M/000158-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

451. Mociones
M/000158-01


Sumario:

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general de la Junta en materia de servicios sociales, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de noviembre de 2017.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a trámite la Moción, M/000158, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general de la Junta en materia de servicios sociales, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de noviembre de 2017.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000158 relativa a política general en materia de Servicios Sociales:

ANTECEDENTES

Los Servicios Sociales suponen uno de los pilares fundamentales de servicios públicos del estado del bienestar junto a Sanidad y Educación. Sin embargo, a nadie se le escapa que ha sido el servicio al que menos valor se le ha dado, tanto presupuestariamente y en cuanto a recursos humanos y materiales como dentro del imaginario colectivo social. Los Servicios Sociales han estado maltratados por las administraciones públicas y han sido poco reconocidos socialmente como un derecho subjetivo.

En los últimos años esta situación ha empezado a variar, si bien es cierto que la crisis ha sido un contexto para que esto sucediera, al convertirse los servicios sociales en una necesidad de primer orden para el conjunto de las familias españolas que se vieron afectadas por esta situación. Hoy tenemos un contexto social distinto al de hace diez años, transformado por una mal llamada crisis que ha extendido la precariedad en las condiciones de vida a amplios sectores de la población. De hecho, el núcleo central de la sociedad que englobaríamos dentro de lo que se denomina "integración plena" es ya una estricta minoría en términos estadísticos. Vivimos en una "sociedad de riesgo" que compromete la integración social y los derechos de la ciudadanía y que se expresa en diferentes ámbitos: laboral, sanitario, educativo, habitacional, etc. De esta forma, las desigualdades no sólo se están manteniendo después de la crisis, sino que se están incrementando. Los mecanismos de movilidad social son cada vez más intransitables para la mayoría de la población.

Dados los nuevos parámetros de exclusión social a los que aludimos el inmovilismo de la Junta de Castilla y León respecto a las necesidades sociales es preocupante. Desde las nuevas situaciones de precariedad estructural debemos repensar las políticas públicas de protección, seguridad y bienestar social y una actualización de la gestión, las metodologías y el sistema de prestaciones.

En ese sentido, exigimos un análisis exhaustivo y una posterior evaluación y fomento de alternativas y mejoras: recursos humanos y materiales insuficientes, optimización y mejor cobertura respecto a los recursos en el medio rural, evaluación del papel de la Gerencia como coordinador y prestador de recursos, privatización de una gran parte de los servicios sociales y mejora de la gestión de determinados recursos.

A pesar de que los Servicios Sociales de Castilla y León consiguen muy buenas puntuaciones en relación al resto de Comunidades Autónomas, hay una serie de problemas en la base de su concepción referidos especialmente a la necesidad de la Gerencia de recurrir a servicios externos al carecer de una estructura sólida de prestación de servicios públicos así como a la falta de coordinación existente entre dicha concepción de la prestación de servicios unido a la falta de evaluación de impacto que tienen sus políticas en este contexto. Como resultado, se da una palpable diferenciación entre territorios que tiene que ver, por un lado, con el hecho de una falta de homogeneización por parle de la Gerencia que transfiere sus recursos a las entidades locales y Diputaciones sin que exista una pauta común para la ejecución de servicios y por otra, con el hecho de una falta clara de análisis territorializado que detecte las posibles diferencias y deficiencias. A todo este contexto de gestión se le une la falta de personal, hecho que se ha agudizado desde 2008 y la problemática de cobertura en el medio rural, circunstancia siempre distintiva en la prestación de cualquier servicio en nuestra Comunidad Autónoma.

