4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001514-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de junio de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001508 a PNL/001530.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de junio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo e Isabel Muñoz Sánchez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Sanidad.
ANTECEDENTES
La despenalización de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que trajo consigo la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985 en determinados supuestos fue un hito para la consecución de los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. No obstante, tuvieron que pasar 25 años para eliminar esa ley basada en supuestos que no dejaba de ser un derecho parcial para las mujeres para sustituirla por tiempos, infinitamente más garantista para los derechos de las mujeres españolas. Con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud reproductiva y sexual y de la interrupción voluntaria del embarazo, el avance fue sustancial, no sólo al legislar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino por ampliar los derechos de acceso a la anticoncepción, la educación sexual y reproductiva en todos los ámbitos y el derecho a la información.
Han pasado siete años y el Partido Popular ha sido un lastre en el proceso de mejorar los derechos reproductivos de las mujeres. No sólo por su oposición desde el primer momento a la aprobación de esta ley, sino por el ruido mediático, las opiniones sesgadas al respecto y la coacción social que ejerció durante meses. Por último, en 2015 realizaron una modificación que suponía no aceptar los derechos de las menores que pretendían realizar una IVE.
En medio de este caldo de cultivo no es de extrañar que no haya hecho nada para permitir que la Ley se desarrolle con plenas garantías en el SNS. En 2011, como desarrollo reglamentario de la Ley se aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Poco, o nada, ha habido de desarrollo en las CC. AA. que tenían las competencias para llevarla a cabo existiendo además una brutal desigualdad en su aplicación entre unas y otras. La ONU alertó en 2015 sobre las nefastas consecuencias de la modificación que afectaba a las menores, así como de la nula aplicación de la Ley y las dificultades que presentaba la existencia de la objeción de conciencia, que no está regulada y que impide que en muchos centros se lleven a cabo IVE (la más palpable, la derivación masiva a clínicas privadas).
En principio, para garantizar la igual asistencia y acceso a cualquier servicio del SNS se entiende que se debe hacer a través del sistema público. La Ley, sin embargo, prevé la derivación a los centros privados y esta es la realidad: en 2015 el 88 % de las IVE realizadas fueron en centros privados.
En Castilla y León, según datos de la Consejería de Sanidad, en 2015 se practicaron 2652 IVE de las que 1321 dispusieron de financiación pública (lo cual, evidentemente, no quiere decir que se realizaran en centros públicos). De hecho, sólo hay un centro público donde se realizan IVE en nuestra Comunidad, el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Sólo se realizaron 30 IVE en 2015 de los 2652 casos registrados, es decir, 2622 se realizaron en la red privada. El hecho de que el único hospital público donde se realizan IVE sea el de Miranda de Ebro, un municipio periférico dentro del vasto territorio que supone Castilla y León, supone que la mayoría de mujeres de nuestra Comunidad tengan que recorrer cientos de kilómetros para acceder en el sistema público a una IVE. Viajes, por cierto, que pagan de su bolsillo las mujeres, lo que supone una desigualdad de acceso añadida.
La conclusión es que la IVE sigue sin ser un derecho en nuestro país. Que la legislación que supuso un importante avance para los derechos de las mujeres españolas se ha convertido en papel mojado debido a su nefasta gestión y a un cumplimiento nulo.
Existe un trato discriminatorio, dificultad de acceso igual para todas las mujeres, falta de información e incluso trato vejatorio hacia las mujeres que deciden ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos. Rodeado de estereotipos, falaces discursos éticos y la estigmatización que aún persiste en la sociedad española en torno a la IVE se puentea el cumplimiento de la legislación española, las recomendaciones de la ONU y los derechos vitales de la mitad de la población.
Por todo presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar las medidas necesarias en cuanto a recursos, información y asistencia sanitaria para cumplir con la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar medidas específicas para garantizar un acceso igualitario a la IVE dentro del sistema público evitando las derivaciones a centros privados.
3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que exhorten al Gobierno de España a regular la objeción de conciencia de manera eficaz para evitar las consecuencias negativas que tiene para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Valladolid, 29 de mayo de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo e
Isabel Muñoz Sánchez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001514-01
CVE="BOCCL-09-018104"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 35581-35583
BOCCL nº 288/9 del 15/6/2017
CVE: BOCCL-09-018104
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001514-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, instando a la Junta de Castilla y León a implantar las medidas necesarias para cumplir con la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de junio de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001508 a PNL/001530.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de junio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo e Isabel Muñoz Sánchez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Sanidad.
