PE/006840-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006734 a PE/006864.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de septiembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a una pregunta formulada por el Senador Carles Mulet, del Grupo Compromis, el Gobierno del Estado afirma que debe ser la Comunidad Autónoma de Castilla y León la que evalúe "los posibles riesgos a la actividad química de los minerales objeto de explotación y/o de sus subproductos o residuos" de la mina de Retortillo.

En la Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.º 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S. A., no hay una sola referencia a las consecuencias que para la salud de los habitantes de la comarca tendrá la instalación prevista.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de explotación de la mina de Retortillo sin evaluar los riesgos que conlleva la actividad prevista, y sin establecer ninguna medida para proteger a la población de las consecuencias que para su salud tendrá vivir cerca de una mina de uranio a cielo abierto.

Diversos estudios han alertado de la incidencia en la salud de trabajadores y pobladores de los municipios cercanos a minas de uranio. A pesar de ello el Gobierno Regional insiste, reproduciendo los argumentos esgrimidos por la empresa, en que la radiación que van a recibir las personas expuestas es similar a someterse a una radiografía anual. Pero nada se ha dicho de la afección a la salud que provocará la actividad química prevista en Retortillo, cuya evaluación y control corresponde a esta Comunidad Autónoma.

En la Ley General de Salud Pública, 33/2011, de 4 de octubre, se establecen los principios generales de Salud Pública y entre ellos figura el principio de precaución: "La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran".

PREGUNTAS

1. Tras la Resolución conocida del Procurador del Común instando a realizar una nueva DIA para el proyecto de Retortillo, y teniendo conocimiento del criterio mantenido por el Gobierno Central en el sentido de que la evaluación de la incidencia en la salud de la mina es competencia del Gobierno Autonómico, ¿no debería iniciarse definitivamente una nueva evaluación medioambiental de la mina de uranio prevista en Retortillo?

2. ¿Podría indicar el Gobierno de la Junta de Castilla y León dónde están recogidas las medidas contempladas para minimizar el impacto que va a tener en la salud de los habitantes de los pueblos cercanos las instalaciones previstas en Retortillo?

Valladolid, 19 de septiembre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz