PNL/001738-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001738 a PNL/001741.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley para su debate y votación en el Pleno.

ANTECEDENTES

La adhesión de España a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 supuso un antes y un después en la minería del carbón de este país al establecerse la regulación de la misma de acuerdo con el marco establecido por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y, posteriormente, por la Unión Europea, que condiciona el volumen de ayudas, la producción, el empleo y las actuaciones en materia de reactivación de las comarcas mineras a través de los Planes del Carbón.

A pesar de los importantes esfuerzos económicos realizados por los Planes para la reordenación del sector desde los años noventa, con el objeto de estabilizar y modernizar el sector en su condición de recurso estratégico e incentivar alternativas en las comarcas mineras, el balance industrial y social es muy negativo.

En España el número de empleos en la minería de carbón ha sufrido una disminución significativa y constante durante las últimas tres décadas, pasando de cerca de 45.000 mineros a finales de los 80, a 18.500 a comienzos de siglo y a apenas 3.126 mineros, más 1.092 trabajadores en empresas auxiliares, a finales de 2014. Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, correspondientes a 2015, indican que en los municipios mineros de Castilla y León 472 personas están adscritas al Régimen Especial de la Minería, incluyendo tanto a los trabajadores en activo como a los acogidos a los programas de jubilación anticipada.

Esta disminución en las plantillas ha influido en la evolución de la producción nacional de carbón. Según el Ministerio de Industria y la patronal Carbunión, en 1980 la producción nacional de carbón fue de 29 millones de toneladas, y en 2013 de solo 4,37 millones de toneladas. Entre 2000 y 2014 la producción de carbón nacional ha caído un 83,3 %.

Al tiempo que disminuye la producción de carbón nacional, la compra del mineral de importación por parte de las compañías eléctricas no ha parado de aumentar. En el año 2014 la importación se cuadruplicó respecto a la producción nacional. Ese año se importaron 16,2 millones de toneladas frente a las 3,9 millones de toneladas que salieron de las cuencas nacionales. Según el último dato publicado por Red Eléctrica de España, en 2013 el 70 % del carbón que se consumió en nuestro país para generar electricidad fue de importación, la mayor parte procedente de Sudáfrica, Indonesia, Colombia, Rusia o Estados Unidos.

Otro factor que ha influido en la disminución de la producción del carbón nacional tiene que ver con la evolución de los precios del carbón de importación y la eliminación del precio de referencia, lo que ha determinado que el precio del carbón autóctono lo marque el mercado internacional.

La necesidad de contar con una fuente combustible autóctona para evitar problemas de seguridad en el suministro eléctrico ha llevado a las empresas eléctricas a su involucración en la continuidad de la actividad de la minería del carbón en España. A través del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, el Gobierno de Zapatero incentiva el uso del carbón autóctono en la generación de electricidad. Mediante el mecanismo de restricción por garantía de suministro (RGS) los titulares de diez centrales térmicas recibieron una compensación económica a cambio del consumo de carbón autóctono. Entre éstas, las cuatro centrales térmicas que operan en Castilla y León: las de Anllares, La Robla, Compostilla y Velilla. Además de esta compensación económica, las diez centrales que consumen carbón en todo el Estado, bien de importación o bien autóctono, recibirán otra compensación económica a cambio de garantizar la disponibilidad de generación con el fin de reducir el riesgo de interrupción del suministro eléctrico.

Todos estos mecanismos de pagos por capacidad se financian fundamentalmente a través de la factura de la luz. Durante el periodo 2011-2014, las centrales que quemaron carbón autóctono beneficiadas por el RGS obtuvieron unos ingresos totales de 4.800 millones de euros (1.300 millones de euros solo mediante el RGS), mientras que las centrales no incluidas en este mecanismo, pero sí en los pagos por capacidad (con carbón autóctono o de importación), tuvieron unos ingresos de 5.800 millones de euros.

El RGS finalizó el 31 de diciembre de 2014 y la producción de carbón autóctono comenzó a competir en el mercado eléctrico como cualquier otra tecnología y sin que las centrales térmicas tuvieran ya la obligación de adquirirlo. Sin embargo, sí que se mantienen los pagos por capacidad, que nos cuestan 700 millones de euros al año a los consumidores y que pagamos directamente a través de la factura de la luz.

Las centrales térmicas que generan electricidad a partir del carbón están afectadas por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). A partir del 1 de enero de 2016 las centrales térmicas existentes que quieran seguir en funcionamiento deben respetar los límites de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. Sin embargo, se establece un periodo transitorio de adaptación dependiendo de la excepción a la que se acoja cada una de ellas.

A día de hoy ninguna central térmica de Castilla y León cumple con los nuevos límites de emisiones contaminantes establecidos por la Unión Europea y, salvo Anllares, que se ha comprometido a no funcionar más de 17.500 horas hasta el 31 de diciembre de 2023, el resto (Compostilla, La Robla y Velilla) se ha acogido al Plan Nacional Transitorio aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el 25 de noviembre de 2016 y deberá cumplir la normativa europea a partir del 1 de julio de 2020, no pudiendo funcionar en caso contrario. Por ende, las centrales se hallan obligadas a invertir en tecnología más limpia, a rebajar sus emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, pequeñas partículas y, por primera vez, también de mercurio, a los niveles establecidos por la actualizada Directiva europea.

La decisión de las eléctricas sobre adaptarse medioambientalmente a la norma europea se ha retrasado y, a día de hoy, estas empresas no han comunicado la decisión final de invertir o no en mejorar las plantas de generación para mantener su vida útil más allá del 1 de julio de 2020 en el plazo previsto, tal y como les obligaba el Acuerdo Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018. Antes del 31 de diciembre de 2013 las empresas eléctricas ya debían haber comunicado su decisión final. Las eléctricas han vinculado el cumplimiento de la normativa ambiental a la viabilidad de las centrales térmicas y a la de las explotaciones de carbón en sus áreas de influencia.

En este sentido, estando el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones, la Comisión Europea dio el visto bueno al plan de cierre presentado por el Gobierno del Partido Popular como condición indispensable para que las empresas mineras pudieran recibir ayudas destinadas a cubrir pérdidas. Esas empresas mineras inscritas en este plan de cierre deberán cesar la actividad antes del 31 de diciembre de 2018, según la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas. Aquellas explotaciones de carbón que no estén cerradas el 1 de enero de 2019 deberán devolver las ayudas; así, el Estado se ha comprometido con Europa a recuperar todas las ayudas concedidas correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre.

Todas estas variables han afectado a la decisión de las eléctricas propietarias de las centrales térmicas localizadas en Castilla y León y, pese a recibir grandes cantidades de dinero en ayudas públicas, no se han adaptado a los límites de emisiones fijados por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. A día de hoy conocemos que Gas Natural Fenosa se ha comprometido a invertir en la central térmica de La Robla para mantenerla abierta más allá de 2020, pero fija el cese paulatino de la actividad en la central térmica de Anllares para 2019. Iberdrola ha solicitado la pasada semana la autorización al Ministerio de Energía para cerrar la central térmica de Velilla y fija en cuatro años las labores de desmantelamiento desde la fecha de aprobación del posible cierre. Mientras que Endesa mantiene su postura de no acometer las inversiones en materia ambiental en la central térmica de Compostilla para seguir en funcionamiento después de 2020, al calificar la inversión como inviable.

Por todo ello formulamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en el marco de los objetivos de fomento del diálogo social, desarrollo económico y cohesión social:

1.º Emprenda conversaciones con aquellas compañías eléctricas que cuenten con centrales térmicas en Castilla y León, que finalmente decidan no continuar su actividad más allá del 1 de julio de 2020 -tal y como se establece en el Plan Nacional Transitorio de acuerdo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo- y cuyo cese sea autorizado por la autoridad competente, con especial mención a la central de Velilla, al objeto de que elaboren estudios de viabilidad para la reconversión de estas centrales térmicas en plantas de generación de energía eléctrica limpia mediante biomasa.

2.º En el caso de que las compañías eléctricas propietarias de estas centrales térmicas en Castilla y León elaboren esos estudios de viabilidad y decidan su reconversión en plantas de generación de energía eléctrica limpia mediante biomasa, adopte las medidas necesarias para fomentar y promover dicha adaptación.

3.º A que se dirija al Gobierno de la Nación para que solicite a la Unión Europea la inclusión de las zonas dependientes del carbón de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los proyectos pilotos que ya se están desarrollando en otras regiones europeas en situación similar para su reindustrialización en el marco del proceso de transición energética que está proponiendo la Comisión Europea en el horizonte del año 2035.

4.º A que solicite al Gobierno de España, en el marco del próximo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, así como de los sucesivos, la modificación del artículo 84 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, de modo que se incremente el impuesto para la quema de carbón de importación que no cumpla los requisitos medioambientales y laborales exigidos en la Unión Europea en relación con la generación de electricidad. La cuantía y el diseño del impuesto adicional para el carbón importado que no cumpla estos requisitos se adecuarán a la consecución de los siguientes objetivos generales:

a) Que aumente la fracción de carbón autóctono utilizado frente al carbón de importación.

b) Que el objetivo sea compatible con el Acuerdo de París contra el cambio climático, que fija el año 2050 como límite para sustituir los actuales combustibles fósiles por energías renovables".

Valladolid, 13 de noviembre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos