PNL/001743-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001742 a PNL/001745.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, define la figura del consumidor vulnerable, asociándola, como regla general, a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en función del número de miembros que compongan la unidad familiar.

Según dispone la nueva norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura.

Ante una situación de impago el proceder de las eléctricas será indicar a sus clientes que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50 % de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro.

La Memoria Justificativa del Real Decreto realiza un análisis de impactos que, entre otros, incluye el presupuestario, respecto del cual señala que "el coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias".

Numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que esta no es la manera adecuada de abordar el problema. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha puesto de manifiesto que la medida posee lagunas y efectos perversos entre los que se encuentran los siguientes:

- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte, no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida.

- Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección ya existentes en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

- Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales ya exhaustos porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos.

- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente (monoparentalidad o soledad), no son tenidas en cuenta.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a:

1. Reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.

2. Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

3. Para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales, incluir en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable. Esta partida presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

4. Aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables".

Valladolid, 10 de noviembre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández