PL/000010-02

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 16 de mayo de 2017, ha admitido a trámite la Enmienda a la Totalidad con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017, PL/000010.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de mayo de 2017.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD de DEVOLUCIÓN del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017:

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017 se han presentado con cinco problemas iniciales que relatamos a continuación:

1.º Se ha remitido a estas Cortes a finales de abril de 2017, con una absoluta falta de transparencia, por cuanto se ha enviado la ejecución del presupuesto prorrogado a marzo de 2017 pero no la ejecución, a 31 de diciembre, del presupuesto de 2016, a pesar de contar con ella. Todo ello agravado porque la Junta de Castilla y León lleva más de cuatro meses sin remitir esa información a estas Cortes, incumpliendo la obligación que le impone el artículo 235 de la Ley de Hacienda. Y con la profunda deslealtad que supone que el Partido que sustenta el Gobierno conociera de antemano las cifras de ejecución presupuestaria que aún no han sido remitidas a las Cortes de Castilla y León, así como que el Secretario General de dicho Partido conociera antes que las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Presupuestos, según manifestó el Presidente Herrera.

2.º Inspiran desconfianza porque la Junta de Castilla y León no ejecutó 420 millones de inversiones inicialmente presupuestadas en 2016, uno de cada tres euros, dejando sin otorgar subvenciones y sin construir colegios, institutos o centros de salud... comprometidos.

3.º La falta de transparencia se incrementa cuando el Presupuesto cuenta con un techo de gasto no financiero 88 millones superior al aprobado por estas Cortes y, al igual que cuando la Junta de Castilla y León remitió ese techo, no hay informe alguno que justifique el cumplimiento de la regla de gasto.

4.º Somos la última Comunidad Autónoma en contar con Presupuestos, de forma premeditada para restringir el gasto. Desde su publicación hasta el cierre de ejercicio no transcurrirán más de cuatro meses, con lo que habrá muchas inversiones nuevas que no se podrán licitar y, por tanto, quedarán sin ejecutar. Del mismo modo, se restringirá el gasto en personal y se continuará sin recuperar el empleo público perdido con la crisis como denota el Capítulo I, cuyo incremento del 1,37 % corresponderá a la subida del 1 % de las retribuciones y a los nuevos trienios de una plantilla cada vez más envejecida.

5.º Existe un claro incumplimiento con el compromiso del Presidente de la Junta de Castilla y León de destinar a gasto social el 80 % del gasto no financiero de las consejerías: faltan casi 31 millones de euros para que la suma del gasto de las consejerías de educación, sanidad y familia alcance ese indicador, como ya ocurrió en 2016.

Los socialistas entendemos que es más razonable fijar el suelo de gasto social en el 12 % del PIB, que garantiza un esfuerzo en función de la evolución económica. Con nuestra regla, el gasto social sería 154 millones mayor, recursos que se destinarían a paliar los recortes que la Junta de Castilla y León ha dado a las políticas activas de empleo, de vivienda, de acción social, de sanidad y a de educación. Por otro lado, entendemos que el criterio utilizado por la Junta de Castilla y León es tautológico y sólo sirve para consolidar los recortes. En el año 2011, en lo peor de la crisis el presupuesto consolidado era 248 millones menor que el que ahora se presenta, sin embargo, el gasto no financiero de las consejerías, con el que la Junta de Castilla y León calcula el suelo social, era 500 millones mayor. Es decir, ese concepto de suelo social, ese 80 % de gasto no financiero de las consejerías ha sufrido un recorte de 386 millones respecto a 2011, escenario que puede verse agravado con el calendario de vencimientos de la deuda de la Comunidad Autónoma que, en los próximos seis años, supondrá casi 350 millones más en amortizaciones, superando los 1.100 millones de euros anuales a los que añadir los intereses de la deuda.

Desde que Mariano Rajoy preside el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León acumula un recorte de 3.085 millones en el Estado de Bienestar, lo que viene a coincidir con los 2.900 millones de transferencias que el Estado ha recortado, sólo 960 millones en dependencia.

Alcanzar ese 12 % del PIB implica revertir la injusta política fiscal promovida por la Junta de Castilla y León. Un año más, los que más ganan seguirán pagando menos en el tramo autonómico del IRPF, haciendo que Castilla y León esté en el furgón de cola por incremento de recaudación de IRPF. Asimismo, los que más tienen y más heredan gozarán de importantes beneficios que se incrementarán en 2017, mermando la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones. Incluso los negocios del juego seguirán recogiendo el grueso de los beneficios fiscales.

En resumen, la Junta de Castilla y León renuncia a generar más recursos de quienes más ganan, más tienen y más heredan, castigando doblemente a la gran mayoría que necesita de lo público, por un lado, con un modelo fiscal injusto y, por otro, consolidando los recortes en las políticas del Estado de Bienestar.

Más recursos también favorecerían un mayor estímulo de la economía que, un año más, volverá a crecer menos que la media nacional, según varios analistas y los cálculos de la AIReF para el primer trimestre de 2017, ahondando en la pérdida de peso relativo de nuestra economía en el conjunto de España, que supera ya el 10 % de caída desde que gobierna el Sr.

Herrera, motivo por el que el incremento de la recaudación por IVA será de los menores de todas las Comunidades Autónomas.

Este crecimiento económico más liviano que la media es lo que hace que perdamos población a espuertas al no generarse empleo suficiente y de calidad. Hoy sigue habiendo 22.000 afiliados menos a la seguridad social y 42.100 contratos indefinidos menos que cuando se implantó la reforma laboral. En resumen, menos empleo, más precario y una sangría demográfica que no cesa.

Por estas razones, junto con las prioridades de gasto que no compartimos y la previsible inejecución de gran parte de las inversiones previstas, especialmente muchas de las contempladas en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, se solicita la devolución del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017 a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 16 de mayo de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández