PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001651 a PNL/001667.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de septiembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Ricardo López Prieto, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Economía y Hacienda:
ANTECEDENTES
El Real Decreto Ley 1/2017 de 21 de enero sobre cláusulas suelo limita el derecho de las y los consumidores a acudir directamente a la vía judicial sin negociar previamente y la norma es ambigua sobre cómo se debe informar a las y los consumidores. Este decreto ha desembocado en que las entidades bancarias no cumplan con la sentencia del Tribunal Europeo que les obligaba a devolver lo cobrado de más con las cláusulas suelo.
Y es que tal y como advertirnos en un debate en la cámara sobre las cláusulas suelo el mecanismo extrajudicial pactado por el PP y el PSOE para la devolución del robo perpetrado por las entidades bancarias a la ciudadanía en relación a las cláusulas suelo sólo era un balón de oxígeno a la banca y lesionaba los intereses de una mayoría social muy castigada por la crisis amén de en nuestra opinión ser contraria a la constitución.
La conclusión es clara, el real decreto pactado por PP y PSOE para mayor gloria de la banca que ampara y legaliza el robo de esta a la gente ha sido un rotundo fracaso que está desembocando en una avalancha de demandas.
Al voto en contra del PP y del PSOE en esta cámara a nuestra propuesta se ha unido la creación por el gobierno de España de juzgados propios para resolver estos litigios que se encuentran en las capitales de provincia limitando que las personas que viven en el medio rural puedan reclamar por vía judicial lo robado por las entidades bancarias.
Esta nueva distribución de competencias judiciales ahondan en el deterioro de los servicios públicos que sufre las provincias de Castilla y León, donde se encuentran un gran número de municipios y cuyas distancias son muy amplias, tiene como único objetivo desincentivar las reclamaciones judiciales de las personas afectadas por las "malas prácticas bancarias". El cambio normativo abarca no sólo las cláusulas suelo, sino también otros abusos bancarios relacionados con las hipotecas.
La obligación de un gobierno patriota que se preocupa de la gente y cree en el estado de derecho no es la de sortear el cumplimiento de las sentencias judiciales, amparar el robo y proteger a los delincuentes sino la de castigarlos con la dureza que se merecen utilizando los mecanismos de nuestro estado de derecho.
Por todo ello presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.º) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que en el uso de sus competencias establezca una sanción a las entidades bancarias de 10.000 € por cada contrato hipotecario en el que no hayan retirado la cláusula suelo.
2.º) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España para que los juicios sobre cláusulas suelo y otras prácticas abusivas vuelvan a poder celebrarse en los Juzgados de Primera Instancia de cada partido judicial.
Valladolid, 11 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Ricardo López Prieto
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001655-01
CVE="BOCCL-09-020165"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001651 a PNL/001667.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de septiembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Ricardo López Prieto, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Economía y Hacienda:
ANTECEDENTES
El Real Decreto Ley 1/2017 de 21 de enero sobre cláusulas suelo limita el derecho de las y los consumidores a acudir directamente a la vía judicial sin negociar previamente y la norma es ambigua sobre cómo se debe informar a las y los consumidores. Este decreto ha desembocado en que las entidades bancarias no cumplan con la sentencia del Tribunal Europeo que les obligaba a devolver lo cobrado de más con las cláusulas suelo.
Y es que tal y como advertirnos en un debate en la cámara sobre las cláusulas suelo el mecanismo extrajudicial pactado por el PP y el PSOE para la devolución del robo perpetrado por las entidades bancarias a la ciudadanía en relación a las cláusulas suelo sólo era un balón de oxígeno a la banca y lesionaba los intereses de una mayoría social muy castigada por la crisis amén de en nuestra opinión ser contraria a la constitución.
La conclusión es clara, el real decreto pactado por PP y PSOE para mayor gloria de la banca que ampara y legaliza el robo de esta a la gente ha sido un rotundo fracaso que está desembocando en una avalancha de demandas.
Al voto en contra del PP y del PSOE en esta cámara a nuestra propuesta se ha unido la creación por el gobierno de España de juzgados propios para resolver estos litigios que se encuentran en las capitales de provincia limitando que las personas que viven en el medio rural puedan reclamar por vía judicial lo robado por las entidades bancarias.
Esta nueva distribución de competencias judiciales ahondan en el deterioro de los servicios públicos que sufre las provincias de Castilla y León, donde se encuentran un gran número de municipios y cuyas distancias son muy amplias, tiene como único objetivo desincentivar las reclamaciones judiciales de las personas afectadas por las "malas prácticas bancarias". El cambio normativo abarca no sólo las cláusulas suelo, sino también otros abusos bancarios relacionados con las hipotecas.
La obligación de un gobierno patriota que se preocupa de la gente y cree en el estado de derecho no es la de sortear el cumplimiento de las sentencias judiciales, amparar el robo y proteger a los delincuentes sino la de castigarlos con la dureza que se merecen utilizando los mecanismos de nuestro estado de derecho.
Por todo ello presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.º) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que en el uso de sus competencias establezca una sanción a las entidades bancarias de 10.000 € por cada contrato hipotecario en el que no hayan retirado la cláusula suelo.
2.º) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España para que los juicios sobre cláusulas suelo y otras prácticas abusivas vuelvan a poder celebrarse en los Juzgados de Primera Instancia de cada partido judicial.
Valladolid, 11 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Ricardo López Prieto
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001655-01
CVE="BOCCL-09-020165"