Algunas de estas circunstancias se pueden ejemplificar con los datos de prestación de servicios de dependencia entre provincias: en Ávila la prestación de ayuda a domicilio se solicita en un 25,92 %, mientras que en Burgos es de un 16,29 %; la atención residencial en Palencia es de un 10,10 % mientras que en Salamanca lo es de 5,71 %, etc. La prestación mediante servicios en la media de Castilla y León es muy elevada, siendo los cuidados en el entorno familiar minoría, sin embargo, la diferencia entre León, con un 26,08 % de este tipo de prestaciones, y Palencia, con un 17,83 % denota una clara diferenciación entre provincias a la que nunca se alude y que la Consejería no evalúa ni utiliza de manera que esos datos sean de ayuda para el fomento de cada prestación.

Además, aunque vemos sumamente positiva la transferencia de competencias al entorno más cercano, es decir, a las corporaciones locales, hay que resaltar que en la práctica esta es una de las patas que produce descoordinación y desigualdad al faltar también por parte de la Junta de Castilla y León una voluntad de homogeneización. Ejemplos de esto pueden ser los distintos equipos multidisciplinares de los CEAS, con un funcionamiento muy dispar dependiendo del territorio o los costes de contratación de algunos servicios como el de ayuda a domicilio, distinto dependiendo de la entidad local o la Diputación a la que pertenezca.

Por último, la superposición de entidades del tercer sector y empresas realizando las mismas actuaciones es sinónimo de dispersión de recursos y la falta de fiscalización por parte de la Gerencia provoca que no se conozca con transparencia para qué y cómo se utilizan los recursos. La Gerencia se ve obligada a apoyarse en entidades externas, entre otras cuestiones, porque no tiene capacidad de gestión propia al carecer de recursos suficientes y especializados en amplios sectores por lo que el sustento sobre el tercer sector no sólo acaba siendo deseable, sino absolutamente imprescindible, lo cual no quiere decir que sea la única alternativa posible.

Fruto de la detección de todas estas circunstancias, desde Podemos Castilla y León creemos que, siendo un sistema con muchas fortalezas, es perentoria una revisión sistemática de todo el conjunto de Servicios Sociales de Castilla y León y sobre todo, una evaluación exhaustiva de la que concluir alternativas de mejora.

Por todo ello presentamos la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Incrementar las plantillas de personal de toda la red pública de servicios sociales con partida presupuestaria de al menos tres millones de euros en la presente legislatura para al menos revertir la pérdida sustanciada en los últimos 9 años.

2. Mejorar y ampliar el servicio en el medio rural mediante las siguientes actuaciones:

- Ampliar el personal de trabajadores y trabajadoras del medio rural no en función de las ratios normativas sino de las características físicas y poblacionales de cada territorio para garantizar una adecuada cobertura a las personas usuarias y adecuadas condiciones laborales de los y las profesionales.

- Establecer Unidades de Trabajo Social en los equipos de Atención Primaria de los Centros de Salud en función de la demanda y las necesidades en coordinación con la Consejería de Sanidad.

- Fortalecer el servicio de los EPAP como equipos multidisciplinares en el medio rural que dé una adecuada respuesta a la creciente demanda y al impacto estratégico que dicho programa tiene en las zonas más rurales de nuestra comunidad.

3. Favorecer el desarrollo de Proyectos de Intervención Individualizada en actuaciones preventivas en casos de riesgo leve mediante el aumento de trabajadores y trabajadoras sociales evitando la burocratización de su labor social.

4. Potenciar la especialización de los EPAP fomentando la contratación de perfiles técnicos centrados en la intervención socioeducativa y terapéutica.

5. Incorporar, de manera complementaria, al Servicio Integral de Atención a Familias en Riesgo de Desahucio actuaciones técnicas de mediación financiera en caso de préstamos y créditos no hipotecarios o negociaciones de deuda que comprometan la estabilidad y la integración social de las familias afectadas.

6. Desarrollar un Programa Marco autonómico de Inclusión Social que dé contenido a las funciones de estos técnicos/as en los equipos multidisciplinares que amplíe y estandarice las establecidas de manera genérica en el artículo 32 de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León para garantizar un funcionamiento homogéneo en los CEAS de toda la Comunidad.

