PNL/001648-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001646 a PNL/001648.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de septiembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

En los últimos meses varias compañías eléctricas han manifestado públicamente su intención de cerrar algunas de las centrales térmicas existentes en nuestra comunidad autónoma y han sembrado la duda sobre la pervivencia del resto de ellas.

Dicho anuncio supone el golpe definitivo para las cuencas mineras de León, sumidas en la mayor crisis conocida en la historia reciente. La inactividad de la práctica totalidad de las explotaciones mineras en la provincia de León ha sumido a los municipios del carbón en una agónica crisis económica y social que ha puesto en jaque la pervivencia de los mismos.

La primera reacción del Gobierno de España se produjo dos meses más tarde, el pasado mes de julio, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que realizó una consulta pública previa al proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de las instalaciones de generación eléctrica en España.

Dicha consulta fija como objetivo "recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada". Las cuestiones que plantea la consulta son dos:

1. ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad y suministro, cambio climático e impacto en el precio?

2. ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Diferentes sindicatos, organismos, instituciones y administraciones públicas, como Ayuntamientos afectados, la propia Junta de Castilla y León, o el Consejo Comarcal del Bierzo han aprobado y enviado alegaciones a la consulta previa, cuyo plazo finalizó el pasado 15 de septiembre.

El grupo parlamentario socialista considera que el artículo 21 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que "la puesta en funcionamiento, modificación, cierre temporal, transmisión y cierre definitivo de cada instalación de producción de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en su normativa de desarrollo". En consecuencia, el Gobierno puede decidir mantener operativa una central por seguridad del suministro, cambio climático y/o impacto en el precio final de la energía eléctrica.

En cualquier caso, y atendiendo a la primera cuestión planteada, sí es oportuno mantener operativa la central porque debe prevalecer la seguridad del sistema sobre los intereses particulares de una compañía en concreto. Además, si la central que se cierra afecta a la energía de respaldo del sistema, no se debe cerrar la misma hasta que esta energía de respaldo sea suministrada por otra tecnología sin acudir a intercambio de energía internacionales.

En cuanto al cambio climático, es indudable que debemos cumplir con los acuerdos internacionales sobre reducción de emisiones, pero estos no pueden ir en contra de la seguridad de suministro nacional, por lo que los mismos se tendrán que cumplir teniendo presente su impacto en el mix de generación nacional necesario para no poner en riesgo la generación de energía, un recurso esencial y básico para el bienestar de nuestra población así como el desarrollo industrial de nuestro país.

Además, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cuenta con un Informe interno, de 2 de diciembre de 2015, titulado "Las centrales de carbón autóctono como elemento de seguridad de suministro en España". En él se sostiene: "las centrales térmicas de carbón autóctono tienen además todas las características adecuadas para servir de respaldo a la producción renovable... Según una simulación realizada por el Operador del Mercado (OMIE)..., de no disponer de las centrales de carbón autóctono, se obtendría una elevación media del precio del mercado (eléctrico) del 3,52 % (un sobrecoste de 350 millones de euros al año para los consumidores). El mismo informe concluye lapidariamente: "Debe establecerse un incentivo para asegurar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible".

En consecuencia, el Gobierno debe impedir el cierre de centrales térmicas que se alimentan con carbón nacional. Su funcionamiento, como energía de respaldo a las de origen renovable, debe tener preferencia sobre las centrales nucleares (próximas a cumplir su ciclo de vida útil), sobre las térmicas alimentadas con carbón de importación (20 % más caro, con el mismo impacto en el cambio climático y de precio muy volátil) y sobre las centrales alimentadas con gas (todavía más caro, con el mismo impacto en el cambio climático y de suministro más inseguro). Esta ha sido, por cierto, la estrategia adoptada por Alemania para el periodo de transición.

El Gobierno debe garantizar que las centrales térmicas situadas en zonas mineras -como las de Compostilla, La Robla, Anllares y Guardo- se doten de los mecanismos de desulfuración y desnitrificación que exige la Directiva Europea de Emisiones Industriales para poder seguir operando más allá de 2020. De esa manera se podrá garantizar la existencia de un sector minero español viable que funcione como reserva estratégica nacional para asegurar el suministro y la estabilidad del precio de la energía.

Así mismo, el Gobierno debe impulsar y revitalizar los trabajos de la Fundación CIUDEN para la captura del CO2 (Cubillos del Sil), injustificadamente paralizados cuando se había conseguido el éxito a escala preindustrial. Este desarrollo tecnológico ha sido plenamente apoyado por la Unión Europea y resulta imprescindible para evitar en el futuro las emisiones a la atmósfera que provocan el cambio climático.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, tal y como está sucediendo en la actualidad, la Seguridad Nacional puede colisionar con los intereses privados. Por tanto, la respuesta obvia, ya se prevé en la Constitución Española, en su artículo 128:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

En consecuencia, la respuesta debe ser negativa y, si la central no se mantiene plenamente operativa y proporcionando energía eléctrica al sistema cuando se demande, debe recurrirse a la expropiación forzosa por razones de utilidad pública e interés social, según lo previsto en el artículo 33.3 de la Constitución Española. La indemnización al titular solo podrá ser simbólica porque con la solicitud de cierre está reconociendo que la instalación está completamente amortizada y está renunciando a reclamar cualquier "lucro cesante".

El anunciado cierre de la central de Compostilla, el incumplimiento de los acuerdos firmados (Plan del Carbón 2013-2018) y la ausencia de un marco regulador que blinde el consumo del carbón autóctono en las centrales térmicas existentes en la comunidad, entre otros motivos, ha hundido un sector clave para el normal funcionamiento del sistema energético de nuestro país, así como para el conjunto de la economía leonesa, que a lo largo de los últimos cinco años ha llegado a perder casi 5.000 empleos.

Ante lo expuesto, se puede asegurar que la minería del carbón en la provincia de León se encuentra en un punto de no retorno y se enfrenta a su total desaparición en cuestión de días si no se toman medidas inmediatas y urgentes por parte del Gobierno de España. Medidas que consoliden un escenario de certidumbre a medio y largo plazo entre eléctricas y empresas mineras a través de un marco estable que garantice el suministro de consumo de carbón autóctono, un escenario que generará un horizonte de estabilidad social y económica para las familias de las comarcas mineras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Solicitar al Gobierno de España la aprobación urgente del Real Decreto por el que se regula el de procedimiento de las instalaciones generación eléctrica en España, atendiendo a las alegaciones presentadas por los diferentes Ayuntamientos y Consejo Comarcal del Bierzo y blindando de esta manera la actividad de las centrales térmicas de carbón autóctono, con especial mención a Compostilla, como un elemento de seguridad de suministro eléctrico en nuestro país.

2. Solicitar al Gobierno de España que, de forma urgente, impulse la aprobación y puesta en marcha del marco legal de garantía de suministro a través del denominado "despacho preferente" que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos bajo la consideración de servicio público a través del mecanismo que se contempla en la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad.

Valladolid, 25 de septiembre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández