PNL/001500-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de mayo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001496 a PNL/001506.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de mayo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios, Manuel Mitadiel Martínez, Belén Rosado Diago y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

La Constitución española, en su artículo 45, consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y, al mismo tiempo, establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida. El Estado y las Comunidades Autónomas tienen encomendada la tarea de establecer la legislación básica en este ámbito y la gestión en materia de protección respectivamente, en virtud de los artículos 148 y 149 de la CE.

Al mismo tiempo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge, en el artículo 16 apartado 15, como principios rectores de las políticas públicas: «La garantía efectiva del derecho de todos los castellanos y leoneses a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, impulsando la compatibilidad entre la actividad económica y la calidad ambiental con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible».

Cada año, en España, millones de personas están expuestas a aire contaminado en muchas ciudades de nuestro país. En Castilla y León se cifran en 2,5 millones de personas las que han estado expuestas a emisiones contaminantes, sobre todo, al llamado ozono troposférico. De hecho, hace unas semanas, las organizaciones ecologistas señalaban que este gas contaminante superaba ampliamente los niveles establecidos en varios municipios del alfoz de la provincia de Valladolid, con el alto riesgo que supone para la salud de los castellanos y leoneses.

Las elevadas tasas de contaminación están relacionadas con factores antropogénicos, es decir, que son consecuencia de la actividad humana. Medios de transporte, ineficiencia energética en edificios y viviendas, el uso de contaminantes industriales o la gestión deficiente de los residuos son solo algunas de las razones que concurren en el mal estado del aire que respiramos. Si a dicha ecuación le sumamos factores de carácter externo como, por ejemplo, la falta de lluvias en los últimos meses, las medidas a implementar deberán ser mucho más drásticas y exigentes.

En este contexto, la mala calidad del aire es una de las mayores amenazas para la salud. La Agencia Europea del Medio Ambiente calcula que, al año, 29.980 personas mueren prematuramente a causa de la contaminación. Por su parte, la Agencia Europea del Medio Ambiente, en un estudio publicado en 2016, señalaba que las partículas contaminantes que las centrales térmicas de la Comunidad son responsables de más de 300 muertes al año, relacionadas con enfermedades respiratorias.

Precisamente, la mala calidad del aire en nuestras ciudades es responsable directo de la mortalidad causada por accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, repercutiendo en el gasto sanitario derivado de los tratamientos, pérdida de horas de trabajo, etc. Las estimaciones se aproximan a 32.000 millones de euros o el 2,8 % del PIB como coste a las arcas públicas.

Pero las malas condiciones del aire también dañan a los cultivos y a la vegetación por la acidificación y eutrofización (acumulación de contaminantes) en los suelos y ecosistemas, perjudicando a la agricultura y ganadería de forma más intensa. La Agencia Europea del Medio Ambiente destaca a España como uno de los países que más afectados con 121.651 kilómetros cuadrados, dos terceras partes de la superficie cultivada.

Con la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, aprobada el pasado 14 de diciembre de 2016, se hace un llamamiento a "alcanzar, de modo eficiente en términos de costes, los objetivos de calidad del aire establecidos en la legislación de la Unión y a mitigar los efectos del cambio climático, además de a mejorar la calidad del aire a nivel mundial" junto al objetivo de "contribuir a reducir los costes que la contaminación atmosférica en la Unión ocasiona en el ámbito de la salud, al mejorar el bienestar de los ciudadanos de la Unión, así como a favorecer la transición a una economía verde". Asimismo dicha Directiva establece entre sus prioridades "la reducción progresiva de la contaminación atmosférica al añadirse a las reducciones logradas mediante la legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente por emisiones de determinadas sustancia". Según el documento, los principales agentes contaminantes que contribuyen a la acidificación, eutrofización y contaminación del ozono a reducir son:

• «Dióxido de azufre» o «SO2»: todo compuesto de azufre expresado como dióxido de azufre (SO2), incluido el trióxido de azufre (SO3), el ácido sulfúrico (H2S04) y los compuestos reducidos de azufre como el sulfuro de hidrógeno (H2S), los mercaptanos y los sulfuros de dimetilo. Estos se emiten en la combustión generada por los motores de coche (diésel), afectando al pulmón y al sistema inmunológico.

• «Óxidos de nitrógeno» o «NOx»: el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, expresados como dióxido de nitrógeno. Presente en ciudades con actividad industrial termoeléctrica como el caso de León.

• «Compuestos orgánicos volátiles no metánicos» o «COVNM»: todos los compuestos orgánicos, distintos del metano, que pueden producir oxidantes fotoquímicos por reacción con los óxidos de nitrógeno en presencia de la luz solar. Incoloros, inodoros, tiene una gran toxicidad, llegando a ser potencialmente cancerígenos.

• «Partículas finas» o «PM2,5»: las partículas con diámetro aerodinámico igual o inferior a 2,5 micrómetros (µm). Estas son totalmente respirables, penetrando en el aparato respiratorio hasta que se depositan en los alveolos pulmonares. Se generan en la actividad de los motores diésel.

• «Carbono negro» o «CN»: partículas carbonosas que absorben la luz generadas por las combustiones incompletas del petróleo.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos somos conscientes de la importancia de la coordinación entre las diferentes Administraciones para reducir los niveles de contaminación atmosféricos en Castilla y León y que, al mismo tiempo, redunde en una mejora ostensible en la valoración general del conjunto de España. Los perjuicios que ocasiona a la salud y al bienestar de los castellanos y leoneses suponen un objetivo de primer orden, con especial hincapié en los colectivos más vulnerables y sensibles a las malas condiciones del aire como los jóvenes, los ancianos y los enfermos. Por eso es necesario cumplir con los compromisos adquiridos para la reducción de emisiones nocivas, avanzando en la puesta en marcha de medidas que ahonden en un nuevo modelo de sostenibilidad y eficiencia de los entornos rurales y urbanos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Multiplicar los esfuerzos necesarios en coordinación con Gobierno de la Nación, el resto de las Comunidades Autónomas y los Entes locales para garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la Ley 34/2007 y el resto de normativa aplicable en esta materia, incluido el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire.

2. Adoptar medidas especiales para una mayor protección de los sectores más sensibles a la contaminación (niños, ancianos y enfermos) respecto a la contaminación atmosférica, cumpliendo los estándares descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estrictos que los de la Unión Europea, en entornos de especial sensibilidad como centros escolares, residencias para la tercera edad y hospitales.

3. Cumplir las recomendaciones científico-técnicas del Plan Nacional de la Calidad del Aire, emitido por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con especial énfasis en la contaminación derivada del ozono y el PM2,5, adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los valores límite.

4. Impulsar la movilidad sostenible que mejora la calidad del aire y disminuya las emisiones que contribuyen al cambio climático.

5. Fomentar, en coordinación con el Gobierno de la Nación, Comunidades Autónomas y Entes Locales, mecanismos de coordinación para facilitar que la ciudadanía pueda acceder al uso de los sistemas de trasporte sostenible (bicicletas públicas, car pooling), sin trabas de carácter económico (prestar depósitos o garantías adicionales).

En Valladolid, a 16 de mayo de 2017.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: David Castaño Sequeros,

José Ignacio Delgado Palacios,

Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez