4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001552-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de julio de 2017, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley PNL/001552.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno:
ANTECEDENTES
A raíz de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se intentó por parte del gobierno de Mariano Rajoy la privatización de los Registros Civiles españoles, a través de una maniobra que le pasaba las competencias fundamentales de éstos a los registradores mercantiles y de la propiedad.
Esta ley inédita en nuestra democracia fue paralizada parcialmente gracias al esfuerzo realizado por los y las trabajadoras de dichos registros, así como por las organizaciones sindicales y plataformas de la sociedad civil, que rechazaron de plano este ataque a uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por ello, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, se vio obligado a desistir en su afán privatizador y a firmar una "vacatio legis" con el fin de estudiar una nueva propuesta de estructura organizativa de los Registros Civiles.
Dicho plazo expira el próximo 30 de junio de 2017. Por eso, el Ministerio de Justicia ha enviado a las Comunidades Autónomas, a través de la conferencia sectorial, una nueva propuesta. A juicio de las organizaciones sindicales del ramo, se trata de una desjudicialización de los registros, tal y como contempla la ley de 2011, con un nuevo sistema de gobernanza que recaerá sobre los letrados de la Administración de Justicia, asistidos por el personal funcionario perteneciente a los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia.
Este nuevo sistema consolida el modelo de 2011, con la desaparición de 300 oficinas en las zonas rurales, con el grave perjuicio en cuanto a prestación de servicios esenciales que conllevaría este hecho.
Sin embargo, se trata de un servicio público esencial para el funcionamiento de la vida civil, en todos sus ámbitos, por lo que no podemos permitir que, una vez más, aquellos que tienen dinero puedan permitirse su disfrute, mientras que el común de la gente pueda verse privado de trámites básicos.
Por todo presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a:
1. Mantener el carácter público y gratuito de los Registros Civiles, gestionados por la Administración de Justicia.
2. Establecer un sistema informático de atención a las personas, eficaz, optativo para la ciudadanía, interoperable las 24 horas y moderno, sin perjuicio de seguir ofreciendo el servicio de manera presencial para dar la posibilidad a todas las personas del disfrute de este derecho.
3. Cumplir el principio de subsidiariedad y proximidad en la prestación del servicio, garantizando el mantenimiento de todas las oficinas, en especial aquellas ubicadas en las zonas rurales.
4. Devolver a las oficinas del Registro Civil de manera exclusiva las competencias externalizadas y concretamente que las solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia se tramiten por las oficinas del Registro Civil, que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles y que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.
Valladolid, 28 de junio de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001552-01
CVE="BOCCL-09-019359"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 38922-38923
BOCCL nº 307/9 del 4/8/2017
CVE: BOCCL-09-019359
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001552-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno de España a adoptar las medidas que se especifican respecto a los Registros Civiles, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de julio de 2017, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley PNL/001552.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno:
ANTECEDENTES
A raíz de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se intentó por parte del gobierno de Mariano Rajoy la privatización de los Registros Civiles españoles, a través de una maniobra que le pasaba las competencias fundamentales de éstos a los registradores mercantiles y de la propiedad.
Esta ley inédita en nuestra democracia fue paralizada parcialmente gracias al esfuerzo realizado por los y las trabajadoras de dichos registros, así como por las organizaciones sindicales y plataformas de la sociedad civil, que rechazaron de plano este ataque a uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por ello, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, se vio obligado a desistir en su afán privatizador y a firmar una "vacatio legis" con el fin de estudiar una nueva propuesta de estructura organizativa de los Registros Civiles.
Dicho plazo expira el próximo 30 de junio de 2017. Por eso, el Ministerio de Justicia ha enviado a las Comunidades Autónomas, a través de la conferencia sectorial, una nueva propuesta. A juicio de las organizaciones sindicales del ramo, se trata de una desjudicialización de los registros, tal y como contempla la ley de 2011, con un nuevo sistema de gobernanza que recaerá sobre los letrados de la Administración de Justicia, asistidos por el personal funcionario perteneciente a los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia.
Este nuevo sistema consolida el modelo de 2011, con la desaparición de 300 oficinas en las zonas rurales, con el grave perjuicio en cuanto a prestación de servicios esenciales que conllevaría este hecho.
Sin embargo, se trata de un servicio público esencial para el funcionamiento de la vida civil, en todos sus ámbitos, por lo que no podemos permitir que, una vez más, aquellos que tienen dinero puedan permitirse su disfrute, mientras que el común de la gente pueda verse privado de trámites básicos.
Por todo presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a:
1. Mantener el carácter público y gratuito de los Registros Civiles, gestionados por la Administración de Justicia.
2. Establecer un sistema informático de atención a las personas, eficaz, optativo para la ciudadanía, interoperable las 24 horas y moderno, sin perjuicio de seguir ofreciendo el servicio de manera presencial para dar la posibilidad a todas las personas del disfrute de este derecho.
3. Cumplir el principio de subsidiariedad y proximidad en la prestación del servicio, garantizando el mantenimiento de todas las oficinas, en especial aquellas ubicadas en las zonas rurales.
4. Devolver a las oficinas del Registro Civil de manera exclusiva las competencias externalizadas y concretamente que las solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia se tramiten por las oficinas del Registro Civil, que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles y que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.
Valladolid, 28 de junio de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001552-01
CVE="BOCCL-09-019359"
