PNL/001670-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001669 a PNL/001675.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los salarios del 40 % de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal. En Castilla y León los precios han subido un 24 % más que los salarios de los convenios. El coste laboral bruto en Castilla y León en 2016 fue de 27.940,5 euros anuales, mientras que en España fue de 30.528,2 euros.

Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5 % en términos reales.

Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una renta inferior al 60 % de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8 % en 2012 al 13,1 % en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y Rumanía.

Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25 % con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años.

El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el punto de vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada vez menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible de avance.

Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a:

1) Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial entre un 2 % y un 3 % en 2018, y entre un 2,5 % y un 3,5 % en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021).

2) Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.

3) Impulsar la derogación de la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores.

4) Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean realmente una herramienta transitoria y excepcional.

5) Incorporar al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado una subida salarial de los empleados públicos para 2018 que se corresponda con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas.

6) Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales.

7) Adoptar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la elaboración de una ley de Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados así como su modalidad de contrato sean de conocimiento público.

8) Adoptar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las nuevas formas de superexplotación laboral.

Valladolid, 4 de octubre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández