PE/006789-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006734 a PE/006864.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de septiembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Carlos Montero Muñoz y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la publicación en el BOCYL, con fecha 28 de septiembre, del inicio de esta fase de información pública, por parte de varios agentes sociales en varias ocasiones se ha solicitado a la Sección de Minas de Ávila el informe económico del proyecto LEITO 1122; no se ha obtenido respuesta ni opción alguna a pesar de ser partes afectadas; además, con fecha 3 de mayo de 2017, la empresa promotora del proyecto (Antonio y Javi S. L.) registró un documento en el expediente del proyecto, en el que aduce no oponerse a enseñar el informe, pero se ampara en derechos de propiedad intelectual y en la Ley Orgánica de Protección de Datos; por lo que realizamos las siguientes

PREGUNTAS

1.º- ¿Por qué la Junta de Castilla y León en el periodo de información pública permite el acceso al informe económico de otros expedientes mineros como Riofrío 1146 y Sonsoles 1138 y en el caso de Leito 1122 no?

2.º- ¿No serían de aplicación las mismas leyes de protección de datos y propiedad intelectual para todos ellos?

3.º- ¿Por qué la Junta de Castilla y León después de 7 meses de procedimiento no ha dictado una declaración de Impacto Ambiental cuando el artículo 33.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece un periodo de tramitación de 4 meses, ampliable a otros 2 meses más?

4.º- ¿Por qué no se han publicado o notificado a los interesados los distintos acuerdos o propuestas que se haya adoptado en el expediente?

5.º- ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para evitar la dilación y tardanza en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental?

6.º- Sobre "Antonio y Javi S. L.", ¿conoce la Junta de Castilla y León empresa, sociedad, consorcio, grupo económico o financiero o cualquier otra entidad de cualquier tipo que financie, dirija, gestione o controle la empresa? Y si es afirmativo, ¿cuál es su nombre?

Valladolid, 12 de septiembre de 2017.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Juan Carlos Montero Muñoz y

María Mercedes Martín Juárez