7. Promover una actualización del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en Castilla y León en las que se contemplen las siguientes actuaciones:

- Establecer una Guía Autonómica que incorpore un inventario básico, vinculante y estandarizado de los conceptos susceptibles de ser cubiertos por las AES en todos los municipios de la CC. AA. independientemente de la corporación local o Diputación a través de la cual se soliciten para garantizar homogeneidad e igualdad de acceso.

- Fomentar mediante acuerdo con las entidades locales la revisión de ordenanzas y normativas para flexibilizar el concepto, las cuantías y el número y tipo de facturas de suministros a abonar de manera igual en todo el territorio.

- Instar a la Comisión Regional de Inclusión Social a actualizar de manera regular y coordinada la referida Guía Autonómica como un inventario de conceptos susceptibles de cobertura por parte de los AES adaptable y homogeneizado para toda la Comunidad.

8. Mejorar, ampliar y especializar el Servicio de Protección a la Infancia mediante las siguientes actuaciones:

- Para el acceso a los puestos de Técnico/a, establecer una convocatoria específica con exigencia concreta de formación de postgrado en intervención en crisis u homologable y posterior formación continuada en el ámbito del sistema de protección.

- Valorar la existencia de un sistema de permanencia de Técnicos/as de urgencia las tardes y los fines de semanas.

- Potenciar la intervención psicosocial en todos los centros y recursos del Sistema de Protección de Castilla y León con supervisión estandarizada de seguimiento de los mismos así como la incorporación, efectiva, de programas de apoyo reales para menores extutelados.

- Formación permanente para las familias acogedoras con un presupuesto mínimo ajustado a las necesidades de las mismas en cada provincia.

9. Mantener con las entidades del tercer sector una colaboración coordinada y cooperativa estableciendo las siguientes medidas:

- Complementar el trabajo de las entidades del tercer sector con personal público que mantenga coordinados los servicios, especialmente los que ofrecen diversas entidades, como las intervenciones en violencia de género.

- Desarrollar un sistema de seguimiento y supervisión de recursos, personal y actuaciones de las entidades y empresas colaboradoras tanto por convenio, contrato o subvención a través de memorias anuales con parámetros establecidos por la Gerencia de Servicios Sociales cuantificables y evaluativos.

10. Incluir un Cuerpo de Técnicos de Integración Social en el Grupo C de la Administración Especial e incluir dentro del Grupo III de personal laboral las competencias funcionales de los Técnicos Superiores de Integración Social con el fin de que la figura de estos profesionales sea reconocida para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, su trabajo dentro del ámbito de los servicios sociales.

11. Unificar bajo la denominación específica de Educador o Educadora Social las convocatorias de plazas para estos profesionales donde queden delimitadas unívocamente sus funciones e incrementar su presencia en los equipos multidisciplinares de los CEAS, en los tres niveles de estructuras organizativas y todos los programas o servicios que requieran una intervención socioeducativa.

12. Diseñar, en colaboración con las entidades locales y Diputaciones, mecanismos que permitan conocer la prevalencia de utilización de determinadas prestaciones frente a otras desagregadas por territorios para poder reforzar recursos en función de demanda y optimizar y coordinar mejor los servicios.

13. Desarrollar un sistema evaluativo exhaustivo mediante Memorias de Impacto Social, que analicen la situación de partida de los programas, prestaciones, planes y demás y anualmente revisen su alcance, su impacto positivo y la necesidad de modificaciones o actualizaciones.

14. Analizar desde el inicio la perspectiva de género de la situación de partida de los servicios sociales para un posterior diseño de las prestaciones, planes y protocolos que disminuyan el impacto negativo para las mujeres atendiendo a parámetros como la situación socio-económica inicial, la situación fiscal y las situaciones de riesgo de exclusión.

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


M/000158-01

CVE="BOCCL-09-021342"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 45848-45852
BOCCL nº 346/9 del 12/12/2017
CVE: BOCCL-09-021342

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
451. Mociones
M/000158-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general de la Junta en materia de servicios sociales, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de noviembre de 2017.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a trámite la Moción, M/000158, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general de la Junta en materia de servicios sociales, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de noviembre de 2017.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000158 relativa a política general en materia de Servicios Sociales:

ANTECEDENTES

Los Servicios Sociales suponen uno de los pilares fundamentales de servicios públicos del estado del bienestar junto a Sanidad y Educación. Sin embargo, a nadie se le escapa que ha sido el servicio al que menos valor se le ha dado, tanto presupuestariamente y en cuanto a recursos humanos y materiales como dentro del imaginario colectivo social. Los Servicios Sociales han estado maltratados por las administraciones públicas y han sido poco reconocidos socialmente como un derecho subjetivo.

En los últimos años esta situación ha empezado a variar, si bien es cierto que la crisis ha sido un contexto para que esto sucediera, al convertirse los servicios sociales en una necesidad de primer orden para el conjunto de las familias españolas que se vieron afectadas por esta situación. Hoy tenemos un contexto social distinto al de hace diez años, transformado por una mal llamada crisis que ha extendido la precariedad en las condiciones de vida a amplios sectores de la población. De hecho, el núcleo central de la sociedad que englobaríamos dentro de lo que se denomina "integración plena" es ya una estricta minoría en términos estadísticos. Vivimos en una "sociedad de riesgo" que compromete la integración social y los derechos de la ciudadanía y que se expresa en diferentes ámbitos: laboral, sanitario, educativo, habitacional, etc. De esta forma, las desigualdades no sólo se están manteniendo después de la crisis, sino que se están incrementando. Los mecanismos de movilidad social son cada vez más intransitables para la mayoría de la población.

Dados los nuevos parámetros de exclusión social a los que aludimos el inmovilismo de la Junta de Castilla y León respecto a las necesidades sociales es preocupante. Desde las nuevas situaciones de precariedad estructural debemos repensar las políticas públicas de protección, seguridad y bienestar social y una actualización de la gestión, las metodologías y el sistema de prestaciones.

En ese sentido, exigimos un análisis exhaustivo y una posterior evaluación y fomento de alternativas y mejoras: recursos humanos y materiales insuficientes, optimización y mejor cobertura respecto a los recursos en el medio rural, evaluación del papel de la Gerencia como coordinador y prestador de recursos, privatización de una gran parte de los servicios sociales y mejora de la gestión de determinados recursos.

A pesar de que los Servicios Sociales de Castilla y León consiguen muy buenas puntuaciones en relación al resto de Comunidades Autónomas, hay una serie de problemas en la base de su concepción referidos especialmente a la necesidad de la Gerencia de recurrir a servicios externos al carecer de una estructura sólida de prestación de servicios públicos así como a la falta de coordinación existente entre dicha concepción de la prestación de servicios unido a la falta de evaluación de impacto que tienen sus políticas en este contexto. Como resultado, se da una palpable diferenciación entre territorios que tiene que ver, por un lado, con el hecho de una falta de homogeneización por parle de la Gerencia que transfiere sus recursos a las entidades locales y Diputaciones sin que exista una pauta común para la ejecución de servicios y por otra, con el hecho de una falta clara de análisis territorializado que detecte las posibles diferencias y deficiencias. A todo este contexto de gestión se le une la falta de personal, hecho que se ha agudizado desde 2008 y la problemática de cobertura en el medio rural, circunstancia siempre distintiva en la prestación de cualquier servicio en nuestra Comunidad Autónoma.

Algunas de estas circunstancias se pueden ejemplificar con los datos de prestación de servicios de dependencia entre provincias: en Ávila la prestación de ayuda a domicilio se solicita en un 25,92 %, mientras que en Burgos es de un 16,29 %; la atención residencial en Palencia es de un 10,10 % mientras que en Salamanca lo es de 5,71 %, etc. La prestación mediante servicios en la media de Castilla y León es muy elevada, siendo los cuidados en el entorno familiar minoría, sin embargo, la diferencia entre León, con un 26,08 % de este tipo de prestaciones, y Palencia, con un 17,83 % denota una clara diferenciación entre provincias a la que nunca se alude y que la Consejería no evalúa ni utiliza de manera que esos datos sean de ayuda para el fomento de cada prestación.

Además, aunque vemos sumamente positiva la transferencia de competencias al entorno más cercano, es decir, a las corporaciones locales, hay que resaltar que en la práctica esta es una de las patas que produce descoordinación y desigualdad al faltar también por parte de la Junta de Castilla y León una voluntad de homogeneización. Ejemplos de esto pueden ser los distintos equipos multidisciplinares de los CEAS, con un funcionamiento muy dispar dependiendo del territorio o los costes de contratación de algunos servicios como el de ayuda a domicilio, distinto dependiendo de la entidad local o la Diputación a la que pertenezca.

Por último, la superposición de entidades del tercer sector y empresas realizando las mismas actuaciones es sinónimo de dispersión de recursos y la falta de fiscalización por parte de la Gerencia provoca que no se conozca con transparencia para qué y cómo se utilizan los recursos. La Gerencia se ve obligada a apoyarse en entidades externas, entre otras cuestiones, porque no tiene capacidad de gestión propia al carecer de recursos suficientes y especializados en amplios sectores por lo que el sustento sobre el tercer sector no sólo acaba siendo deseable, sino absolutamente imprescindible, lo cual no quiere decir que sea la única alternativa posible.

Fruto de la detección de todas estas circunstancias, desde Podemos Castilla y León creemos que, siendo un sistema con muchas fortalezas, es perentoria una revisión sistemática de todo el conjunto de Servicios Sociales de Castilla y León y sobre todo, una evaluación exhaustiva de la que concluir alternativas de mejora.

Por todo ello presentamos la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Incrementar las plantillas de personal de toda la red pública de servicios sociales con partida presupuestaria de al menos tres millones de euros en la presente legislatura para al menos revertir la pérdida sustanciada en los últimos 9 años.

2. Mejorar y ampliar el servicio en el medio rural mediante las siguientes actuaciones:

- Ampliar el personal de trabajadores y trabajadoras del medio rural no en función de las ratios normativas sino de las características físicas y poblacionales de cada territorio para garantizar una adecuada cobertura a las personas usuarias y adecuadas condiciones laborales de los y las profesionales.

- Establecer Unidades de Trabajo Social en los equipos de Atención Primaria de los Centros de Salud en función de la demanda y las necesidades en coordinación con la Consejería de Sanidad.

- Fortalecer el servicio de los EPAP como equipos multidisciplinares en el medio rural que dé una adecuada respuesta a la creciente demanda y al impacto estratégico que dicho programa tiene en las zonas más rurales de nuestra comunidad.

3. Favorecer el desarrollo de Proyectos de Intervención Individualizada en actuaciones preventivas en casos de riesgo leve mediante el aumento de trabajadores y trabajadoras sociales evitando la burocratización de su labor social.

4. Potenciar la especialización de los EPAP fomentando la contratación de perfiles técnicos centrados en la intervención socioeducativa y terapéutica.

5. Incorporar, de manera complementaria, al Servicio Integral de Atención a Familias en Riesgo de Desahucio actuaciones técnicas de mediación financiera en caso de préstamos y créditos no hipotecarios o negociaciones de deuda que comprometan la estabilidad y la integración social de las familias afectadas.

6. Desarrollar un Programa Marco autonómico de Inclusión Social que dé contenido a las funciones de estos técnicos/as en los equipos multidisciplinares que amplíe y estandarice las establecidas de manera genérica en el artículo 32 de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León para garantizar un funcionamiento homogéneo en los CEAS de toda la Comunidad.

