4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001740-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001738 a PNL/001741.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La configuración de las políticas públicas, encaminadas a la promoción y desarrollo de los diferentes espacios de nuestra Comunidad, debe entenderse, en un primer nivel, como un punto de convergencia en el que las distintas áreas puedan coincidir con la puesta en marcha de iniciativas eficaces y equitativas para todos los ciudadanos.
Por desgracia, en los últimos años, las decisiones tomadas desde las Administraciones Públicas han relegado a un segundo plano los criterios que garantizaban la utilidad y prosperidad, para el conjunto de la sociedad, de muchos de estos proyectos. En estos escenarios, en los que se priorizan las razones políticas por encima de las justificaciones técnicas y de las necesidades ciudadanas, se obtiene como resultado medidas insuficientes, en algunos casos innecesarias y en otros irrealizables, y que suponen, en definitiva, una mala gestión del dinero público.
En Castilla y León, la necesidad de impulsar políticas coordinadas y cohesionadas con los principales problemas que afectan a nuestro territorio es ya un objetivo prioritario y urgente. Precisamente, las infraestructuras se erigen como un elemento transversal, vertebrador y decisorio en la configuración de los proyectos socioeconómicos a medio y largo plazo.
Sin embargo, la política de infraestructuras que durante años ha hundido sus raíces en la discrecionalidad del poder político, sin atender a las necesidades sociales y el establecimiento de baremos objetivos, han convertido el mapa de las infraestructuras en un complejo nudo de proyectos de difícil ensamblaje.
Mientras, Castilla y León cuenta con un extenso potencial que demanda una política global, integral, y con visión a largo plazo. Así, nuestra Comunidad, por su enclave geográfico y estratégico, permite la conexión con las zonas industriales, económicas y logísticas más importantes del país y nuestro entorno europeo más próximo. Al mismo tiempo, el impulso económico y la generación de oportunidades en nuestra Comunidad debe nutrirse de los medios más eficaces y de las comunicaciones necesarias para seguir asegurar el futuro de los castellanos y leoneses en todos los sectores.
En el terreno social, es incuestionable que los efectos perjudiciales de la mala planificación o la gestión deficiente de las infraestructuras en Castilla y León están agravando la situación de muchos ciudadanos que, ante la ausencia de una política responsable, consideran que su Comunidad ha dejado de ofrecer las oportunidades para construir un proyecto de vida duradero. Atender a esta realidad es clave para atajar fenómeno de la despoblación, como fórmula para la fijación de población en territorio de Castilla y León.
Se antoja fundamental la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones si de verdad se quiere desarrollar una política comprometida con la población que reside en el mundo rural.
Por este motivo, de cara a la remodelación de esta situación, es imprescindible el desarrollo de la Oficina Nacional de Evaluación que preservará la rentabilidad social, económica y financiera de los proyectos, atendiendo a su vez a las posibilidades de ejecución. Un organismo que se asegurará, tras su reciente creación, y desde su constitución transparente e independiente, la conveniencia de las iniciativas planteadas.
La síntesis del actual marco de infraestructuras, en el que se encuentran inversiones que, desde hace años, continúan sin un escenario de ejecución ni viabilidad, es una clara advertencia para modificar su proyección política, así como las bases que analicen y decidan los mejores planes para Castilla y León basados en el bienestar y las necesidades de la ciudadanía.
Pero el prever y anticiparse a los problemas, el gestionar lo público con el fin de atender las necesidades de la ciudadanía, y la eficacia, rentabilidad y transparencia en el uso del dinero público son criterios que de forma inmediata puede incorporar, en su marco competencial, la Junta de Castilla y León a su política de infraestructuras.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Asumir los criterios objetivos de eficiencia, prioridad y rentabilidad a la hora de diseñar una política autonómica de infraestructuras que, de forma inmediata y en el medio plazo, permita articular inversiones que respondan de forma planificada a las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León, tanto de construcción de nuevas infraestructuras como de mantenimiento de las ya existentes.
2. Atender a la política autonómica de infraestructuras como un elemento clave en la generación de oportunidades económicas, de empleo, sociales, personales y familiares para los ciudadanos de Castilla y León que residen en el mundo rural.
3. Impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, con el fin de establecer un modelo basado en la planificación, priorización y previsión de las infraestructuras, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia, para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos.
4. Solicitar al Gobierno de España el desarrollo y aprovechamiento de la Oficina de Evaluación (ONE) independiente que evaluará y propondrá la priorizacion de las inversiones de los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, así como el desarrollo del Acuerdo Nacional de Transporte e Infraestructuras.
En Valladolid, a 15 de noviembre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
PNL/001740-01
CVE="BOCCL-09-021056"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 45295-45297
BOCCL nº 339/9 del 21/11/2017
CVE: BOCCL-09-021056
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001740-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con la política autonómica en materia de infraestructuras, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001738 a PNL/001741.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La configuración de las políticas públicas, encaminadas a la promoción y desarrollo de los diferentes espacios de nuestra Comunidad, debe entenderse, en un primer nivel, como un punto de convergencia en el que las distintas áreas puedan coincidir con la puesta en marcha de iniciativas eficaces y equitativas para todos los ciudadanos.
Por desgracia, en los últimos años, las decisiones tomadas desde las Administraciones Públicas han relegado a un segundo plano los criterios que garantizaban la utilidad y prosperidad, para el conjunto de la sociedad, de muchos de estos proyectos. En estos escenarios, en los que se priorizan las razones políticas por encima de las justificaciones técnicas y de las necesidades ciudadanas, se obtiene como resultado medidas insuficientes, en algunos casos innecesarias y en otros irrealizables, y que suponen, en definitiva, una mala gestión del dinero público.
En Castilla y León, la necesidad de impulsar políticas coordinadas y cohesionadas con los principales problemas que afectan a nuestro territorio es ya un objetivo prioritario y urgente. Precisamente, las infraestructuras se erigen como un elemento transversal, vertebrador y decisorio en la configuración de los proyectos socioeconómicos a medio y largo plazo.
Sin embargo, la política de infraestructuras que durante años ha hundido sus raíces en la discrecionalidad del poder político, sin atender a las necesidades sociales y el establecimiento de baremos objetivos, han convertido el mapa de las infraestructuras en un complejo nudo de proyectos de difícil ensamblaje.
Mientras, Castilla y León cuenta con un extenso potencial que demanda una política global, integral, y con visión a largo plazo. Así, nuestra Comunidad, por su enclave geográfico y estratégico, permite la conexión con las zonas industriales, económicas y logísticas más importantes del país y nuestro entorno europeo más próximo. Al mismo tiempo, el impulso económico y la generación de oportunidades en nuestra Comunidad debe nutrirse de los medios más eficaces y de las comunicaciones necesarias para seguir asegurar el futuro de los castellanos y leoneses en todos los sectores.
En el terreno social, es incuestionable que los efectos perjudiciales de la mala planificación o la gestión deficiente de las infraestructuras en Castilla y León están agravando la situación de muchos ciudadanos que, ante la ausencia de una política responsable, consideran que su Comunidad ha dejado de ofrecer las oportunidades para construir un proyecto de vida duradero. Atender a esta realidad es clave para atajar fenómeno de la despoblación, como fórmula para la fijación de población en territorio de Castilla y León.
Se antoja fundamental la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones si de verdad se quiere desarrollar una política comprometida con la población que reside en el mundo rural.
Por este motivo, de cara a la remodelación de esta situación, es imprescindible el desarrollo de la Oficina Nacional de Evaluación que preservará la rentabilidad social, económica y financiera de los proyectos, atendiendo a su vez a las posibilidades de ejecución. Un organismo que se asegurará, tras su reciente creación, y desde su constitución transparente e independiente, la conveniencia de las iniciativas planteadas.
La síntesis del actual marco de infraestructuras, en el que se encuentran inversiones que, desde hace años, continúan sin un escenario de ejecución ni viabilidad, es una clara advertencia para modificar su proyección política, así como las bases que analicen y decidan los mejores planes para Castilla y León basados en el bienestar y las necesidades de la ciudadanía.
Pero el prever y anticiparse a los problemas, el gestionar lo público con el fin de atender las necesidades de la ciudadanía, y la eficacia, rentabilidad y transparencia en el uso del dinero público son criterios que de forma inmediata puede incorporar, en su marco competencial, la Junta de Castilla y León a su política de infraestructuras.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Asumir los criterios objetivos de eficiencia, prioridad y rentabilidad a la hora de diseñar una política autonómica de infraestructuras que, de forma inmediata y en el medio plazo, permita articular inversiones que respondan de forma planificada a las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León, tanto de construcción de nuevas infraestructuras como de mantenimiento de las ya existentes.
2. Atender a la política autonómica de infraestructuras como un elemento clave en la generación de oportunidades económicas, de empleo, sociales, personales y familiares para los ciudadanos de Castilla y León que residen en el mundo rural.
3. Impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, con el fin de establecer un modelo basado en la planificación, priorización y previsión de las infraestructuras, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia, para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos.
4. Solicitar al Gobierno de España el desarrollo y aprovechamiento de la Oficina de Evaluación (ONE) independiente que evaluará y propondrá la priorizacion de las inversiones de los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, así como el desarrollo del Acuerdo Nacional de Transporte e Infraestructuras.
En Valladolid, a 15 de noviembre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
PNL/001740-01
CVE="BOCCL-09-021056"