ANTECEDENTES
La despenalización de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que trajo consigo la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985 en determinados supuestos fue un hito para la consecución de los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. No obstante, tuvieron que pasar 25 años para eliminar esa ley basada en supuestos que no dejaba de ser un derecho parcial para las mujeres para sustituirla por tiempos, infinitamente más garantista para los derechos de las mujeres españolas. Con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud reproductiva y sexual y de la interrupción voluntaria del embarazo, el avance fue sustancial, no sólo al legislar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino por ampliar los derechos de acceso a la anticoncepción, la educación sexual y reproductiva en todos los ámbitos y el derecho a la información.
Han pasado siete años y el Partido Popular ha sido un lastre en el proceso de mejorar los derechos reproductivos de las mujeres. No sólo por su oposición desde el primer momento a la aprobación de esta ley, sino por el ruido mediático, las opiniones sesgadas al respecto y la coacción social que ejerció durante meses. Por último, en 2015 realizaron una modificación que suponía no aceptar los derechos de las menores que pretendían realizar una IVE.
En medio de este caldo de cultivo no es de extrañar que no haya hecho nada para permitir que la Ley se desarrolle con plenas garantías en el SNS. En 2011, como desarrollo reglamentario de la Ley se aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Poco, o nada, ha habido de desarrollo en las CC. AA. que tenían las competencias para llevarla a cabo existiendo además una brutal desigualdad en su aplicación entre unas y otras. La ONU alertó en 2015 sobre las nefastas consecuencias de la modificación que afectaba a las menores, así como de la nula aplicación de la Ley y las dificultades que presentaba la existencia de la objeción de conciencia, que no está regulada y que impide que en muchos centros se lleven a cabo IVE (la más palpable, la derivación masiva a clínicas privadas).
En principio, para garantizar la igual asistencia y acceso a cualquier servicio del SNS se entiende que se debe hacer a través del sistema público. La Ley, sin embargo, prevé la derivación a los centros privados y esta es la realidad: en 2015 el 88 % de las IVE realizadas fueron en centros privados.
En Castilla y León, según datos de la Consejería de Sanidad, en 2015 se practicaron 2652 IVE de las que 1321 dispusieron de financiación pública (lo cual, evidentemente, no quiere decir que se realizaran en centros públicos). De hecho, sólo hay un centro público donde se realizan IVE en nuestra Comunidad, el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Sólo se realizaron 30 IVE en 2015 de los 2652 casos registrados, es decir, 2622 se realizaron en la red privada. El hecho de que el único hospital público donde se realizan IVE sea el de Miranda de Ebro, un municipio periférico dentro del vasto territorio que supone Castilla y León, supone que la mayoría de mujeres de nuestra Comunidad tengan que recorrer cientos de kilómetros para acceder en el sistema público a una IVE. Viajes, por cierto, que pagan de su bolsillo las mujeres, lo que supone una desigualdad de acceso añadida.
La conclusión es que la IVE sigue sin ser un derecho en nuestro país. Que la legislación que supuso un importante avance para los derechos de las mujeres españolas se ha convertido en papel mojado debido a su nefasta gestión y a un cumplimiento nulo.
Existe un trato discriminatorio, dificultad de acceso igual para todas las mujeres, falta de información e incluso trato vejatorio hacia las mujeres que deciden ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos. Rodeado de estereotipos, falaces discursos éticos y la estigmatización que aún persiste en la sociedad española en torno a la IVE se puentea el cumplimiento de la legislación española, las recomendaciones de la ONU y los derechos vitales de la mitad de la población.
Por todo presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar las medidas necesarias en cuanto a recursos, información y asistencia sanitaria para cumplir con la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar medidas específicas para garantizar un acceso igualitario a la IVE dentro del sistema público evitando las derivaciones a centros privados.
3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que exhorten al Gobierno de España a regular la objeción de conciencia de manera eficaz para evitar las consecuencias negativas que tiene para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Valladolid, 29 de mayo de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo e
Isabel Muñoz Sánchez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001514-01
CVE="BOCCL-09-018104"
