PNL/001819-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de diciembre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001815 a PNL/001827.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Ana M.ª Agudíez Calvo, Jesús Guerrero Arroyo, Virginia Jiménez Campano y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. También señala la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, regula los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El plazo que se establecía para espacios, productos y servicios, ya se cumplió para aquellos que fueran de nueva creación.

El plazo aplicable a los existentes finaliza el 4 de diciembre de 2017. En esa fecha, deberían cumplirse las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de:

- Espacios públicos urbanizados y edificaciones.

- Medios de transporte.

- Oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales.

- Bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

Alcanzar la fecha del 4 de diciembre de 2017 con un aceptable grado de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación habría requerido trabajo y esfuerzo presupuestario. El Gobierno de España no ha planificado adecuadamente las actuaciones necesarias y tampoco ha realizado ningún esfuerzo económico. El resultado de todo ello es que ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni los medios de transporte, ni las oficinas públicas, ni los bienes y servicios a disposición del público, ofrecen las condiciones adecuadas a la Convención, a pesar de haberse alcanzado la fecha tope establecida para ello.

Por ello, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España, con el fin de que adopte las medidas necesarias para garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, a:

1. Elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, con el horizonte máximo de 1 año. El Gobierno presentará este calendario ante la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad.

2. Dotar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida destinada a financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de dicho calendario.

3. Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1 % se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas”.

Valladolid, 5 de diciembre de 2017.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,

Ana María Agudíez Calvo,

Jesús Guerrero Arroyo,

Virginia Jiménez Campano y

Celestino Rodríguez Rubio

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández