil medir dicha repercusión real debido a que no se realizan evaluaciones de impacto de género en la aplicación de las políticas.

Cierto es que la Comunidad Autónoma de Castilla y León presenta periódicamente listados de acciones desarrolladas, presupuesto más o menos desagregado (no todo lo que debiera) y objetivos cumplidos respecto a su Plan Autonómico para la Igualdad. El problema es que esto no es una evaluación de impacto: se dice lo que se hace, lo que se gasta, pero no si esto concluye en un impacto positivo o no. Dichos listados no son una forma eficiente de evaluación ni muchísimo menos un medidor real de la situación de desigualdad y violencia que sufren las mujeres.

En este sentido, en 2015 la ONU realizó el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en el que se ponía sobre la mesa un análisis exhaustivo sobre la situación en España en torno a la aplicación real de políticas de igualdad y contra la violencia. Como resultado, la situación de crisis y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno central y los autonómicos dejaban un panorama desolador para las mujeres que en todo caso no ha sido evaluado en su totalidad.

En consecuencia, la ONU plantea una serie de recomendaciones en torno a la transparencia y la evaluación de las políticas públicas de igualdad, participadas con las sociedad civil, para conocer en profundidad el impacto de las políticas de austeridad implantadas en nuestra Comunidad Autónoma así como para medir la incidencia de la legislación, tanto autonómica como estatal, en estas materias y su cumplimiento real.

Por todo esto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Evaluar anualmente las políticas de igualdad y contra la violencia de género (leyes, planes, programas, normativa) bajo los siguientes parámetros: indicadores de realización, indicadores de resultados e indicadores de impacto; con el objetivo de realizar una evaluación de impacto real y transparente.

2. Realizar la evaluación con profesionales en materia de igualdad e intervención en violencia de género y contar con la colaboración de la sociedad civil para ello.

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/001419-01

CVE="BOCCL-09-016345"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 29715-29716
BOCCL nº 262/9 del 20/4/2017
CVE: BOCCL-09-016345

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001419-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a evaluar anualmente las políticas de igualdad y contra la violencia de género con profesionales en materia de igualdad e intervención en violencia de género contando con la colaboración de la sociedad civil, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de abril de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001416 a PNL/001449.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de abril de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

Tras el avance legislativo sin precedentes que supuso la aprobación de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en España, cuando se cumplen diez años de su aprobación, comprobamos como debido a los recortes y la falta de voluntad política dicha ley se ha quedado en papel mojado. Lo mismo cabe decir de la legislación y los planes contra la violencia de género: la insuficiencia de recursos y la deficiente gestión de políticas integrales para luchar contra la violencia dan como resultado que todos los años sigan asesinando decenas de mujeres.

Los recortes llevados a cabo fundamentalmente desde 2010 hasta el día de hoy, sin que en ningún caso se haya regresado a los niveles de 2007, han tenido repercusiones negativas en la aplicación de leyes y planes relacionados con las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Sin embargo, es difícil medir dicha repercusión real debido a que no se realizan evaluaciones de impacto de género en la aplicación de las políticas.

Cierto es que la Comunidad Autónoma de Castilla y León presenta periódicamente listados de acciones desarrolladas, presupuesto más o menos desagregado (no todo lo que debiera) y objetivos cumplidos respecto a su Plan Autonómico para la Igualdad. El problema es que esto no es una evaluación de impacto: se dice lo que se hace, lo que se gasta, pero no si esto concluye en un impacto positivo o no. Dichos listados no son una forma eficiente de evaluación ni muchísimo menos un medidor real de la situación de desigualdad y violencia que sufren las mujeres.

En este sentido, en 2015 la ONU realizó el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en el que se ponía sobre la mesa un análisis exhaustivo sobre la situación en España en torno a la aplicación real de políticas de igualdad y contra la violencia. Como resultado, la situación de crisis y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno central y los autonómicos dejaban un panorama desolador para las mujeres que en todo caso no ha sido evaluado en su totalidad.

En consecuencia, la ONU plantea una serie de recomendaciones en torno a la transparencia y la evaluación de las políticas públicas de igualdad, participadas con las sociedad civil, para conocer en profundidad el impacto de las políticas de austeridad implantadas en nuestra Comunidad Autónoma así como para medir la incidencia de la legislación, tanto autonómica como estatal, en estas materias y su cumplimiento real.

Por todo esto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Evaluar anualmente las políticas de igualdad y contra la violencia de género (leyes, planes, programas, normativa) bajo los siguientes parámetros: indicadores de realización, indicadores de resultados e indicadores de impacto; con el objetivo de realizar una evaluación de impacto real y transparente.

2. Realizar la evaluación con profesionales en materia de igualdad e intervención en violencia de género y contar con la colaboración de la sociedad civil para ello.

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/001419-01

CVE="BOCCL-09-016345"



Sede de las Cortes de Castilla y León