PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de mayo de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006168 a PE/006191.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de mayo de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La LEY 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, fue publicada en el BOCyL del 21 de noviembre de 2016.
Dicha ley señala que su objeto es regular las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ante las informaciones que le sean facilitadas por su personal respecto de actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos o personal de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administración Pública de los regulados en el Título XIX del Código Penal, así como establecer las garantías que se otorgan a los informantes.
Transcurridos seis meses desde su entrada en vigor, es necesario conocer su impacto en las actuaciones de los empleados públicos.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Cuántas denuncias, amparadas bajo el paraguas de esta norma, ha recibido la Junta de Castilla y León desde la entrada en vigor de esta Ley? ¿Con qué fechas han sido recibidas cada una de ellas?
• ¿En el ámbito de qué Consejería han sido denunciados cada uno de los hechos que han sido recibidos por la Junta de Castilla y León?
• ¿Cuántos expedientes han sido archivados? ¿Con qué fecha?
• ¿Cuántos expedientes han sido resueltos? ¿Con qué fecha? ¿Con qué resultado?
Valladolid, 16 de mayo de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
PE/006176-01
CVE="BOCCL-09-017841"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de mayo de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006168 a PE/006191.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de mayo de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La LEY 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, fue publicada en el BOCyL del 21 de noviembre de 2016.
Dicha ley señala que su objeto es regular las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ante las informaciones que le sean facilitadas por su personal respecto de actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos o personal de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administración Pública de los regulados en el Título XIX del Código Penal, así como establecer las garantías que se otorgan a los informantes.
Transcurridos seis meses desde su entrada en vigor, es necesario conocer su impacto en las actuaciones de los empleados públicos.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Cuántas denuncias, amparadas bajo el paraguas de esta norma, ha recibido la Junta de Castilla y León desde la entrada en vigor de esta Ley? ¿Con qué fechas han sido recibidas cada una de ellas?
• ¿En el ámbito de qué Consejería han sido denunciados cada uno de los hechos que han sido recibidos por la Junta de Castilla y León?
• ¿Cuántos expedientes han sido archivados? ¿Con qué fecha?
• ¿Cuántos expedientes han sido resueltos? ¿Con qué fecha? ¿Con qué resultado?
Valladolid, 16 de mayo de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
PE/006176-01
CVE="BOCCL-09-017841"