7. Promover una actualización del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en Castilla y León en las que se contemplen las siguientes actuaciones:

- Establecer una Guía Autonómica que incorpore un inventario básico, vinculante y estandarizado de los conceptos susceptibles de ser cubiertos por las AES en todos los municipios de la CC. AA. independientemente de la corporación local o Diputación a través de la cual se soliciten para garantizar homogeneidad e igualdad de acceso.

- Fomentar mediante acuerdo con las entidades locales la revisión de ordenanzas y normativas para flexibilizar el concepto, las cuantías y el número y tipo de facturas de suministros a abonar de manera igual en todo el territorio.

- Instar a la Comisión Regional de Inclusión Social a actualizar de manera regular y coordinada la referida Guía Autonómica como un inventario de conceptos susceptibles de cobertura por parte de los AES adaptable y homogeneizado para toda la Comunidad.

8. Mejorar, ampliar y especializar el Servicio de Protección a la Infancia mediante las siguientes actuaciones:

- Para el acceso a los puestos de Técnico/a, establecer una convocatoria específica con exigencia concreta de formación de postgrado en intervención en crisis u homologable y posterior formación continuada en el ámbito del sistema de protección.

- Valorar la existencia de un sistema de permanencia de Técnicos/as de urgencia las tardes y los fines de semanas.

- Potenciar la intervención psicosocial en todos los centros y recursos del Sistema de Protección de Castilla y León con supervisión estandarizada de seguimiento de los mismos así como la incorporación, efectiva, de programas de apoyo reales para menores extutelados.

- Formación permanente para las familias acogedoras con un presupuesto mínimo ajustado a las necesidades de las mismas en cada provincia.

9. Mantener con las entidades del tercer sector una colaboración coordinada y cooperativa estableciendo las siguientes medidas:

- Complementar el trabajo de las entidades del tercer sector con personal público que mantenga coordinados los servicios, especialmente los que ofrecen diversas entidades, como las intervenciones en violencia de género.

- Desarrollar un sistema de seguimiento y supervisión de recursos, personal y actuaciones de las entidades y empresas colaboradoras tanto por convenio, contrato o subvención a través de memorias anuales con parámetros establecidos por la Gerencia de Servicios Sociales cuantificables y evaluativos.

10. Incluir un Cuerpo de Técnicos de Integración Social en el Grupo C de la Administración Especial e incluir dentro del Grupo III de personal laboral las competencias funcionales de los Técnicos Superiores de Integración Social con el fin de que la figura de estos profesionales sea reconocida para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, su trabajo dentro del ámbito de los servicios sociales.

11. Unificar bajo la denominación específica de Educador o Educadora Social las convocatorias de plazas para estos profesionales donde queden delimitadas unívocamente sus funciones e incrementar su presencia en los equipos multidisciplinares de los CEAS, en los tres niveles de estructuras organizativas y todos los programas o servicios que requieran una intervención socioeducativa.

12. Diseñar, en colaboración con las entidades locales y Diputaciones, mecanismos que permitan conocer la prevalencia de utilización de determinadas prestaciones frente a otras desagregadas por territorios para poder reforzar recursos en función de demanda y optimizar y coordinar mejor los servicios.

13. Desarrollar un sistema evaluativo exhaustivo mediante Memorias de Impacto Social, que analicen la situación de partida de los programas, prestaciones, planes y demás y anualmente revisen su alcance, su impacto positivo y la necesidad de modificaciones o actualizaciones.

14. Analizar desde el inicio la perspectiva de género de la situación de partida de los servicios sociales para un posterior diseño de las prestaciones, planes y protocolos que disminuyan el impacto negativo para las mujeres atendiendo a parámetros como la situación socio-económica inicial, la situación fiscal y las situaciones de riesgo de exclusión.

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


M/000158-01

CVE="BOCCL-09-021342"



Sede de las Cortes de Castilla y León